El Congreso se inconformó con el embajador Tony Garza por sus críticas a la inseguridad pública en México, pero ¿le falta razón?

Durante el último año, la agencia para la lucha contra las drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, aumentó su personal en México. En forma discreta mantiene casi un centenar de agentes sobre territorio nacional ante lo que se percibe, por un lado, como el sometimiento del Estado mexicano ante la delincuencia organizada y, por el otro, como la impermeabilidad del presidente electo Felipe Calderón para abordar el problema. Uno virtualmente derrotado y otro sin idea de lo que tiene enfrente, hacen la combinación perfecta para que los estadounidenses vuelvan a tomar la iniciativa en la materia. Si esto significa o no una nueva intervención estadounidense en México, ya parece una discusión retórica. El presidente Vicente Fox fue sometido por la realidad y Calderón pinta para lo mismo.

Calderón abordó el tema la semana pasada cuando se entrevistó con los secretarios de Estado relacionados con la seguridad, pero no ha dado pasos certeros en la materia. Sin preparación alguna, acudió a una cita con dirigentes de ONG que trabajan sobre el tema, lo que le generó un mal momento al abordar al fenómeno con lugares comunes o ideas mal elaboradas. Se anunció oficialmente su primer viaje como presidente electo a Centro y Sudamérica, más como apoderarse de una parte de la agenda de su adversario Andrés Manuel López Obrador que como una estrategia de largo plazo. Mal se vio en Washington que su primera acción hacia el mundo desconociera la mayor preocupación del país del cual depende su vida económica.

El gobierno de EU lleva meses anticipando que la prioridad en la agenda bilateral es el tema de la seguridad. El envío de la Guardia Nacional a la frontera con México no era para frenar la inmigración, sino para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, y en especial al ejército de sicarios que integran Los Zetas. Washington aguantó hasta pasadas las elecciones para evitar dar una impresión incorrecta de su estrategia fronteriza, pero el periodo de gracia se agotó. Si no hacen nada las autoridades mexicanas, ellos lo harán. Ya empezaron.

Actualmente, una cuarta parte del total de las 21 oficinas de campo que tiene la DEA en Estados Unidos tiene que ver con la frontera con México, además de otras tres oficinas en Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, que tienen la responsabilidad de las operaciones en Tamaulipas y Coahuila, además de Nuevo León. Hasta agosto pasado, la DEA tenía trabajando tiempo completo en México a 62 agentes especiales -23% del total de agentes especiales de la agencia-, 19 especialistas en investigación de inteligencia y dos investigadores. Es decir, contaba con 83 personas, que no suma a los asesores que están adiestrando a mil policías antinarcóticos.

La preocupación tiene origen en la forma como los cárteles mexicanos penetraron a Estados Unidos y controlan hoy en día los centros primarios de distribución de droga en ese país, que incluye los lucrativos mercados de Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Francisco, San Diego y Seattle. Los reportes de la DEA establecen que Joaquín El Chapo Guzmán, Juan José Esparragoza El Azul, Ignacio Coronel, Arturo Beltrán Leyva e Ismael El Mayo Zambada son los principales líderes del narcotráfico, aunque no descartan en absoluto a los cárteles de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y del Golfo, que encabeza Osiel Cárdenas. Preso desde hace varios años, Cárdenas sigue manteniendo control sobre Los Zetas, formado originalmente con desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y que han venido reclutando tropas de élite que estaban integradas en los kaibiles de Guatemala y pandilleros maras centroamericanos, tienen campos de entrenamiento en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán, y han cruzado a Texas para amenazar a autoridades federales.

Los funcionarios estadounidenses han sido recurrentes en sus críticas del gobierno mexicano por la inacción, y la última, que provocó escaramuzas diplomáticas, fue una carta que envió el embajador de Washington en México, Tony Garza, al presidente Fox, mostrando la alarma y preocupación por el incremento en la violencia, que alcanza ya a casi tres ejecutados o decapitados por día en el año. Menos visibles que las palabras diplomáticas son las informaciones que tienen en Estados Unidos sobre la efectividad del sistema judicial a favor de los narcotraficantes. Sólo en el campo del narcomenudeo, 97% de los detenidos en flagrancia son puestos en libertad por el Ministerio Público. Incluso, la reciente y apresurada extradición de Francisco Rafael Arellano Félix a Estados Unidos aparentemente tuvo que ver con el temor de que iba a ser puesto en libertad. La debilidad del Estado mexicano ya llegó a los jueces, y algunos que se han peleado con abogados de narcotraficantes, empezaron a ser ejecutados.

No hay respuesta institucional ante todo esto. Por el contrario, los envíos de cargamentos de droga a Estados Unidos se han elevado en el último año. Sólo en el área de Texas, según un informe de The Dallas Morning News, los decomisos de heroína se incrementaron en 40%, y las metanfetaminas, de las que 80% en Estados Unidos son distribuidas por cárteles mexicanos que las fabrican en Monterrey, Ciudad Acuña y Piedras Negras, se elevaron casi en 400%. Los decomisos de dinero procedente de la venta de drogas subió, igualmente, 72%.

El mercado se sigue ampliando para los cárteles mexicanos, tanto en Estados Unidos como en México, y los estadounidenses no ven que las autoridades mexicanas lo estén frenando. No se han cerrado las pistas de aterrizaje de aviones cargados de cocaína en Tabasco ni se ha logrado impedir que sigan descargando las lanchas rápidas colombianas sus cargamentos en aguas patrimoniales mexicanas en el Pacífico. El narcomenudeo se ha convertido en un problema de salud, no sólo de inseguridad, y las autoridades, como sucede en Iztapalapa en el Distrito Federal, o en el centro de Acapulco, prefieren cerrar los ojos a clausurarlos.

La lucha por los mercados y las rutas de distribución entre los cárteles mexicanos es completamente abierta, y cada vez se hace más pública la complicidad de cuerpos de policía enteros en apoyo y protección de uno de los cárteles. Empieza a haber exasperación en Estados Unidos, donde ven malas señales dentro del equipo de seguridad que se perfila en torno a Calderón. A un aspirante a ser secretario de Defensa le tienen un expediente voluminoso sobre sus presuntos vínculos al narco, y a un político que se apuntaba para procurador, simplemente no quisieron ni hablar con él en Washington. Representantes de Calderón se reunieron esta semana con el embajador Garza, y sólo trascendidos melosos salieron de ese encuentro. La realidad es menos rosa, aunque el presidente electo todavía no se dé cuenta.

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