El PRD y el PRI se dicen agraviados; acreditan toda suerte de intereses malévolos para despedir a los consejeros

Los signos que han enviado el PRI y el PRD en su más reciente embestida contra el Instituto Federal Electoral, más que un mero pleito político de callejón muestra todos los ingredientes de una peligrosa intentona de regresión a los tiempos en donde gobierno y partidos disponían a placer de los procesos electorales. En pocas palabras, parece un intento por destruir, en los hechos, la ciudadanización de la máxima instancia electoral.

Un ejercicio elemental de memoria nos remonta a las elecciones de Estado, en donde el gobierno en el poder, y su partido, eran los responsables de preparar, conducir y calificar las elecciones. Frente a esa aberración de la entonces mal llamada "democracia electoral", se abrió paso la creación de una institución autónoma, ciudadanizada, cuyas tareas fundamentales serían esas, las de preparar y conducir las elecciones bajo criterios básicos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El IFE nació, de esa manera, como una institución soportada en dos principios fundamentales; la autonomía presupuestal y el blindaje institucional contra embates externos, lo que se conoce como la autonomía de gestión. Dicho de otro modo, las funciones del IFE, en tanto institución del Estado encargada de los procesos electorales, estaría protegida en su autonomía presupuestaria y de gestión por las propias reglas del Estado, más allá de las presiones, ocurrencias y humores del gobierno en turno y de los partidos políticos.

Pero igual que ocurrió luego de las elecciones de julio de 2000, al concluir las de julio de 2006 aparecieron los inconformes con el trabajo desempeñado por el IFE, y en los dos casos no faltaron quienes reclamaron la destitución del Consejo General o de sus integrantes. Hoy el PRD y el PRI se dicen agraviados por el IFE, a cuyos consejeros acreditan toda suerte de intereses malévolos y privilegios malsanos, para justificar su despido.

Y en efecto, al IFE en general, a sus consejeros, al colegiado Consejo General se les pueden acreditar muchas fallas, omisiones, equívocos y errores, pero en la mayoría de los casos, si no es que en todos, no hay una sola evidencia de que esas presuntas o reales irregularidades se hayan cometido como actos violatorios a la norma legal. En todo caso, esas fallas, omisiones, equívocos y errores, fueron producto de una legislación imperfecta, elaborada por los propios partidos políticos, y cuyas dirigencias nacionales se negaron sistemáticamente a corregir. Y un ejemplo de ello es que por odiosos y truculentos que pudieran ser los consejeros del IFE, no existe una sola evidencia de violaciones a la ley que pueda ser reclamada ante autoridad alguna.

Por eso, lo verdaderamente grave del asunto -más allá de que sean frívolos y despilfarradores sus consejeros, despilfarro que por cierto está dentro de la norma aprobada-, es que cuando el PRI y el PRD demandan la destitución de los consejeros, en el fondo están proponiendo demoler los pilares fundamentales de la democracia electoral, al IFE. Los derrotados en la contienda electoral de julio pasado intentan destruir el blindaje institucional de que fue dotado el propio IFE y sus consejeros, blindaje que fue creado precisamente para embates como el que vivimos. ¿Qué significa eso? Que PRI y PRD pretenden regresar a los viejos tiempos, asumir el papel de poder en turno -en este caso el poder de la partidocracia-, para despedir al árbitro del juego, y pretender poner a uno a modo de sus intereses y humores.

Pero el asunto tiene aristas que van más allá de la mera venganza política. El PRI y el PRD son los partidos que más gastaron en la pasada contienda electoral, y una de las mayores preocupaciones es que ese IFE y esos consejeros que hoy reclaman despedir, pueden sancionar a sus partidos con sumas equivalentes a las sanciones ya conocidos por todos en escándalos como Amigos de Fox o Pemexgate. Existen indicios de que PRI y PRD iniciaron la campaña contra el IFE y sus consejeros, como una medida política de "ablandamiento".

Hay más. Como todos saben, el IFE pretende una controversia constitucional por la decisión de la Cámara de Diputados de reducir el presupuesto anual del Instituto. El fondo del asunto no es de dinero, y tampoco de leyes, sino de un principio fundamental, el de respetar la autonomía presupuestaria del IFE. Resulta que el Congreso decidió un recorte al IFE, pero le ordenó que ese recorte no se hiciera a las prerrogativas que se deben destinar a los partidos políticos durante 2007. ¿Qué quiere decir eso? Que los diputados -es decir los partidos políticos-, pretenden demoler el otro de los pilares fundamentales del IFE, el del presupuesto. ¿Por qué?

Porque los partidos políticos, representados en el Congreso, deciden si el IFE tiene más o menos presupuesto. Pero en este caso reducen el presupuesto de operación del IFE, pero no el destinado a las prerrogativas de los partidos. ¿Quién tiene el control del dinero público a los partidos? Sí, los propios partidos. Y si los partidos quieren quitar y poner consejeros, y quieren controlar el presupuesto del IFE, ¿entonces dónde queda la autonomía del IFE? Pretenden, en el fondo, regresar al pasado. Y se dicen demócratas.

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