Dinero, privilegios y poder, esos oscuros objetos del deseo

En el Tribunal Electoral no pasan las propuestas partidistas

C entrada la atención mediática en la crisis política y social que se vive en Oaxaca, pocos han dirigido su atención a la guerra que se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la renovación de uno de los órganos de privilegio del Poder Judicial: el controvertido Tribunal Electoral (TEPJF), instancia que casi pasó de noche para los ciudadanos en la más reciente década, pero que en las elecciones presidenciales del pasado 2 de julio se convirtió en un actor fundamental de la democracia mexicana.

Pero el recambio de ocho de los nueve magistrados del TEPJF no es la única batalla que se libra en la Corte. También en las próximas semanas el presidente Fox deberá proponer al Senado de la República una terna para cubrir la vacante de ministro de la SCJN -decisión de la que, por cierto, no está ajeno el pleno de la Corte-, para lo cual ya se mueven los pretensos, se realizan las gestiones del caso, los infaltables cabildeos y se ponderan las candidaturas potenciales. Asistimos, nos guste o no, a los tiempos del Poder Judicial, una vez renovados los poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Simulación?

En el primer caso, el de la renovación del TEPJF, una duda ronda los ámbitos judiciales. ¿Asistimos o no a una simulación? Y es que fundada o no, la duda apareció desde que el pleno de la Suprema Corte emitió la convocatoria para la renovación de ocho de los nueve magistrados del TEPJF, cuyos requisitos parecían exagerados -ya no para cumplirlos, sino para recabarlos-, en un plazo no mayor a cuatro días. La propia convocatoria significó un primer obstáculo para aquellos con posibilidades de ocupar un cargo en el Tribunal Electoral, pero que no mantenían una estrecha relación con el Poder Judicial. Aun así, acudieron a ese llamado alrededor de 140 candidatos.

Luego de una primera selección, donde los criterios aplicados por la SCJN dejaron muchas dudas, se integró un listado de 32 aspirantes a magistrados del TEPJF, de los cuales -sea o no casualidad-, 13 provienen del Poder Judicial, sólo cuatro tienen en la academia su institución de origen -UNAM, Universidad Anáhuac, Instituto Nacional de Controversias y Universidad La Salle-, sólo 11 del total de semifinalistas cuentan con experiencia electoral, y uno proviene de la PGR. Llamó la atención de los especialistas que de la última lista de 32 aspirantes, quedaron fuera todos aquellos vinculados con partidos políticos -PRI, PAN y PRD-, a pesar de que muchos de ellos eran experimentados especialistas en la materia electoral.

En opinión de conocedores del tema, en realidad se estableció una tendencia en la que prevaleció el amiguismo o el vínculo con grupos de poder, dependientes del Poder Judicial. Es decir, que el pleno de la SCJN parece haber decidido -para bien o para mal-, proponer al Senado de la República, como aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, a profesionales del derecho sin compromisos o vínculos con partidos políticos, y más bien afines al Poder Judicial. Y es que si en el IFE los consejeros se integran de propuestas de consenso entre los partidos, representados en la Cámara de Diputados, en la integración del Tribunal Electoral la Corte parece tener el control y sus ministros no parecieran dispuestos a perderlo. Después de todo, se dice, el Tribunal Electoral es un órgano dependiente del Poder Judicial.

¿Discrecionalidad?

Una vez depurada la lista de candidatos, que se cerró en 32 aspirantes, el paso siguiente es la presentación al Senado de la República de ocho ternas que serán elaboradas por la SCJN, y de las cuales los senadores podrán seleccionar a por lo menos uno de cada terna -en total se deberán seleccionar ocho prospectos a magistrados del Tribunal Electoral-, pero también tendrán la posibilidad de rechazar una terna completa, en cuyo caso la Suprema Corte presentará una alterna, salida de los candidatos no tomados en cuenta del total de 32. Es decir, la Suprema Corte tiene la facultad de hacer la selección previa, de integrar las ternas, y de sustituirlas si una o más de ellas es rechazada. Pero en todo caso, la selección previa, el criterio para esa selección, para la formación de las ternas, es facultad exclusiva de la Suprema Corte. El Senado sólo dice "sí" o "no" a lo que se le presenta.

¿Cuáles son los criterios para esa selección? En teoría los aspirantes presentan una tesis que es evaluada por los ministros de la Corte, pero en el fondo se trata de una decisión discrecional, en donde lo mismo puede prevalecer la capacidad, honestidad, independencia y probidad de los seleccionados, pero también el amiguismo y hasta los intereses institucionales; de cuotas o de grupo. Una pista la puede dar el número de votos que obtuvieron, en la primera y segunda rondade selección, algunos de los 32 seleccionados para la última lista de aspirantes a magistrados del TEPJF.

Con 11 votos del pleno de la SCJN sobresalen Manuel González Oropeza y Constancio Carrasco Daza. En los dos casos se trata de reconocidos especialistas del derecho. El primero es uno de los más prestigiados constructores del derecho electoral mexicano, catedrático de la UNAM y autor de consulta obligada en la materia. Hace algunos años se le vinculó al PRD, pero se alejó de ese partido para refugiarse en la academia. El segundo es un joven abogado -no por eso menos reconocido por sus capacidades profesionales- que proviene del Consejo de la Judicatura Federal y al que se le vincula con grupos políticos por su parentesco con el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco.

A su vez, y con 10 votos del pleno de la SCJN aparece, por ejemplo, María del Carmen Alanís, ex secretaria ejecutiva del IFE. En este caso, más que los antecedentes de la aspirante -que de haber sido tomados en cuenta seguramente la habrían dejado fuera-, pareciera que su selección obedece a razones políticas o de pertenencia grupal. ¿Por qué? Porque la señora Alanís se ha visto envuelta en escándalos de presunta deslealtad en el IFE y como supuesta parte interesada en la creación y registro de un partido político; en el joven Alternativa Socialdemócrata y Campesina. ¿Cuáles fueron los méritos que la llevaron a ser parte de los 32 semifinalistas para ser considerada como potencial magistrada del TEPJF? ¿Por qué 10 de los 11 ministros de la SCJN le dieron su voto en la primera ronda? ¿No es eso discrecionalidad?

¿Experiencia?

Entre los prospectos con experiencia directa en la materia se encuentran Flavio Galván Rivera, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del TEPJF. En este caso se trata de una suerte de promoción. Casos similares serían, igualmente, los de Pedro Penagos López, magistrado de la Sala Regional del DF, del TEPJF; María Elizondo Gasperín, magistrada de la Sala Regional de Toluca del TEPJF; José Covarrubias Dueñas, magistrado de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF; Carlos Morales Paulín, también de la Sala Regional de Toluca del TEPJF; Juan Carlos Silva Adaya, asesor del TEPJF; Jacinto Silva Rodríguez, magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF; Gabriela Ortiz Razcón Silva, asesora del TEPJF, y Adriana Favela Herrera, magistrada de la Sala Regional de Toluca.

En todos los casos se trata de profesionales que no sólo conocen de la materia electoral, su práctica en torno al trabajo del propio Tribunal Electoral, sino que vienen de un órgano regional del propio TEPJF, con lo que se confirma que, por lo menos en estos casos, se privilegió la experiencia y la relación de los propuestos con la propia institución. ¿Pero por qué ellos, si entre los aspirantes había muchos otros de las propias salas regionales del Tribunal Electoral? En cada caso se ponderó su experiencia, pero también sus relaciones políticas y personales.

Una exclusión llamó la atención. ¿Por qué entre los 32 seleccionados como semifinalistas sólo apareció un magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal? Sí, entre los 32 semifinalistas sólo apareció Estuardo Bermúdez Molina, un controvertido magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con una larga experiencia en la materia -fue el primer fiscal para delitos electorales-, y que sin embargo ha sido blanco de ataques de grupos políticos vinculados al PRD. Resulta que Estuardo Bermúdez fue uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal que votó contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a jefe de Gobierno.

Una tesis preparada en su momento sobre el caso -y compartida por otros magistrados del TEDF-, sirvió de base para que en un primer momento el TEDF estuviera a punto de negar el registro del precandidato López Obrador, ya que no cumplía los requisitos de ley para ser legalmente candidato a jefe de Gobierno. En aquel tiempo -finales de 1999 y principios de 2000-, el Tribunal Electoral del DF recibió fuertes presiones, y al final de cuentas, por la mínima diferencia de un voto, el TEDF le otorgó el registro a López Obrador. La tesis de Estuardo Bermúdez fue conocida y desde entonces se le intenta vincular con el PAN, con Diego Fernández de Cevallos y como enemigo de López Obrador. Su pecado, no ceder a presiones. Hoy aparece como uno de los aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En las próximas semanas la Suprema Corte presentará al Senado de la República las ternas respectivas, para que sean votados, por todos los partidos, quienes serán magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, un cargo que durará 10 años, con un salario de privilegio, pero con una responsabilidad fundamental para la democracia electoral mexicana.

Vacante en la Corte

Y no menos importante es la vacante que también en las próximas semanas deberá ser ocupada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Vicente Fox deberá proponer al Senado la terna para ocupar la vacante de ministro. A la par del cabildeo que entre los círculos judiciales y académicos del derecho se realiza en torno a la integración del nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realiza otro cabildeo, de menor intensidad, pero también en todos los niveles. Y es que son muchos los que aspiran a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo al arranque del nuevo gobierno.

Entre los que han dejado ver un mayor activismo para alcanzar esa posición se encuentra José Luis Soberanes, el presidente de la CNDH, quien sin embargo no es bien visto por la casa presidencial, a pesar de que logró quedarse en el cargo por segunda ocasión. Pero más allá de activismos, de presiones y cabildeos, lo interesante del asunto es que la vacante en la Suprema Corte queda en la esfera del nuevo gobierno, el de Felipe Calderón, quien en su periplo de campaña, en sus primeras actividades como presidente electo y en sus recientes giras internacionales, ha enviado señales de que el asunto del combate al narcotráfico será una de sus prioridades. ¿Y qué relación existe entre una cosa y otra, entre la vacante en la Suprema Corte y el combate al crimen organizado?

Pues casi nada, que el nuevo gobierno parece dispuesto a crear un cuerpo de jueces especializados exclusivamente en casos de delincuencia organizada, no sólo para lograr la especialización en el tema, sino para brindar la protección indispensable a los juzgadores de esos delitos. En pocas palabras, en el primer círculo del presidente electo se piensa en la necesidad de iniciar el debate en torno a la creación de la figura de jueces sin rostro, propuesta que ya se ha planteado, pero que no ha recibido el apoyo necesario. Pero en los años recientes se han incrementado los casos de jueces asesinados presuntamente por cárteles de la droga y son muchos los casos de jueces que prácticamente se niegan a conocer esos casos, por temor a las represalias del crimen organizado.

Por eso se analiza la posibilidad de que la vacante en la Suprema Corte sea ocupada por un conocedor del tema, capaz de preparar una iniciativa sobre la materia y de proponer su puesta en marcha. Entre los que han sido mencionados para esa tarea, a partir del cargo de ministro de la Corte, aparece José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la UEDO, y subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. A Santiago Vasconcelos también se le menciona como un posible aspirante a procurador general de la República. En todo caso, y a pesar de los tropiezos, su larga experiencia en el combate al crimen organizado le puede garantizar un lugar en un gobierno que tendrá en la lucha contra el narcotráfico una de sus principales tareas. Al tiempo.

En el camino

Y a propósito de la crisis que se vive en Oaxaca, el señor Ulises Ruiz insiste en que no se va. No entiende que ya no gobierna y que tampoco es defendido por el PRI, por sus pares gobernadores y menos por el PAN. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx