La legitimidad política del gobierno que surja de ese 2 de julio, frente a los 55 millones que no votaron por él, dependerá del nuevo presidente.

La del próximo 2 de julio pasará a la historia como la elección mexicana más competida. Todos los pronósticos apuntan a una contienda que se resolverá entre los punteros AMLO y Calderón, en tanto que se estima que el tercero en disputa, Madrazo, alcanzará una porción de votos cercana al 30% del total en disputa.

De esa manera asistiremos a una contienda de tres grandes tercios, dos de ellos con una votación estimada entre 32 y 35%, y el restante entre 27 y 30% de las preferencias. Dicha composición, además de que se prestará a severos cuestionamientos a la legalidad y certeza del proceso electoral, podría provocar un conflicto político aún mayor, ya que estarían en duda la legitimidad del nuevo gobierno y la capacidad de las administraciones saliente y entrante para garantizar la gobernabilidad. En términos prácticos, y en forma independiente a quien resulte ganador, los mexicanos seremos gobernados por un mandatario electo sólo por un tercio de los votantes. Es decir, que quien se convierta en el nuevo presidente no habrá sido elegido por una abrumadora mayoría, entre 65 y 70% de los electores efectivos que se estima acudirán a las urnas.

Si bien esa es la esencia de la democracia electoral, el triunfo de quien alcance el voto mayoritario, lo cierto es que esa recomposición de fuerzas -de un reparto de preferencias ciudadanas en tres tercios- supone un alto riesgo de legitimidad para el nuevo gobierno, además de que dificultará el delicado equilibrio para alcanzar el estado de gobernabilidad, condición indispensable para la vida democrática.

La legitimidad es un atributo del Estado que consiste en un grado relevante de consenso social tal que asegure la obediencia institucional. Es decir, que todo gobierno democrático requiere de un consenso social mayoritario para que se le reconozca como legítimo, para transformar la obediencia en adhesión. Pero como ya vimos, cualquiera llegaría con el consenso de sólo un tercio de los votantes, y un porcentaje mucho menor, si se toman en cuenta el total del padrón. Pero el asunto va más allá del respeto a las reglas del juego. Se inscribe en el terreno de la política, porque un gobierno que llega con el voto, por ejemplo, de 15 millones de electores, de un universo de 70 millones, no se podrá asumir como un gobierno que goza de cabal legitimidad.

La elección, en tanto proceso legal e institucional, legitimaría el eventual arribo al poder presidencial de AMLO, Calderón o Madrazo. Pero la legitimidad política del gobierno que surja, frente a los 55 millones que no votaron por él, dependerá del nuevo presidente. Y el único camino posible para esa legitimación es el de la política. Vale recordar que en el segundo debate, al hablar de la gobernabilidad, Calderón propuso un gobierno de coalición, Madrazo prometió incorporar a su gobierno a perredistas distinguidos, mientras que AMLO se comprometió a promover un gran acuerdo con todos los sectores.

El tiempo revelará el nombre del ganador, y si éste tiene la capacidad política para legitimar su administración y para garantizar la gobernabilidad. Pero en realidad no asistimos a un hecho inédito, por lo menos a nivel estatal. En las elecciones para renovar la gubernatura de Tlaxcala -noviembre de 2004-, el ex priísta y abanderado del PAN y de la Alianza Ciudadana de Tlaxcala -que incorporó al PT, a un sector del PRD y a dos partidos locales-, Héctor Israel Ortiz, ganó la elección con 34.90% de los votos. Derrotó al priísta Mariano González Zarur, que obtuvo 33.97% de los sufragios. La perredista María del Carmen Ramírez consiguió el 28.33% de los votos. Es decir, que el ganador sólo logró una diferencia de 0.93% de las preferencias -o si se quiere, por 40 mil votos-, y el estado se partió en tres grandes tercios.

Está claro que hay una gran diferencia entre Tlaxcala -que es de las entidades con el padrón electoral más pequeño- con lo que pasa a nivel nacional. Sin embargo, el fenómeno político electoral tiene muchos puntos de contacto con lo que se espera ocurra en la elección presidencial. Una elección cerrada al máximo, entre los dos punteros, un tercer lugar muy cercano, una sociedad dividida en tres grandes tercios, y un gobernador con escasa legitimidad. Y frente a esa crisis de legitimidad y de gobernabilidad, la solución fue política.

El mandatario tlaxcalteca, Héctor Israel Ortiz, entendió el conflicto e inauguró un impensable gobierno de coalición. Entregó al PAN las secretarías de Gobierno, Contraloría y Obras Públicas. Al PT las de Finanzas, Oficialía Mayor, Protección Civil, y Desarrollo Integral. Al PRI le entregó la de Comunicaciones y Transportes. Al PRD las de Ecología y Trabajo. A los empresarios (Coparmex), la de Desarrollo Económico. El resto de las posiciones del gabinete fueron repartidas entre los partidos de la Alianza Ciudadana por Tlaxcala. La política hizo posible la legitimidad y la gobernabilidad de la gestión de Héctor Israel Ortiz. Falta saber si harán lo mismo AMLO, Calderón o Madrazo. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx