El ejemplo que ilustra el tamaño del nuevo enemigo de la libertad de expresión es el de Alfredo Jiménez

Tiene razón Vicente Fox. El crimen organizado es uno de los nuevos enemigos de la libertad de expresión, sobre todo su largo y poderoso brazo del narcotráfico. Pero en México existen otras expresiones hostiles a esa libertad fundamental de la democracia: la polarización por razones electorales y la intolerancia de grupos sociales radicales.

En el primer caso, en efecto, son cada día más frecuentes las amenazas veladas o abiertas contra informadores y asesinatos de periodistas que reportan las actividades del narcotráfico. Igualmente menudean ataques armados -a tiros o con granadas- a medios de comunicación que dan espacios a esa información, sobre todo en aquellas entidades donde el narcotráfico actúa con total impunidad. Y ese, el de la impunidad, no sólo es el signo distintivo de esos ataques, sino el freno para su esclarecimiento. Hasta el momento no han sido aclarados la mayoría de los crímenes contra periodistas.

El asunto es de tal gravedad que la SIP catalogó a México "como uno de los países más peligrosos para periodistas que investigan sobre narcotráfico", según lo reportó Diana Daniels, presidenta de la SIP. El ejemplo más simbólico, y que ilustra el tamaño del nuevo enemigo de la libertad de expresión, es el del reportero Alfredo Jiménez, cuya desaparición a manos del narcotráfico -en abril de 2005- motivó la reacción de editores de diarios de todo el país y la creación de un grupo de trabajo conjunto que respondió con la publicación simultánea de reportajes e investigaciones sobre el narcotráfico. La consigna era no guardar silencio ante los embates del narcotráfico.

El segundo caso es el de la polarización producto del proceso electoral del 2 de julio. En sus respectivas campañas proselitistas, los candidatos AMLO y Calderón recurrieron a las campañas negras y de contraste, que polarizaron a sus simpatizantes y seguidores, al grado que esa polarización alcanzó a los trabajadores y colaboradores de los medios de comunicación. Aquel conductor, editorialista, columnista o cartonista que criticaba a uno u otro de los candidatos, se ganó no sólo el repudio de los seguidores del aspirante criticado, sino que aparecieron preocupantes signos de intolerancia a la libertad de expresión, y mensajes cargados con toda clase de insultos y amenazas, incluso de muerte.

Si un curioso se diera a la tarea de recopilar esos mensajes, encontraría miles de ellos, enviados lo mismo a los críticos de Obrador que a los de Calderón, en todos los medios, prensa, radio y tv. Y es que aquel que no pensaba como AMLO, que lo criticaba, era un traidor a los pobres, un aliado de la derecha. Quien criticaba a Calderón era aliado del neopopulismo, del "peligro para México". A tres meses del 2 de julio, muchos creyeron que esa polarización había pasado, pero reaparecieron los signos de intolerancia y se reeditaron los mensajes contra la libertad de expresión.

El caso más significativo es el de AMLO, el candidato derrotado, quien a partir de la etapa postelectoral inició una irresponsable campaña contra medios y periodistas críticos -contra los que no piensan como él ni dicen lo que él quiere-, a los que lanza a la plaza pública para alimentar el odio de sus seguidores contra los críticos de su causa. El "legítimo" se dice perseguido, víctima de un supuesto cerco mediático, acusa a los periodistas -de prensa, radio y televisión- de estar sometidos a la derecha y a las causas más perversas. Exalta el odio y la polarización, los mensajes insultantes y las amenazas de todo tipo. Alimenta el linchamiento hacia quienes piensan y opinan diferente. Atenta contra la libertad de expresión.

Otro ejemplo singular se dio el pasado jueves en la sesión plenaria del Senado de la República, donde legisladoras del PAN presentaron un punto de acuerdo para que esa instancia legislativa repudiara los actos de violencia y las amenazas recibidas por la editorialista Denise Dresser -a quien intimidaron mediante un correo electrónico-, y exhortara a los gobiernos federal y de la capital del país a actuar ante las amenazas recibidas por la editorialista. El punto de acuerdo motivó un debate ríspido en donde el senador Ricardo Monreal hizo las siguientes advertencias: "Podríamos coincidir en que se exhorte a las autoridades para la protección personal de Denise Dresser. En lo que no estamos de acuerdo es en los juicios de valor que contiene el documento... Pero nosotros no provocamos ese odio. Están recogiendo y cosechando lo que sembraron". ¿Qué tal?

Por eso, en el Itinerario Político del pasado domingo cuestionamos que el Senado promoviera privilegios y protección personal a periodistas, como en los viejos tiempos del PRI. Sin embargo, la editorialista Denise Dresser aclaró que, en efecto, recibió una amenaza que denunció ante el procurador Bernardo Bátiz, pero que no solicitó ni recibió protección policiaca, y que no estuvo enterada de lo que promovió el Senado ni solicitó su intervención.

Y el tercer caso se aprecia en Oaxaca desde hace 140 días, en donde la APPO y el magisterio difunden por la radio los nombres, las direcciones y los datos familiares de los periodistas locales que los critican. Los exponen al linchamiento. Intolerancia pura y ataques a la libertad de expresión.

aleman2@prodigy.net.mx