Dice Charles Louis de La Brede, barón de Montesquieu, algo extremadamente lúcido y alertador para las conciencias y que, sin embargo, se olvida: "Que cuando Sylla quiso devolver a Roma las libertades, Roma no las pudo recibir, porque había perdido sus virtudes y, en lugar de despertarse después de César, Tiberio, Cayus, Claudio o Nerón, Roma era más esclava e incapaz del discernimiento y, por tanto, se levantaba, sí, contra los tiranos, pero no contra la tiranía".

El paradigma que nos propone el admirable autor de El Espíritu de las Leyes es considerable y actual. En efecto, en el periodo último, el de Fox, se condenó a los gobiernos del pasado, pero no se asumió nunca la naturaleza profunda del sistema (la tiranía), y se reprochó a los hombres lo que debía haberse reprochado al sistema y, en consecuencia, se eludió que ante la ausencia de una verdadera cultura democrática (la Ilustración ha precedido siempre toda verdadera revolución, ya que, en caso contrario, existe el riesgo de la involución), la demagogia permite deslizarse hacia lo más simple: la condena a los presidentes, pero no a las estructuras socioeconómicas y culturales, monopólicas, de dominación y, por tanto, tácita y explícitamente existía la tentación inexorable a la reproducción de los mecanismos del sistema: un sistema que no había durado 70 años (los tópicos paralizan el análisis crítico y conforman el método, inequívoco, de dejar las cosas como estaban), sino que, a otro nivel, los famosos 70 años continuaban una dictadura personal que cambiaba, cada sexenio, la "personalidad presidencial", pero sin modificar el modelo: atención, pues.

Madero se quejó, en una ocasión, al hombre del poder personal, Porfirio Díaz (que apareció en la vida política con un plan famoso contra la "reelección" en acusación directa contra Juárez), diciéndole que, al menos, se pudieran elegir los gobernadores. Don Porfirio se limitó a decirle: "Tráigame una lista con 27 hombres honrados y hablaremos.". El tirano había generado, implacable, una vasta corrupción: la tiranía. La Revolución trasladaría a la vida popular, a su vez, la idea de que ningún general resistiría un cañonazo de 40 mil ó 50 mil pesos. Se ratifica, así, el diagnóstico de Montesquieu sobre Sylla: que la sociedad había perdido la capacidad (la "virtud" decían los clásicos griegos), para distinguir entre tiranos y tiranía. Hasta el extremo de que se acepta que los que poseen la violencia indispensable para derribar a un tirano, pueden reemplazarles, impasibles, en su puesto.

De ahí, por tanto, la necesidad de una cultura democrática, inseparable, repito, de la Ilustración (una revolución educativa de "ciudadanización" diríamos en nuestros días) y, por tanto, que vaya más allá de la tentación del anarquismo terrorista, idílico, que pensaba, con una ingenuidad ex ante de Montesquieu, que matando al rey o al presidente, se terminaba el problema: falso. Se reproducía y se acentuaba.

De ahí, pues, repito, la necesidad de una cultura democrática apta para discernir el significado de la legalidad (el estado de derecho es el Estado sometido a la ley) y la legitimidad. La ley, el derecho Positivo, está ahí, representa la norma esencial de la convivencia, pero la ley puede subrayar y apuntalar, a veces, a los más poderosos. De ahí la imperiosa necesidad de establecer, con claridad, que el Estado de derecho no sólo representa la ley, sino la legitimidad. Su máxima dimensión se expresa, sin duda, en el ejercicio de la "violencia legal". En efecto, el Estado de derecho (inseparable, en su raíz histórica, del Estado liberal) es el depositario de la violencia legal. Ha desposeído de ella a las fuerzas patrimoniales y feudales que tenían su propio fuero y lo ejercían.

Esa larga batalla histórica por trasladar la violencia legal (todo poder legal requiere de una cierta e indispensable capacidad de coerción para imponer y establecer las leyes) de la tiranía o la monarquía absoluta a la República (de res pública o cosa pública) y, por tanto, al pueblo y las instituciones es, sin duda, la más valiosa y aleccionadora batalla de la historia jurídico-política de la ciudadanización.

Se prueba por el hecho de que el estado de derecho (añado social para definir un espacio nuevo que supera la concepción del capitalismo liberal de Adam Smith, que asumía que los intereses de los individuos coinciden finalmente con los intereses generales), al establecer, frente a los poderes patrimoniales o feudales, la "violencia legal", asume una inmensa responsabilidad ética: la obligación de usar la violencia sólo legítimamente. Esa inmensa valoración ética requiere de la clase política y del pueblo (el demos democrático de Atenas) una precisión notable y lúcida, para definir en qué momento el empleo de la violencia legal del Estado se inscribe, inequívocamente, en la legitimidad de las decisiones. Decisiones que tienen que representar el interés general de acuerdo con el espíritu y la letra de una pedagogía de ciudadanización que represente la indisociable conexión dialéctica entre la violencia legal y la violencia legítima. Para un hombre de Estado es, en todos los órdenes, un tema mayor: que no se confunda lucha contra la tiranía con lucha, personalizada, contra el tirano.

Los grandes problemas del país requieren una pedagogía democrática de ciudadanización de las conciencias, proceso que todo aparato legal debe asumir. En caso contrario, se fabrican nuevos demagogos y tiranos de bolsillo que creen que el poder es la ley. El famoso diálogo entre Stalin y Lenin -diálogo al margen de la visión de la legitimidad- lo esclarece. Stalin decía: "Todo lo arreglan los cuadros". "No", le respondía Lenin: "Todo lo arregla el poder". Se equivocaron, descarnadamente, los dos.

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