En el Gobierno Federal se hacen las primeras maletas y los formatos de entrega comienzan a relucir en los escritorios públicos. “Se sanseacabó” el primer sexenio que tuvo aliento sólo para los primeros tres años de mando.

Por consiguiente, ya comienzan a hacerse los balances sexenales en los que la administración Foxista pudiera salir muy mal librada. Hay dotación generosa de material para dejar en evidencia que los resultados apuntan más hacia la mediocridad que hacia el otro extremo.

Aunque también hubo áreas en los que se pudo conseguir buenas cuentas, números que duplican o triplican lo que en el pasado o en pasados sexenios se concretó.

No escribo lo relativo a los mal llamados “fundamentales” de la (macro) economía mexicana, donde la ortodoxia magistral dictada desde el primer escritorio de la Secretaría de Hacienda consiguió calificaciones que (se) destacan por ser desde sobresalientes hasta excepcionales según dicen en casa y fuera de ella.

En otras áreas de la administración pública hay números impresionantes. Son franca minoría, pero hay resultantes que duplican, triplican, cuadruplican lo que en el pasado sexenio se hizo o incluso superan los resultados sumados de dos o tres sexenios anteriores. Garbanzos de a libra que también hubo y es justo reconocerlo.

Uno de estos renglones, escasos, que destacaron entre las aguas de la mediocridad muy generalizada se instala en la definición de una política pública orientada hacia la atención de la Micro,Pequeña y Mediana empresas (MIPYMES).

Comenzando con el hecho históricamente demostrable de que nunca antes en el gobierno federal se había constituido un conjunto de políticas e incluso instancias públicas a favor de la gestión empresarial de estos establecimientos que ahora sabemos conforman el 99 por ciento del complejo numérico de negocios formales en el país, responsables del 78 por ciento del empleo nacional (formal también) y del 60 por ciento del valor agregado en la economía.

Tuvieron estas empresas, más de 3 millones 400 mil unidades, por ocasión primera una subsecretaría específicamente con la misión y vocación de articular políticas en su entorno y a su favor para que no murieran, para que pudieran crecer y para que se conformaran en una oportunidad para reconstituir las cadenas productivas que el comercio internacional formal y las actividades ilegales y en no pocas ocasiones ilícitas han hecho garras.

Atender a casi tres millones y medio de empresas parece imposible de hacerlo con el escaso presupuesto que se concedió a favor del empeño, pero hay resultados que no podemos dejar de lado en su reconocimiento y mención.

Como, por ejemplo, la presencia de CLUBES DE INVERSIONISTAS ANGEL, red de inversionistas particulares dispuestos a jugarse una parte de su patrimonio en la posibilidad de que una PYME no solo nazca o se fortalezca, sino también de que en cuatro o cinco años ofrezca rendimientos muy superiores a los premios que hoy conceden las alternativas de inversión financiera.

O las aceleradoras de negocios tanto nacionales como ahora internacionales que pretenden, para el segundo caso, llevar a las PYMES de alta tecnología, de la tecnología de la información a las redes de la competencia internacional y de las cuales ya existen tres (Sillicon Valley, Texas y Canadá) con perspectivas a aterrizar la cuarta en Europa, en España específicamente.

O la red de aceleradoras nacionales que tienen como población objetivo a 4 mil 500 de estos negocios de las TI en nuestro país, un universo que pocos creían posible.

Programas, pues, de aceleración de empresas, apoyos hacia los emprendedores del sector rural o con incidencia hacia áreas rurales como es el caso de PROJOVEM, la RED DE INCUBADORAS integrante del SISTEMA Nacional de Incubación de empresas, del Sistema Nacional de Garantías sin las cuales una gran cantidad de PYMES estarían aún más marginados de la oportunidad de obtener créditos, de la Red de Centros de Desarrollo Empresarial o del programa para impulsar a las empresas de CAPITAL SEMILLA, apoyos al EXTENSIONISMO FINANCIERO, conforman, por citar varios de los más importantes, que no todos, el primer esfuerzo de articular una política pública a favor de las MIPYMES que por cierto por estas fechas recibe una evaluación de la OCDE.

Para finales del presente sexenio, esta organización conformada por países de alto desarrollo económico habrá de dar a conocer su evaluación respecto al conjunto de acciones de gobierno para apoyo de los pequeños negocios. Podría ser México la nación con mejor política pública con ese nicho de atención a nivel mundial, aunque en el país nadie lo sepa o, peor aún, nadie lo crea.

En el balance general en materia económica es posible que al actual gobierno tengamos que determinarle una calificación necesaria para algún panzazo histórico, pero hay algunas muestras de eficiencia que sería una verdadera lástima que el siguiente gobierno se niegue a reconocer.

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