Es una cultura que han puesto en práctica grupos radicales como el magisterio de la sección 22 de Oaxaca y la APPO

Por los graves efectos psicológicos y sociales que ocasiona a la víctima y a sus familiares cercanos -y que provoca secuelas de por vida-, el del secuestro es considerado como uno de los delitos de mayor crueldad. Bajo el amparo del anonimato, mediante el uso de la fuerza y el terror, el secuestrador somete a su víctima, pide a los familiares un rescate económico a cambio de la vida del secuestrado, y hasta se da el lujo de presionar mediante macabras advertencias: "Si no me dan mi dinero, me obligarán a matar a su familiar".

Es decir, de manera ilegal, un puñado de delincuentes privan de la libertad a una persona, con lo que crean zozobra y terror entre los familiares, para luego dejar la responsabilidad de la vida del secuestrado y la carga de la culpa en los familiares, quienes deberán aceptar el chantaje, la impunidad de los delincuentes y negociar la entrega del dinero reclamado, si es que quieren salvar la vida del secuestrado. La cultura del secuestro, cuya práctica es un grave problema de seguridad pública en todo el país.

Pero la cultura del secuestro tiene una variable acaso más cuestionable, porque se expresa ya no en el reducido entorno de una familia, sino en grupos sociales completos que recurren al secuestro de las libertades básicas de una comunidad entera, que a cambio del restablecimiento de su tranquilidad, reclaman la desaparición de los poderes y el pago de un tributo político, como la cabeza de un gobernante, y que se dan el lujo de una deformación monstruosa de la política y el reclamo social; el de negociar con el gobierno federal demandas e impunidad. A la cultura del secuestrador, llevada al terreno político, se le puede llamar la "política del secuestro".

Y esa "política del secuestro" apareció antes, durante y después del proceso electoral del pasado 2 de julio. Pero sobre todo es una cultura que de manera efectiva han puesto en práctica grupos radicales como el magisterio de la sección 22 de Oaxaca y la APPO, que amparados en el postulado constitucional de libre manifestación, han secuestrado, literalmente, la educación, el libre tránsito y la libre expresión de miles de oaxaqueños, al grado de crear una crisis mayúscula para luego reclamar la cabeza del gobernador Ulises Ruiz.

Se puede suponer, como lo enarbolan desde hace 150 días los líderes del magisterio oaxaqueño y la APPO, que el de Ulises Ruiz es el peor gobierno que haya tenido esa entidad, que el suyo es un gobierno represor, criminal, que mal gobierna, que debe renunciar, y que debe ser investigado por los manejos presupuestales poco claros, junto con ex gobernadores como José Murat. Se debe aceptar que ya es intolerable la crisis social y educativa, y que no se puede postergar más tiempo la atención a los oaxaqueños pobres. Todas esas premisas son reales y aceptables. Y por supuesto que es obligado cuestionar la incapacidad y la insensibilidad social de la clase política de Oaxaca y de todo el país. Cierto.

¿Pero todo eso justifica el secuestro de Oaxaca? Justifica el cierre de escuelas por 151 días consecutivos, la toma y destrucción de inmuebles públicos, el asalto y robo a televisoras y radiodifusoras, la instalación de barricadas que crean territorios de excepción, el uso de bombas Molotov para amedrentar a los adversarios, la justicia por propia mano y la creación de su propia policía, el secuestro de libertades básicas y la creación de comités de salud pública, la persecución de los que piensan distinto, el fomento a la ingobernabilidad y el bloqueo del ejercicio de gobierno. ¿Qué el magisterio y la APPO no están actuando en la ilegalidad, contra los derechos, la vida y las propiedades de miles de oaxaqueños? ¿Qué no incurren, con su proceder ilegal, en lo mismo que denuncian? ¿Quién ha resultado peor para la sociedad oaxaqueña, el gobernador Ulises Ruiz o los rebeldes del magisterio y de la APPO que piden su cabeza?

La cultura del secuestrador se aplica como calzador a Oaxaca, pero en su modalidad de "política del secuestro". El papel de los secuestradores corresponde a los líderes magisteriales y de la APPO. El secuestrado es la sociedad oaxaqueña: la educación, las instituciones, la seguridad, la propiedad privada, las libertades básicas y el ejercicio de gobierno. El precio del rescate es la cabeza del gobernador Ulises Ruiz. La familia del secuestrado, a la que piden el precio del secuestro, son las instituciones del Estado mexicano: gobiernos local y federal, Congreso, partidos políticos e instituciones de seguridad pública.

El secuestro creó un clima de ingobernabilidad, que ha ido en aumento ante la negativa del pago del rescate. Los secuestradores han mandado dedos, orejas, hasta manos, para presionar. Los negociadores del rescate no llegan a un acuerdo. Frente a ello, los secuestradores amenazan con paralizar el estado, para dar nuevas muestras de que el secuestro es efectivo. Y por si fuera poco, al tiempo que negocian el rescate, la cabeza del gobernador, también ponen en la mesa de negociaciones la impunidad sobre la crisis creada por el secuestro. La política del secuestro en los tiempos de la democracia mexicana.

aleman2@parodigy.net.mx