Cien días de confrontación. Lo que ocurre en el estado es la más brutal demostración del fracaso de la política

E n muchos de los llamados diarios nacionales la gráfica alcanzó las primeras planas. Y no era para menos. Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) fabrican bombas molotov entre las barricadas y el toque de queda de lo que ya es un territorio sin ley: el centro de la capital de Oaxaca. Y si dicen que no es una guerrilla urbana, la gráfica y las acciones emprendidas por ese grupo muestran todo lo contrario.

¿Pero eso a quién le importa? Por lo que hemos visto en los más recientes 100 días que lleva esa crisis política, todo indica que el asunto no le importa a nadie. Cien días de una confrontación que afecta la vida cotidiana de los oaxaqueños, la educación de los niños, que daña severamente la economía estatal, a trabajadores y empleadores; que erosiona peligrosamente la gobernabilidad, la legitimidad de la autoridad, pero sobre todo la estabilidad de la entidad. Y por si fuera poco, lo que ocurre en Oaxaca es la más brutal demostración del fracaso de la política.

La incapacidad que han mostrado los tres niveles de gobierno para desactivar ese conflicto, por las vías y las instituciones de la cacareada democracia, ya se coloca como una de las grandes vergüenzas nacionales, cuya responsabilidad alcanza a políticos y gobernantes de todos los signos, a instituciones y sobre todo a los poderes del Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el desinterés gubernamental? ¿O es que realmente estamos ante un puñado de inútiles que no aciertan a desactivar el conflicto?

No, por lo menos en los gobiernos estatal y federal saben bien el origen del conflicto, conocen a la perfección el diagnóstico del problema, saben que el movimiento -magisterial en su origen- se contaminó con células guerrilleras y, por absurdo e increíble que parezca, tienen a la mano el antídoto. Y entonces, ¿por qué no han actuado, por qué han dejado crecer el problema hasta niveles de ingobernabilidad? La respuesta es muy simple: porque quienes están detrás de la APPO montaron su peculiar demanda sobre el proceso electoral federal. Y lo radicalizaron precisamente al mismo nivel de la crisis postelectoral. ¿Y eso qué?

Pues nada, que en tiempos político-electorales nadie quiere aparecer como el malo de la película ni pagar las facturas y todos prefieren caminar por el sendero de lo "políticamente correcto", aunque eso sea la propia negación de la política.

Hace poco más de 100 días, como todos saben, Oaxaca vivió uno de los eventos anuales que caracterizan su cultura: el paro magisterial. El reclamo, la legítima demanda de incremento salarial. El gobernador Ulises Ruiz -en efecto, un fontanero metido a gobernador- no entendió que en este año la "fiesta anual" del magisterio disidente llevaba un mensaje oculto. En el fondo era el inicio de la "venganza" de sus adversarios políticos, a los que había derrotado meses antes en medio de una cuestionada elección. Ofreció propuestas de incremento salarial, las que fueron rechazadas, y entonces decidió mandar a la fuerza pública para desalojar a los "revoltosos".

Grave error político. Cayó en la trampa que le tendieron sus adversarios, entre ellos grupos vinculados al PRD y a AMLO, y lo único que consiguió -en medio de la polarización social de la elección del 2 de julio- fue dar la coartada para la estratagema de quienes habían tripulado a los maestros. Es decir, crear las condiciones para que pidieran su cabeza. Así, como por un pase mágico, los maestros se olvidaron de sus reivindicaciones salariales, y la "represión" gubernamental fue la señal para que se sumaran a los disidentes de la sección 22 grupos de Atenco, de los Panchos Villa, de agrupaciones de oaxaqueños de todo signo y origen que habían sido relegados por Ulises Ruiz. Se crearon las condiciones ideales para una venganza política.

El gobierno federal ha estado atento de todo el conflicto, pero decidió no actuar -amparado en el argumento de que se trata de un conflicto local-, porque en la casa presidencial se concluyó que sería un error político contaminar la elección del 2 de julio, y porque detectó que detrás del magisterio disidente y de la APPO estaba un grupo ligado al candidato López Obrador. Haber desalojado la plaza y detenido a los rijosos, habría sido darle a AMLO el combustible para una crisis mayor. En realidad los sistemas de inteligencia del gobierno federal saben bien quiénes están detrás del movimiento radical en Oaxaca, cuál es su objetivo y hasta cuentan con un diseño de respuesta institucional para terminar de un solo golpe. Bueno, saben que sí hay elementos de una guerrilla urbana, pero lo niegan porque tendrían que actuar. Y no actúan porque el tiempo político no es el adecuado.

Lo será una vez que el Tribunal Electoral declare presidente electo. Pero en el otro bando también lo saben y por eso pretenden juntar la crisis de Oaxaca con la protesta de AMLO. Es un juego de vencidas. ¿Y los salarios, las reivindicaciones, los pobres? Eso no le importa a nadie. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx