La idea es que en los primeros tres años el gabinete se dedique sólo a la construcción de las grandes reformas

E ntre los cercanos al presidente electo crece la especie de que el de Felipe Calderón no será un gobierno de seis años, de un sexenio clásico, sino que en la práctica habrá dos gobiernos, de tres años cada uno. Y no, no se trata de un juego de palabras o de una obviedad. Ocurre que se explora la posibilidad de que el contrato a los miembros del gabinete del nuevo gobierno se haga por tres años y a partir de objetivos a alcanzar en ese tiempo.

Y en efecto, para muchos pudiera resultar un despropósito, si no es que una propuesta descabellada. Pero a la luz de las experiencias de gobiernos priístas, de las lecciones del gobierno de Fox, y de la nueva realidad mexicana, el asunto cambia de manera radical. Vale recordar que hace seis años, Vicente Fox contrató a los integrantes de su gabinete bajo la premisa de que serían empleados "por seis años". El mensaje que se pretendió enviar fue el de una dualidad de fortaleza y lealtad. Es decir, que según Fox, había elegido a lo mejor para su gabinete y que se trataba de hombres cuya lealtad no estaba a discusión. Al final del sexenio, 90% de "los hombres del Presidente" ya lo habían abandonado, mientras que la nave naufragaba a la deriva.

Pero no fueron muy distintas las administraciones del PRI, sobre todo desde López Portillo. En todos los casos, entre 70% y 80% de los integrantes del gabinete de esos gobiernos salieron en los primeros cuatro años, y sobre todo el relevo del que luego sería el sucesor se produjo en la segunda mitad de una buena parte de esos gobiernos. En el caso de Fox, el relevo seleccionado desde la casa presidencial -Santiago Creel- permaneció en el cargo desde el principio, pero resultó ser un "cartucho quemado".

La lógica de la propuesta de un gobierno de dos trienios -que analiza el primer círculo de Calderón- parte de una premisa que se apoya en una suerte de trípode que incluye como condiciones fundamentales: eficacia y objetivos cumplidos; un gobierno compartido y de cuotas de campaña; y una cambiante realidad política y la preparación de la sucesión para el 2012. ¿Qué quiere decir eso? Que se intentaría aislar al gabinete del primer trienio de la tentación sucesoria, para comprometer a los secretarios de Estado con objetivos bien definidos y resueltos a tres años, tiempo en el que, además, estará vigente la actual legislatura en la Cámara de Diputados.

La idea es que en el primer trienio -y a partir de las potenciales alianzas que favorecerían la aprobación de reformas constitucionales- el gabinete se dedique exclusivamente a la construcción de las grandes reformas que se propone el gobierno de Calderón, sin más lealtad que el cumplimiento de esos objetivos. Así se cancelarán las aspiraciones sucesorias de "los hombres del presidente" y se estimulará la eficacia de la administración; condiciones básicas para alcanzar legitimidad y gobernabilidad. Hay quien dice que al romper el puente que vincula a los colaboradores del presidente con la sucesión presidencial, se rompe una de las reglas no escritas del presidencialismo mexicano. Esa premisa puede ser cierta, en tanto premisa. Sin embargo, Calderón demostró que no es una ley de la política. En todo caso, se trataría de un gobierno fuerte y vertical, al estilo del viejo PRI.

El segundo punto de apoyo, el de un gobierno compartido y el pago de facturas de campaña, le permitirá al gobierno de Calderón la movilidad suficiente para abrir espacios a sus aliados y al pago de cuotas de campaña, también en un tiempo determinado, con objetivos y responsabilidades específicos, y la posibilidad de contrastar el trabajo de esos aliados con el de sus pares del gabinete. Esas alianzas y las facturas a pagar se podrían alternar entre el primero y el segundo trienio. En todos los casos, la permanencia estaría sometida no a las cláusulas de la alianza, no a la lealtad institucional, sino a la efectividad en la gestión. Al final de cuentas, todo gobierno depende, más que del jefe del propio gobierno, de la eficacia de sus colaboradores.

Los tiempos políticos son fundamentales -en toda administración de gobierno y sobre todo en la barroca política mexicana- y suelen marcar a cualquier gobierno. Los sexenios presidenciales mexicanos se parten en dos mitades, cuyo corte lo determinan hechos políticos de peso específico propio. Nos referimos a la elección federal intermedia, que de manera natural convierte al sexenio en dos trienios, y que permite no sólo el cambio de la legislatura en la Cámara de Diputados -y una recomposición de fuerzas políticas que en la pluralidad mexicana puede dar un vuelco inesperado-, sino el arranque político, no formal, de la sucesión presidencial siguiente. En términos prácticos, la historia muestra que se debe recomponer el gabinete y que la segunda mitad del sexenio debe servir para la consolidación de lo alcanzado en el primer trienio y en la preparación del evento sucesorio. Ese es el tercero de los pilares sobre el que descansa esta propuesta. Es decir, en la segunda mitad de la administración se deberán contratar no tanto a constructores institucionales, sino a operadores de la nueva institucionalidad y a políticos de entre quienes deberá salir el sucesor. Pero esa es apenas una propuesta. Al tiempo.

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