Los senadores de la oposición rechazaron, con su voto contra el impuesto a refrescos, la imposición de un presupuesto neoliberal

Los 33 senadores del PRI, entre los que se encuentran ocho ex gobernadores y tres ex secretarios de Estado, resolvieron este jueves unánimemente votar en contra del impuesto a los refrescos. Convencieron, porque no lo estaban, a los senadores del PRD, de Convergencia y del Verde Ecologista para respaldarlos, aunque esto significara que su rechazo a ese gravamen sería también a sus correligionarios de partido en la Cámara de Diputados que días antes había aprobado ese impuesto que le representaría un ingreso de poco menos de 4 mil millones de pesos al año al gobierno federal. No es un contrasentido o una esquizofrenia navideña el que las bancadas de los partidos hayan dividido sus votos. En la de Diputados, la decisión coyuntural fue darle al presidente Felipe Calderón su primer presupuesto como una señal de disposición a trabajar con el Ejecutivo y saltar la turbulenta relación del ex presidente Vicente Fox con el Legislativo. Pero en la de Senadores, presionado el PRI por el sector obrero en vísperas del establecimiento de los nuevos salarios mínimos, las condiciones cambiaron radicalmente. Ya no se trató de un mensaje claro de colaboración al Presidente, sino de dejar sentado que no por ello estaban dispuestos a plegarse al modelo neoliberal, cuya huella estaba por todo el presupuesto.

El rechazo al impuesto refresquero tiene varias lecturas. ¿Por qué apoyar la oposición a conglomerados de la industria o a monopolios del refresco como la regiomontana FEMSA? ¿Por qué respaldar a un sector consumidor voraz de agua que como grupo de presión llevó a Fox a modificar el uso y destino de varias cuencas acuíferas durante la primera parte de su sexenio? Más aún, ¿por qué el PRD y Convergencia apoyarían a empresas a las que acusaron de financiar parte de los spots negativos contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial? En el campo de salud, las imputaciones pueden ser más tangibles y aparentemente regresivas. Una lata de refresco tiene aproximadamente 35 gramos de azúcar -que es una ración tolerable para la Organización Mundial de Salud en una dieta de 2 mil calorías de un adulto-, que si se toma diariamente incrementa el riesgo de obesidad en 60%. Los niños mexicanos en zonas rurales, de acuerdo con algunas investigaciones académicas, llegan a consumir hasta 50 gramos de azúcar por día en refrescos, que es un latigazo terrible para su metabolismo, y lleva a un sobrepeso y una mala alimentación.

Hoy en día hay 4 millones de niños obesos en México, que significa 26% de la población total del segmento y un brinco de 8% en relación con los que había en 1999. Si todos los indicadores políticos y de salud son tan perniciosos con relación a los refrescos, ¿por qué los senadores de la oposición votaron en apoyo a la industria refresquera?

La respuesta que se está dando a su posición, reflejada este jueves en algunos medios impresos, es la suposición que recibieron dinero de la industria para que rechazaran el impuesto. La propuesta del gobierno federal era imponer una tasa adicional de 5%, lo que representaría cerca de 3 mil 600 millones de pesos al año, que fue rechazada completamente. Para efectos de finanzas públicas, dijo el líder priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, "la cantidad es casi inexistente". En un acercamiento más práctico, el senador perredista Pablo Gómez aseguró que el rechazo fue para no avalar impuestos que tuvieran que ser pagados por el pueblo. El argumento de ambos es contundente. Beltrones sostenía que dentro del paquete presupuestal que les entregó Hacienda no se incorporaban, por ejemplo, medidas que mostraran los esfuerzos del gobierno, como un plan para reducir sus costos de operación -que de hecho se incrementará-, o un mecanismo más eficaz de recaudación de impuestos, donde hasta la fecha son evasores más de 50% de los contribuyentes. Si no daba pasos para adelante el gobierno federal, seguía la lógica que finalmente fue adoptada por el PRD, Convergencia y los verdes, se atentaba contra la economía popular al hacer de la medida un lance unilateral. "Los refresqueros no iban a perder con el impuesto", dijo uno de los asesores de Beltrones. "Lo que iban a hacer era trasladar el impuesto al consumidor".

El impuesto de 5% a los refrescos no iba a ir de manera automática a los consumidores en esa proporción. Según les informó la industria, con base en sus propias estimaciones, ese incremento en el refresco, más el impacto que calculaban por la inflación, iba a generar un incremento real en el precio de cada refresco de 8%. Los senadores del sector obrero dentro del PRI fueron los primeros en saltar, pues sus líderes les habían anticipado la tendencia que tomaría el incremento en los salarios mínimos. Casi en paralelo al rechazo al impuesto refresquero, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento general de 3.9%.

Es decir, el impuesto al refresco hubiera borrado por completo el incremento en los salarios mínimos. El incremento a los salarios mínimos fue de 1.89 pesos por día, lo que es absolutamente irrelevante para 5.4 millones de mexicanos que viven con menos de un salario mínimo, y para más de 16 millones que sobreviven, junto con sus familias, con 100 pesos diarios.

Los refrescos, ciertamente, son un complemento alimenticio para millones de mexicanos, por más dañinos que estos sean para la salud en el largo plazo, y dan una amplia cobertura nacional.

Según Marketing-up, una firma que se especializa en mercadotecnia, hay 230 plantas embotelladoras en México con casi un millón de puntos de venta, que se concentran en 75% en tiendas de abarrotes, misceláneas y hogares, lo que muestra el perfil socioeconómico de la mayoría de los consumidores. Las ventas totales de refrescos hacen de México el segundo mercado más importante del mundo, sólo atrás de Estados Unidos que tiene tres veces más habitantes. Más específicamente, el mercado mexicano es tan importante que una empresa como Coca-Cola registró un consumo per cápita en 2002 de 487 refrescos al año, contra 436 en Estados Unidos, lo que hace a México, en términos porcentuales, su principal mercado en el mundo. "Si se aprobaba el impuesto", confió el asesor de Beltrones, "la industria no iba a perder; la gente era la que iba a perder".

Los senadores de la oposición apostaron a la economía popular y no trasladaron el costo a los consumidores. No se puede considerar que lo que sucedió el jueves en el Senado sea una primera confrontación con el presidente Calderón, pero sí una señal del rumbo que seguirán los legisladores con el gobierno. Colaboración sí, pero tienen que cambiar el modelo económico. Menos políticas neoliberales que penetren sibilinamente en la opinión pública y, sobre todo, menos discurso social y más acciones sociales. Por esa ruta, anticiparon, sí caminarán. El camino que les trazó el primer presupuesto calderonista, manifestaron, es un callejón sin salida.

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