La inequidad que denuncia AMLO, es en la que incurrió

En el fondo se enfrentaron los poderes federal y del DF

N adie duda que los más poderosos adversarios a los que se enfrentan los más votados candidatos presidenciales, Calderón y Obrador, son la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en el proceso electoral del pasado 2 de julio. Y acaso por eso -porque en el fondo la disputa no es con las instituciones, ni con el IFE y menos con el Tribunal Electoral-, en medio de los escarceos y las feroces batallas valga la pena preguntarse si a 10 años de distancia, la nueva ley electoral mexicana es ya una anciana que no responde a los requerimientos de la naciente democracia electoral mexicana.

Vale la pena recordar, como mero punto de referencia, que justamente la legislación electoral vigente, basada en lo que en su tiempo se les vendió a los ciudadanos "pomposamente" como la "ciudadanización de los procesos electorales", surgió precisamente de una elección legal, pero marcadamente inequitativa. Nos referimos a la contienda presidencial de 1994, en la que el candidato Ernesto Zedillo se alzó con el triunfo con más de 17 millones de votos a su favor, y con la mayor votación de la historia electoral mexicana. Contra lo que marcaban los tiempos de la hegemonía del PRI, y ante el asombro de propios y extraños, fue el propio Zedillo quien reconoció -a dos meses de tomar posesión como presidente, en enero de 1995, en su primera gira al extranjero, ante intelectuales españoles-, que si bien la elección en la que resultó vencedor fue legal, "también es cierto que fue inequitativa". El de la equidad, no sólo en el empleo de dineros públicos, de tiempos en medios, de trato entre diversos sectores sociales y, sobre todo, del manejo abusivo del poder en turno a favor de su preferido, fue una de las ideas centrales sobre la que gravitó la reforma que, a mediados del gobierno de Zedillo, ya se había convertido en una realidad. En esa reforma -la de 1996, impulsada por Zedillo a contracorriente del PRI, y que ciudadanizó al IFE y convirtió al Tribunal Electoral en el órgano confiable que hoy es- participaron como actores centrales, primero como cuadros centrales que la acompañaron en su gestación y luego en su primera aplicación como presidentes del PAN y del PRD, respectivamente, nada menos que Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador. Sí, que no se nos olvide, que los hoy fuertes contendientes a ocupar la Presidencia de la República fueron los primeros beneficiados -hace apenas una década- de la nueva y más importante reforma electoral que haya conocido la historia comicial mexicana. Pues bien, en una simplificación del tamaño del despropósito al que ha sido llevado el proceso electoral del pasado 2 de julio, podríamos decir que si Calderón y Obrador -o cualquiera de ellos-, se quejan de la perversidad del árbitro electoral, del IFE, y del juez en la contienda, el Tribunal Electoral, entonces podremos concluir que los dos candidatos o uno de ellos, son muy malos políticos, fueron peores dirigentes partidistas y, más aún, un verdadero desastre como promotores partidistas no sólo de la reforma electoral, sino de la ciudadanización de los procesos electorales. Y en esa misma lógica simplista, se podría agregar que, además de que participaron activamente en la creación de una ley de la que serían jueces y parte, resulta que la hicieron mal, que el instrumento que crearon resultó un fracaso.

De 1997 a 2000

Pero no es el caso. La ley electoral de 1996 fue, nos guste o no, lo mejor que se pudo hacer en su momento, y muy pronto probó su eficacia -en las elecciones de 1997-, pero también sus limitaciones. En el año 2000, y gracias a esa misma ley, fue posible acabar con la hegemonía del PRI en la Presidencia de la República. Ya antes, en 1997, había sido posible acabar con la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados y se habría abierto, para la oposición de izquierda, para el PRD, el Gobierno del DF. Pero en el mítico julio del 2000, tampoco dicha ley estuvo exenta de problemas, sobre todo en el tema central de las contiendas presidenciales; en lo referente a la equidad del proceso. En efecto, el promotor de la reforma, Ernesto Zedillo, al parecer sacó las manos del proceso, pero no así el gabinete presidencial, los gobiernos del PRI y las estructuras partidistas. Tampoco los adversarios del PRI, en este caso el PAN, su candidato presidencial y sus gobiernos estatales jugaron limpio en cuanto a la equidad -a pesar de la nueva y estricta reglamentación-, porque son harto conocidos los casos al respecto. Y basta recordar los escándalos que durante casi tres años ocuparon al IFE. Y nos referimos, por supuesto al Pemexgate y Amigos de Fox. Todos recordamos que en el Pemexgate, el PRI, con el conocimiento del presidente Zedillo -quien llevó a Pemex a uno de sus leales, a Rogelio Montemayor-, desvió recursos públicos, a través del sindicato petrolero, para la campaña presidencial de Francisco Labastida. A su vez, y mediante su agrupación paralela, Amigos de Fox, el PAN y su candidato presidencial hicieron lo mismo, canalizaron recursos privados y públicos a la campaña del entonces aspirante Vicente Fox. Otra vez apareció la inequidad en los procesos electorales mexicanos, a pesar de la nueva legislación de que se había instaurado la democracia electoral.

Los perversos

Cuando la nueva ley electoral cumpliría una década de vida -para una ley de esa magnitud una década de vida la convierte en una ley niña-, resulta que con toda razón, son muchos los que cuestionan que sigue viva y más presente que nunca la inequidad electoral. Más aún, reputados académicos e intelectuales acusan de una perversidad casi enfermiza a una de las partes y presentan como víctima inocente y candorosa a la otra. Dicen que el nada demócrata gobierno de Fox y su no menos antidemocrático candidato presidencial, Felipe Calderón, habrían conspirado para llevar a cabo una descomunal elección de Estado contra el demócrata e inocente candidato López Obrador y su pulcro y demócrata partido de izquierda. Y tienen razón, pero sólo en una de las partes. En efecto, es sabido por todos que desde Los Pinos se intentó detener al que desde los primeros años de su gestión como jefe de Gobierno apuntaba como el más aventajado presidenciable de la llamada izquierda partidista. El mejor ejemplo fue, sin duda, el escándalo del desafuero. Luego vinieron la descalificación, también desde la oficina de Fox, del candidato Calderón, quien prácticamente fue echado del gabinete, para favorecer al preferido de las intrigas palaciegas, a Santiago Creel, a quien por cierto se dotó de todos los instrumentos que le brindaban las siempre bien recompensadas empresas de medios electrónicos, de radio y televisión. Pero también es cierto que una vez que se impuso como candidato presidencial del "PAN tradicional", el "hijo desobediente", cuando Calderón se ganó a pulso la candidatura, Fox se empeñó en fabricar un muro de protección para su otrora odiado Felipe, y se convirtió en el principal adversario de López Obrador. En efecto, grupos empresariales poderosos se sumaron a esa campaña, para impedir que llegara como nuevo presidente el dizque izquierdista de AMLO.

Pero se les olvida a quienes sólo ven esos capítulos de la telenovela, que en el otro bando -y también en abierto uso inequitativo de los dineros públicos y del apoyo empresarial y de barones de la televisión y la radio-, el de López Obrador, se echó mano del mismo manual, de los mismos métodos, se consiguieron los mismos apoyos y se llegó a idénticos excesos. ¿Qué fue, si no una campaña electoral pagada con dinero público la gestión de AMLO durante cinco años como jefe de Gobierno? Ahí están las pruebas, por supuesto para el que quiera verlas, que se construyó la opción política de López Obrador con el dinero del GDF. ¿Quién pagó encuestas, promoción, activismo partidista, consolidación de popularidad, salarios de operadores políticos del PRD, con fines estrictamente electorales a favor de AMLO? El pagano no fue otro que el contribuyente del Distrito Federal. ¿Qué ya se les olvidó a quienes pretenden victimizar a AMLO, que el jefe de Gobierno regaló a la Iglesia católica un costoso terreno junto a la basílica de Guadalupe, para congraciarse y tener de su lado oraciones y golpes de pecho? ¿Qué no regaló rentables terrenos a cambio de puentes de mala calidad? ¿Qué no se entregaron millonarias obras viales, los segundos pisos, a un grupo empresarial simpatizante de AMLO, y que resultó patrocinador de su campaña? ¿Qué no es cierto que Televisión Azteca le regaló 30 minutos -primero- de televisión a AMLO, y luego una hora diaria para su promoción? ¿Qué ya se nos olvidó que el PRD en la Cámara de Diputados solapó la "Ley Televisa"? Y si se quiere más, que respondan las siguientes preguntas: ¿quién patrocinó los tres meses finales de la campaña de AMLO, que fueron tres meses de gastos desorbitados en televisión, espectaculares, desplegados en prensa, spots en radio, y en un costoso equipamiento para millones que asistían a mítines? ¿Quién está pagando las movilizaciones postelectorales, los miles de camiones, la comida y el agua para los movilizados? ¿Qué el jefe de Gobierno sustituto, Alejandro Encinas, no ha convertido al Gobierno del DF, con todo su peso político, de imagen, y de recursos públicos, en una agencia de promoción y defensa de López Obrador? ¿Qué no se puede asegurar que frente a esa situación, la del DF fue una elección de Estado a favor de AMLO, de Ebrard y de muchos diputados locales y jefes delegacionales?

Es cierto, el espíritu fundacional de las reformas electorales de 1997 ha sido burlado; la anhelada equidad de los procesos electorales mexicanos nuevamente ha sido violada. Pero no por una de las partes, no contra la otra, sino por los dos principales contendientes, sus respectivos grupos y partidos políticos, y por sus respectivos gobiernos. O a poco podemos creer que si Fox tiene el gobierno federal, que si el PAN es el partido en el poder federal, sólo ese grupo político hizo trampas y usó ese poder a su favor y contra sus adversarios. A poco el señor López Obrador, que tuvo y tiene el control de la segunda más importante fuente de poder, el Gobierno del DF, no lo utilizó, con todas las malas artes emanadas del PRI, para su campaña y para combatir a sus adversarios. Lo que resulta más que una ingenuidad, y que se convierte en un insulto al sentido común, a la inteligencia de los ciudadanos, es creer, soñar o hasta pretender engañar a todos al decir que López Obrador no utilizó los dineros públicos -a pesar de las pruebas- para su campaña, que no tuvo de su lado a empresarios interesados que financiaron su proselitismo, que no se valió de la corrupción política con fines electorales, que no acordó con por lo menos una de las televisoras, y que no intentó coquetear con la Iglesia católica y que a cambio de su favor le regaló los bienes de la ciudad.

Poderes en pugna

En realidad de todas las complicidades de las que acusa AMLO al gobierno federal para hacer inequitativa la elección -señalamiento al que se suman sin la más mínima capacidad de autocrítica su partido, sus intelectuales y académicos afines-; de todo lo que acusa al PAN, a los poderes fácticos, a los horribles grupos de presión, es lo mismo de lo que se le puede acusar al propio López Obrador, a su partido, y a sus candidatos ganadores a otros puestos de elección popular. Lo que pasa es que a muchos se les olvida que en la contienda presidencial del 2 de julio, no se enfrentaron el candidato del poder en turno, con el de la oposición a secas, sino que los dos más aventajados aspirantes presidenciales; Calderón y Obrador, tenían detrás de sí a los dos más importantes, influyentes y poderosos centros reales de poder. Y esa sola diferencia es, en el fondo, la gran diferencia respecto a julio de 1988. Está claro que en el primer caso, el de Felipe Calderón -quien por cierto, llegó con una gran desventaja, ya que ni era el jefe del poder formal, ni tenía para sí al partido, ni el control político ni nada-, contó con el apoyo de todo el poder presidencial, de un poder que según muchos era un poder en manos casi de un autista -¿les ganó el autista?-, mientras que en el otro bando, el habilidoso, inteligente, brillante AMLO era y sigue siendo el jefe real del Gobierno del DF, del partido, de su candidatura, de los acuerdos con empresarios, con televisoras. Sí, se puede hablar de que la inequidad es el signo distintivo de la elección del 2 de julio, pero esa equidad no fue violada sólo por una de las partes, sino por las dos que disputan el poder, lo que hace más preocupante la situación. ¿Por qué? Pues casi nada, porque si en el año 2000 quedó claro que los candidatos Fox y Labastida, sus respectivos partidos, el PAN y el PRI, ni son demócratas y más bien parecen mentirosos profesionales que atentan contra los principios básicos de la democracia, en el 2006 se confirmó que los candidatos Calderón y Obrador adolecen del mismo mal. La diferencia es que uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, gusta de la máscara de víctima, se viste de cordero y acusa repetidamente "¡al ladrón!, ¡al ladrón!", mientras que actúa exactamente igual.

¿Diez años no son nada?

En el fondo, a la luz de los excesos electorales cometidos por los dos bandos, lo urgente sería que la hasta hace una década moderna ley electoral, sea revisada para terminar, de una vez por todas, con los escándalos de inequidad. Al tiempo.