Les asiste la razón a los millones de ciudadanos irritados por la alteración de sus actividades y su derecho al libre tránsito

A pesar del daño y las molestias que causó, y causará, a millones de ciudadanos de la capital del país la resistencia civil emprendida por López Obrador, lo cierto es que el bloqueo vial del mítico Paseo de la Reforma -otra vez el símbolo juarista- resulta lo menos pernicioso para los afanes democráticos mexicanos.

Es cierto, el de la libre manifestación es un derecho consagrado por la ley suprema -a pesar de que en el bando 13 del GDF se prohíbe el bloqueo de vialidades principales-; también es cierto que les asiste la razón a los millones de ciudadanos irritados por la alteración de sus actividades, su derecho al libre tránsito por el bloqueo callejero. Asistimos al dilema no resuelto entre el ejercicio de libertades que -como las de manifestación y libre tránsito- se contraponen cuando se llevan a extremos. Pero ese, insistimos, es el menor de los males.

Lo preocupante y verdaderamente riesgoso para la democracia mexicana -a pesar de que en nombre de "la democracia", el señor AMLO ordenó bloquear la más simbólica de las calles del país y de su capital: el Paseo de la Reforma- es que la resistencia civil y las acciones extremas como la iniciada ayer confirman que no asistimos a una protesta social contra los excesos del poder, menos a un legítimo reclamo por un "horrible fraude" contra una importante y representativa fuerza opositora, sino que presenciamos la confrontación entre dos poderes: el del gobierno del Distrito Federal contra el resto de las instituciones del Estado mexicano. ¿Por qué?

Porque todos saben que detrás de la construcción del liderazgo y la popularidad de López Obrador, detrás de su precandidatura y su candidatura presidenciales, de una buena parte del financiamiento de su proselitismo y de su protesta postelectoral y de acciones como el bloqueo de Reforma -del financiamiento de la campaña del voto por voto, y de los tres magnos mítines- está la fuerza institucional, política y económica del gobierno del DF, administración que, en ese orden, se ha puesto al servicio del caudillo López Obrador.

Pero más aún, muchos parecen olvidar que el caudillo Obrador se construyó gracias a la democracia electoral, alcanzó la segunda posición de poder más importante del país -el GDF- gracias a los espacios de la democracia electoral, fue candidato presidencial -a pesar del grosero desafuero- gracias a las reglas y las instituciones democráticas, reglas e instituciones que al final de cuentas incumple, por un lado, y pretende destruir, por el otro. Siempre apoyado precisamente en ese poder político, económico e institucional que es el gobierno capitalino -más que en su partido, en su difusa ideología y en su eficacia como gobernante y político-, López Obrador lanza al poder de la capital del país contra Poderes de la Unión como el Ejecutivo y el Judicial.

Y los ejemplos están a la vista de todos. ¿Qué debemos entender, por ejemplo, cuando el gobierno capitalino pone su fabuloso poder al servicio de las causas políticas y las ambiciones presidenciales de su jefe y caudillo Andrés Manuel? ¿Qué debemos entender cuando el gobierno local se muestra complaciente y hasta burlón del Bando 13, que prohíbe el bloqueo de arterias primarias, sin escuchar el reclamo legítimo de sus gobernados? ¿Qué debemos entender cuando desde el GDF se hace lo mismo que por décadas criticó la izquierda mexicana de los gobiernos del PRI?

La respuesta es clara. La de AMLO no es la lucha de un grupo opositor contra las perversidades de un gobierno antidemocrático o dictatorial; es la lucha política y extralegal de un caudillo que emplea el poder institucional, político y económico del GDF -que cree escriturado al PRD- contra el resto de los poderes institucionales. Y su objetivo en la etapa postelectoral es imponer -desde el GDF y con fórmulas antidemocráticas y nada legales- su ambición de poder, con el riesgo de destruir la confianza y la credibilidad en la democracia electoral.

Por eso resulta ridículo, grosero y hasta delirante que AMLO justifique esa confrontación entre instituciones y la demolición de la democracia electoral, precisamente al amparo de una supuesta lucha por la democracia. El problema no es la resistencia civil y menos sus acciones; el problema no son los miles que se han movilizado ni los millones de mexicanos que creen en AMLO -porque, además, la resistencia civil nació y fue empleada en todo el mundo como una lucha social contra los excesos de los poderes fácticos o dictatoriales-, sino que el problema es que López Obrador se vale de todos los espacios y las libertades de la democracia para demoler, golpe a golpe -que no voto a voto-, precisamente las instituciones democráticas.

La resistencia civil de AMLO es una resistencia desde el poder de un gobierno, como el del DF, contra instituciones a las que se intenta doblegar para acceder, en forma antidemocrática, al poder presidencial. Y lo más ridículo y lamentable es que en un México sin democracia electoral, AMLO no habría sido nada. Paradojas de la democracia. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx