El nuevo presidente no sería electo por la mayoría, sino por la mayor de las minorías

A ntes de la elección del 2 de julio, y a partir de que para muchos se vivía la más cerrada contienda presidencial de la historia, ya se prefiguraba una crisis de legitimidad política y social -independientemente de quien resultara ganador- porque se estimaba que el nuevo presidente llegaría al poder con poco más de 15 millones de votos, de un universo de 71 millones de potenciales electores. El anterior escenario -propuesto aquí en más de una ocasión- concluía que el nuevo presidente mexicano no sería electo por el voto mayoritario, sino por la mayor de las minorías. Es decir, que si se suman los votos de quienes prefieren otra opción a la del ganador, y si se le agregan los abstencionistas, el ganador habría llegado al cargo con no más de 20% del universo de votantes. Sería un presidente de las minorías.

Se cumplió el escenario y ese triunfo no habrá sido avalado por casi 80% de los potenciales electores. En otras palabras, podría ser un presidente legitimado por la legalidad de la elección, pero no tendría la legitimidad política y social. El nuevo presidente estaría urgido de establecer no sólo alianzas y hasta un eventual gobierno de coalición con otros partidos, sino de atender las demandas y los reclamos de ese elevado porcentaje de mexicanos que no lo habrían elegido.

Pero el escenario cambió de manera radical luego de que la coalición Por el Bien de Todos impugnó toda la elección y acusó, sin pruebas suficientes, que se habría cometido un fraude generalizado, al tiempo que le apostó a la anulación de todo el proceso electoral. En pocas palabras, puso en duda la legalidad de todo el proceso y, por tanto, la legitimidad de quien resulte ganador. De esa manera, en la hipótesis de que el TEPJF decida finalmente declarar ganador a Calderón -y si no es que acude a la remota posibilidad de anular el proceso-, el nuevo presidente se enfrentará a una doble crisis de legitimidad.

En esas condiciones -y aún frente a la certeza de que el supuesto fraude generalizado no es más que un montaje político y mediático de AMLO-, el hipotético gobierno de Felipe Calderón arrancaría no sólo en medio de una de las más severas crisis de legitimidad -mayor incluso que la enfrentada por Carlos Salinas, porque se habría erosionado gravemente la confianza y la credibilidad de las instituciones electorales-, sino frente al riesgo inminente de ingobernabilidad. Su contraparte, la gobernabilidad, pendería de un delgado hilo, el de reconstruir la confianza social a partir de la eficacia -que estaría por verse- del nuevo gobierno. La gobernabilidad, hay que recordarlo, es la capacidad de todo gobierno por alcanzar consensos sociales y políticos y de traducirlos en eficacia de gobierno.

En ese supuesto, el Congreso y su LX Legislatura, que se integrará a partir del 1 de diciembre, jugará un papel determinante, sea a favor o en contra del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la posibilidad de lograr consensos, alianzas, y hasta un eventual gobierno compartido -de coalición-, se deberán reflejar en consensos, alianzas y acuerdos en el Congreso. De lo contrario, no serán más que declaraciones retóricas; buenas intenciones. Pero si revisamos la nueva composición del Congreso mexicano, de sus cámaras de diputados y senadores, podemos aventurar que el nuevo presidente tendría un mayor y más amplio margen de maniobra y hasta condiciones harto distintas -favorables al ejercicio llano de la política- respecto a lo que ocurrió con el maniatado gobierno de Vicente Fox.

Una primera aproximación a la composición de la Cámara de Diputados -que no será definitiva porque el reparto de plurinominales podría sufrir variantes-, le dan al PAN 206 diputados, al PRD 123, al PRI 102, a Convergencia y al PVEM 19, al PT 18, al Panal 9 y 4 a Alternativa. Frente a ese escenario, el eventual gobierno del PAN estaría a 45 diputados para lograr la mayoría simple, en caso de que intentara hacer reformas legislativas. Para conseguir esos 45 votos podría recurrir al PRI, con lo que superaría por mucho 50% más uno de los 500 diputados. Pero si el hipotético gobierno de Calderón no cuenta con el apoyo del PRI y del PRD, podría recurrir sin mucho problema a la chiquillería -PVEM, PT, Convergencia, Panal y Alternativa-, con lo que lograría esa mayoría simple. Y decimos que lograría ese objetivo sin mucho problema porque, en casi todos los casos, esos partidos pequeños gustan del pragmatismo y el trueque político. En realidad el valor de los partidos emergentes será fundamental en la próxima Legislatura. Y por supuesto que venderán caro su amor.

Habrá una mayor dificultad si el mismo gobierno hipotético de Calderón pretende reformas constitucionales, para las que se requieren dos tercios más uno de los votos. En ese caso requerirá del concurso, obligado, del PRI. Pero el tricolor de los meses próximos no será lo mismo que el de Roberto Madrazo, además de que la situación política de ese partido, como tercera fuerza en San Lázaro, sería distinta. Para bien o para mal, un gobierno de Calderón tendría un mayor margen de maniobra en el Congreso.

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