López Obrador parece seguir los mismos pasos y la misma estrategia que el entonces derechista candidato de 1988

A pocas semanas de iniciar su campaña presidencial -la cual arrancó en noviembre de 1987-, el candidato del PAN, Manuel J. Clouthier, anunció la creación del Movimiento de Resistencia Civil Activa y Pacífica, que escandalizó a la entonces izquierda mexicana, sobre todo cuando se descubrió que un grupo de filipinos habían llegado a México para capacitar a jóvenes panistas. Son los métodos de la ultraderecha, argumentaban no pocas voces de la izquierda mexicana, mientras que el PRI y el gobierno de Miguel de la Madrid exaltaban los riesgos de esa expresión.

A lo largo de casi toda su campaña, el Maquío Clouthier se valió de la resistencia civil para boicotear a medios de comunicación que "no se abrían", para protestar contra el gobierno que impulsaba el fraude electoral. Luego del escandaloso fraude del 6 de julio de 1988 -en una concentración masiva en el zócalo del Distrito Federal realizada el 9 de julio-, el candidato Clouthier llamó a la resistencia civil, activa y pacífica.

Dijo en esa ocasión: "Convoco a todos los mexicanos para que, a partir de este momento, nos declaremos en resistencia civil activa y pacífica, denunciemos la injusticia electoral y rechacemos la imposición de autoridades ilegítimas... sin odio y sin violencia ya estamos cambiando a México. El gran triunfador es el propio pueblo, que rescatará su soberanía". En el mismo mitin insinuó un referéndum, programado para el 30 de julio, con el objetivo de llamar a nuevas elecciones. La izquierda mexicana de entonces, agrupada en el Frente Democrático Nacional, no siguió a Clouthier, porque sus métodos, según se dijo entonces, son los de la derecha extrema. Cárdenas reclamaba el triunfo, en tanto que Clouthier decía que nadie había ganado y, por eso, proponía reponer la elección.

El candidato panista, y su partido, habían diseñado una estrategia política, bautizada por Carlos Castillo como "de doble tuerca", es decir, presionar por las instancias legales para salvar sus posiciones en el Congreso -en total el PAN alcanzó en esa elección 101 diputados-, y emplear la resistencia civil como ariete para forzar la negociación política. En suma, el PAN denunciaba un fraude generalizado, pero sólo en la elección presidencial, porque mantenía a sus diputados, producto de la misma elección fraudulenta.

Y en medio de esos escarceos y negociaciones políticas, por parte del candidato Salinas asumió el control de las negociaciones un político entonces poco conocido, Manuel Camacho, quien siempre negó el fraude, pero favoreció la "concertacesión", que terminó cuando el PAN aceptó legitimar a Salinas, a cambio de gobiernos estatales. Hasta entonces Clouthier suspendió la resistencia civil y se retiró del camino, hasta que murió en un poco claro accidente automovilístico, el 1 de octubre de 1989.

Viene a cuento la historia, porque en su segunda movilización masiva posterior al 2 de julio, el candidato López Obrador parece seguir los mismos pasos y la misma estrategia que el entonces derechista candidato de 1988, y parece dispuesto a buscar los mismos objetivos. Sin embargo, la diferencia entre el tiempo y las circunstancias -entre las leyes electorales de 1988 y de 2006- es abismal y no hay punto de comparación.

Está claro que López Obrador tiene no sólo el derecho, sino la obligación de acudir al Tribunal Electoral, para pedir que se cuenten los votos en donde existen impugnaciones. Pero es un despropósito que pida que se cuenten de nuevo todos los sufragios, sólo porque él y sus seguidores creen que ganaron. La democracia electoral, las leyes, y las instituciones no están para responder a contentillo de nadie. Y también tienen razón los miles que, acarreados o no, reclaman en el zócalo. Su reclamo de limpieza electoral es justo, porque nos guste o no, una quinta parte de los electores potenciales votaron por la opción de López Obrador, sea o no una opción válida o mentirosa.

El problema no está en la legitimidad del reclamo de AMLO y seguidores. Está en las formas y en los objetivos. Las formas, porque con argumentos engañosos se ha hecho creer a miles de mexicanos que en el pasado 2 de julio se cometió un fraude igual o mayor que el del 6 de julio de 1988, lo cual es absolutamente falso. Y los objetivos, porque precisamente a partir de esa exacerbación engañosa, y en contra de las reglas, López Obrador pretende arrebatar el poder presidencial a costa de lo que sea. Si no se le entrega el poder, como lo pide, entonces toda la democracia estará siendo cuestionada.

La legítima movilización social, más que expresión a favor de transparentar el proceso es una presión brutal contra las instituciones; es un intento por imponerles la voluntad de quien encabeza a esos miles o millones de mexicanos. Lo cuestionable es que esa porción social, importante y fundamental por sus reclamos, se quiere colocar sobre los derechos, los reclamos y la voluntad de otro sector mayoritario, que también salió a la calle, pero para votar. Mala imitación de Maquío. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx