El gobierno de la República trata de recobrar el control general, el poder, sobre el conjunto del territorio mexicano, vulnerado o carcomido por la acción de poderosas empresas transnacionales. Usa como recurso a la mano, para dar los primeros pasos, a las Fuerzas Armadas y a una fortalecida policía federal. Se trata, al menos, de garantizar algún nivel de seguridad pública en regiones enteras del país donde por mucho tiempo los barones de la droga y el crimen organizado han dominado, disfrutando grosera impunidad.

Hay zonas enteras de la nación, por ejemplo en el Triángulo Dorado de la amapola, donde por años ni siquiera el Ejército se atrevía a entrar. Ahí donde el poder se localiza en manos de los capos de Sinaloa y Durango, las mayores fuerzas económicas y sociales en ciudades, poblados y sierras. Y, claro, en regiones fronterizas o costeras.

También se extradita a Estados Unidos a jefes visibles de las organizaciones criminales. Y en unas semanas se dará a conocer un plan integral, el cual de manera natural incluye una parte muy delicada, en términos de la inteligencia indispensable para actuar, como es la colaboración entre los tres órdenes o esferas de gobierno. Los barones de la droga han corrompido a autoridades de procuración y administración de justicia -incluyendo a las autoridades de los penales- al extremo de que se cumplen sus órdenes o se genera la violencia indiscriminada. La cual alcanza a leales servidores públicos o a aquellos que no cumplieron, o jugaron doble o triple juego. Si las autoridades superiores van en serio, tomarán en cuenta que se adentran en un campo minado hasta la saturación.

En relación con estas extradiciones se genera un falso escenario: los barones de la droga van a responder. No lo harán: primero porque es mal negocio y esos caballeros y damas tienen en la mente primero las ganancias. En segundo lugar porque México no es Colombia: allá en el sur los narcotraficantes se apoyaron en el fenómeno conocido como "la violencia", desatado desde el asesinato de Gaytán y pendiente de resolver hasta hoy.

El narcotráfico colombiano creció a un lado y hasta chocando de frente con el Estado. En México -desde que el Departamento de Estado de EU sembró amapola en Sinaloa durante la Segunda Guerra Mundial- las grandes empresas criminales han dependido de las políticas estatales. Cuando se escriba la biografía política, financiera y criminal de Félix Gallardo, de García Ábrego, Amado Carrillo, Joaquín Guzmán Loera o del hondureño Matta Ballesteros o aquel cubano tan amigo de Dolores Olmedo y El Negro Durazo, confirmaremos los nombres de sus relaciones políticas y se presentarán algunas sorpresas.

Los capos mexicanos, además, no van a querer la colisión total y su riesgo de escalamiento con el Ejército mexicano. Saben perfectamente que ahí son en verdad vulnerables. Además, la batalla de la opinión pública la tienen perdida de antemano: cruzaron la raya y se pasaron de listos. Ahora, lo menos, deberán aceptar retornar a "la normalidad" de antaño: son criminales con permiso relativo, no licencia absoluta, porque así convenía a muchos.

El gobierno de Felipe Calderón asume los riesgos de esta campaña porque sabe que la nueva "normalidad" -los capos dándoles órdenes a los hombres de poder y ejerciendo represalias cuando no son obedecidos- significa una herida y un insulto. Y en esto más le conviene a la sociedad y a los partidos políticos -los cuales sufren como instituciones el asalto de los barones- apoyar al gobierno y al Ejército. El narcomenudeo es apenas una muestra horrible de lo que sucede cuando los controles sobre el crimen organizado se aflojan o desaparecen.

Pero apoyar en forma consciente las medidas anunciadas y las que pronto se darán a conocer no significa excluir la indispensable crítica. Veamos un caso. Reproduzco una nota de varias en mi poder: "Luego de que un militar fue ejecutado y otro resultó herido la noche del miércoles, un cadáver fue abandonado en la vía pública a espaldas del cuartel militar Macario Zamora durante los primeros minutos de ayer. La víctima, quien hasta ayer no estaba identificada, tenía los ojos vendados, las manos esposadas y ensabanada de la parte superior del cuerpo; presentaba varios impactos de bala y le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda".

Esta nota del 12 de enero se refiere a la muerte del capitán Agustín Moisés Salazar Mejía y a las heridas de otro militar, probablemente un coronel, quien se identificó ante la policía municipal de Nuevo Laredo como "policía militar", antes de que grupos del Ejército llegaran por él y le trasladasen a un hospital en Monterrey. El comunicado de la policía, además de señalar el lugar de la agresión contra los oficiales (18:56 horas del miércoles 10 de enero, en la carretera Aeropuerto y calle Mier, y los datos del vehículo con placas de Veracruz), menciona "paquetes de billetes de 50 y 100 dólares desparramados en el interior"; parte de flujo interno 0024 de la Dirección de Seguridad Pública.

Busque en las páginas electrónicas de la Secretaría de la Defensa Nacional y en las de la PGR, y este serio incidente no es mencionado. Quizás falle, pero hasta ahora sabemos de él gracias a los servicios nacionales de noticias y por algunas notas locales. Ello a pesar de que para el mismo viernes 12 de enero contingentes militares, acompañados de policías federales, hacían notoria presencia en Nuevo Laredo y se cateaban residencias de lujo en Reynosa y en el municipio de Camargo, en la colonia El Sauce.

Claro: la captura, el 16 de enero, de Pedro Díaz Parada o Miguel Ángel Martínez Díaz, en el centro de la ciudad de Oaxaca, pudo opacar la importancia de la agresión contra un capitán y un probable coronel. Pero resulta inconcebible que desde alguna agencia del gobierno federal no se informara de estos hechos y su secuela. ¿Cuál es la razón de que ello no ocurriese? Falta, y mucha, transparencia en esta campaña.

mvalle131@aol.com