La protesta social contra los abusos del gobierno de Oaxaca se ha convertido en una rebelión contra el Estado mexicano

Probablemente nunca lo aceptarán de manera clara, abierta. Pero lo cierto es que desde distintos frentes, desde grupos políticos, tribus, gobiernos y sectores clientelares del autodenominado Frente Amplio Progresista -que aglutina al PRD, Convergencia y PT-, se alimenta de simpatizantes, de profesionales de la revuelta y del dinero público, no a un movimiento social legítimo sino a la revuelta que encabeza la APPO, ya no contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, sino contra el naciente gobierno de Felipe Calderón.

Lo que está ocurriendo en Oaxaca ya superó los pronósticos más descabellados -no se diga al problema de origen, que era la nivelación salarial del magisterio y hasta la caída del gobernador Ulises Ruiz-, sino que se ha transformado en una venganza política irresponsable, de proporciones delirantes y que amenaza ya no la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, sino la estabilidad del nuevo gobierno.

La protesta social contra los abusos del gobierno de Oaxaca ya no lo es, porque ahora se ha convertido en una rebelión contra el Estado mexicano. La demanda de nivelación salarial de los maestros -ya cumplida- dejó de ser un reclamo legítimo y se ha convertido en una guerra contra la fuerza pública federal; la PFP, y el Ejército -a dos de cuyos efectivos secuestraron e interrogaron los alzados-, y ahora el objetivo de esa revuelta tampoco es la renuncia de Ulises Ruiz, sino la de Calderón.

Pero el de Oaxaca tampoco es un movimiento social gestado para lograr la reivindicación de las graves carencias de los oaxaqueños. No, detrás de la revuelta y de la APPO están las manos de grupos vinculados con la guerrilla, los sectores más duros del PRD, PT y Convergencia; están metidas las manos del gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de grupos clientelares como los Panchos Villa, los Pantera, los sectores porriles que controla el PRD en distintas universidades, las células radicales de Atenco, y hasta diputados federales y senadores de los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista. Oaxaca se ha convertido en un peligroso amasijo de intereses políticos que amenazan la seguridad nacional. Se ha convertido en una perversión democrática.

Un informe de inteligencia del gobierno federal indica que entre los detenidos en la revuelta de Oaxaca se ha identificado a militantes de grupos clientelares del PRD, como los Panchos Villa y Pantera; a activistas de Atenco y del CGH; a porros universitarios y a jóvenes que se identifican con los grupos de ambulantes de la ciudad de México.

Al mismo tiempo se ha detectado que gobiernos municipales y estatales del PRD, Convergencia y PT, presuntamente distraen recursos públicos para "financiar el movimiento". Dirigentes de esos tres partidos, legisladores federales y asambleístas del Distrito Federal se mantienen en permanente contacto con la APPO en el diseño estratégico de las acciones a seguir.

Una fuente oficial reveló que el aparente desdén de la APPO a López Obrador -en la marcha que realizó un contingente de appistas el pasado miércoles, luego de que AMLO apoyó la caída de Ulises Ruiz- en realidad no fue un deslinde público de la APPO hacia López Obrador, sino que se trató de un "movimiento estratégico" para no hacer evidente lo que todos saben: que los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista han convertido el conflicto de Oaxaca en el instrumento de venganza y desestabilización hacia el nuevo gobierno.

De manera pública, el gobierno del Distrito Federal "cobijó" a los appistas que se manifestaron por más de dos semanas en la capital del país, mientras que grupos clientelares del PRD, sobre todo los vinculados con el otrora poderoso grupo político de René Bejarano, de Martí Batres y de otros ex líderes estudiantiles, "engordaron" los contingentes con lo más beligerante de sus grupos. Al mismo tiempo, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa decidió canalizar dinero de sus salarios a la APPO. Nadie sabe bien a bien el origen de los recursos económicos que sirven para que la APPO pueda mantener un movimiento rebelde que, por donde se le quiera ver, no vive del escaso dinero que pudieran aportar los de por sí pobrísimos oaxaqueños.

Pero lo más preocupante del asunto es que a poco más de tres meses de la elección del 2 de julio, y a más de cinco meses de iniciado el conflicto de Oaxaca, casi la totalidad de los aliados políticos, económicos y mediáticos del ex candidato López Obrador, hoy son aliados y defensores de la revuelta oaxaqueña. El PRD, Convergencia, el PT; sus respectivos centros de poder político y económico, se han volcado en apoyo y defensa de los appistas, de su movimiento y de sus reclamos, en una venganza perversa.

La revuelta oaxaqueña ya es el instrumento de esos grupos políticos, que viven dentro de la institucionalidad y del presupuesto, y que desde esa posición se han propuesto derribar la institucionalidad, en una grosera perversión democrática. ¿Son los políticos que merecemos? Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx