En el proceso de selección de los nuevos magistrados del TEPJF, los ministros de la Corte se han conducido más por el amiguismo que por las capacidades

Hace justamente tres años, en octubre de 2003, la Cámara de Diputados aprobó la integración del nuevo Consejo General del IFE -que se encargaría de preparar y concluir la elección presidencial del 2 de julio de 2006-, en medio de un escándalo político que hermanaba al PRI y al PAN en la designación de los nuevos consejeros, en tanto que el PRD fue excluido de la designación, fuera por una deficiente operación política, fuera por un mero berrinche de su jefe parlamentario o, incluso, por un mal cálculo político.

Hasta hoy nadie ha sabido aclarar, a suficiencia de los ciudadanos, las razones por las que un órgano electoral ciudadanizado -como el IFE y su Consejo General-, y la representación popular del Congreso mexicano -como la Cámara de Diputados-, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo político de consenso en donde los partidos políticos avalaran a plenitud a los elegidos para conducir las elecciones federales de 2006. Desde entonces, para un importante sector social, el IFE permaneció bajo sospecha; asomo que a la postre terminó por dañar severamente la credibilidad y la confianza en procesos electorales como el del pasado 2 de julio.

El ejercicio memorioso viene a cuento porque si en ese octubre de 2003 los partidos políticos y sus respectivos líderes parlamentarios fueron los verdaderos responsables del golpe de credibilidad que sufrió una de las instituciones fundamentales de la democracia electoral mexicana, como el IFE, en octubre de 2006 los ministros de la Corte y los líderes de PRI, PAN y PRD, en el Senado, pueden terminar por desacreditar por completo al árbitro electoral: al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos nuevos magistrados deberán ser elegidos antes del 4 de noviembre próximo. ¿Por qué esa responsabilidad?

Porque en el proceso de selección de los nuevos magistrados, tanto los ministros de la Suprema Corte -que son responsables de proponer al Senado las ternas de candidatos a magistrados-, como los senadores de todos los partidos -que en sesión plenaria deberán elegirlos de entre las ternas propuestas por la Corte-, se han conducido más por el territorio de la opacidad sospechosa y el grosero privilegio del amiguismo y la pertenencia de grupo, que por el privilegio de las capacidades y la experiencia en la materia electoral.

Y es que luego de un proceso que puede ser calificado como legal, pero que resulta sospechoso para amplios sectores vinculados con todas las ramas del Poder Judicial -porque en la Corte nadie fue capaz de aclarar los criterios que sirvieron de base para "palomear" a unos y para "tachar" a otros-, los 18 precandidatos a magistrados electorales federales propuestos al Senado, en un total de seis ternas, surgieron precisamente a partir de concepciones arbitrarias, harto cuestionables como el reparto de cuotas, el amiguismo, el pago de facturas y hasta el parentesco. Así, sólo tres proceden de la academia: Manuel González Oropeza, Cuauhtémoc Reséndiz Núñez y Salvador Olimpo Nava, a pesar de que el primero de ellos ya incursionó en la materia electoral, vinculado al PRD, en el Distrito Federal.

De los restantes 15 propuestos, dos aparecen como cuotas políticas o de grupo. Se trata de María del Carmen Alanís, la cuestionada ex secretaria ejecutiva del IFE, quien dejó tirado el cargo por un berrinche cuando no fue promovida y, además de que su currículum carece de la solidez de otros, al parecer cuenta con el mérito de pertenecer al grupo político de la esposa del futuro presidente, Margarita Zavala. Otro caso paradójico es el de José Javier Aguilar Domínguez, quien ocupa el cargo de secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte. Se trata de la cuota de la Corte en el Tribunal. Aguilar Domínguez recibió el aval de casi todos los ministros de la Corte; 10 votos de un total de 11.

Queda claro que el TEPJF metió a las seis ternas al mayor número de prospectos, ocho en total, repartidos en cada una de las seis ternas, distribución que incrementa las posibilidades de que el propio Tribunal meta a su gente. Aparecen Pedro Esteban Penagos López, en la terna 1; Juan Carlos Silva Adaya y Flavio Galván Rivera, en la terna 3; Jacinto Silva Rodríguez , en la terna 3; Silvia Gabriela Ortiz Rascón, en la terna 4; María Macarita Elizondo Gasperín y Antonio José Luis Rebolledo Fernández, en la terna 5 y Carlos Axel Morales Paulín, en la terna 6. Una de las mayores críticas al elevado número de precandidatos provenientes de la gestión que termina -más allá de que resulta saludable la experiencia-, es precisamente el descrédito con el que concluye el Tribunal. Es decir, que una buena parte de los futuros magistrados le deberán el puesto a los que salieron.

Y por último, el Poder Judicial logró meter 4 precandidatos; Constancio Carrasco Daza, en la terna 1; Germán Tena Campero, en la terna 2; Héctor Arturo Mercado López, en la terna 3, y Elvia Rosa Díaz de León D´Hers, en la terna 4. En pocas palabras, el nuevo TEPJF lo integrarán sólo los de casa. La sospecha, pues.

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