Televisa le arrancó al Estado y al IFE el carácter de garante y regulador electoral

E n 1982, cuando el entonces hegemónico PRI destapó a De la Madrid como su candidato presidencial, el recién ungido anunció frente a la televisión privada que para hacer un diagnóstico certero de los grandes problemas nacionales, el PRI realizaría foros de consulta por todo el país. De inmediato, el entonces conductor estelar de Televisa, Jacobo Zabludovski, le tomó la palabra y ofreció que la televisora realizaría los foros.

Muy pronto los hombres del entonces candidato presidencial rechazaron la intromisión del ya poderoso monopolio de la televisión privada, con el argumento de que se trataba de un asunto serio. Dejaron a Televisa con un palmo de narices. En el gobierno de De la Madrid, vale recordarlo, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, impulsó la creación de los medios informativos de Estado -Imcine, Imer e Imevisión- como contrapeso a los poderosos grupos privados de radio y tv. Pero esos eran los tiempos de la hegemonía del PRI, de la antidemocracia y de la "dictadura perfecta".

Y la memoria viene a cuento porque casi un cuarto de siglo después, en las elecciones presidenciales de 2006, en la naciente democracia electoral mexicana, la televisión privada regresó por sus fueros. En la contienda electoral que vivimos, la imagen televisiva resulta indispensable para todo aquel candidato al puesto de elección que se quiera, desde alcalde hasta presidente de la República. Y estará condenado al fracaso electoral todo aspirante que no cuente con la popularidad y la imagen que reporta la televisión. Asistimos al caso típico de lo que Sartori bautizó como la "videopolítica".

Dice el autor: "La televisión condiciona fuertemente al proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en la forma de ayudar a vencer al vencedor. Además, la televisión condiciona, o puede condicionar fuertemente el gobierno, es decir, las decisiones del gobierno; lo que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer".

Lo que vimos la noche del pasado martes entre los candidatos presidenciales, más que un debate o confrontación de ideas, en realidad fue un ejemplo magnífico de la dependencia -que ha creado la televisión-, de la popularidad entre políticos, partidos y aspirantes a puestos de elección popular. No se trató de un debate, del esgrima de ideas, programas e ideologías, sino de la legitimación de la popularidad. Más aún, a partir de esa popularidad, la televisión, y en especial Televisa, se adueñó del papel de árbitro electoral y de garante de la legalidad y legitimación de esa elección. ¿Por qué?

Porque ante el más popular de los conductores de televisión, Joaquín López-Dóriga -y a propuesta de éste-, partidos y candidatos fueron llevados a la firma verbal de un pacto de civilidad. Es decir, que todos se comprometieron a respetar el resultado electoral que, casualmente, decidirá la popularidad -ese veleidoso valor mediático que da o quita-, más allá de las ideas y las propuestas. Televisa le arrancó al Estado, y al instrumento creado para ello, al IFE, el carácter de garante y regulador electoral. Y si hay dudas, sólo basta recordar el compromiso que se hizo ante López-Dóriga, como garante de calidad.

El mismo Sartori dice, respecto a los debates en televisión: "La televisión puede mentir o falsear la verdad, exactamente igual que cualquier otro instrumento de comunicación. La diferencia es que la fuerza de la veracidad, inherente a la imagen, hace la mentira más eficaz y, por tanto, más peligrosa... en el debate bien dirigido, al que miente se le contradice en seguida, pero esto sucede porque en los talk-shows -como su propio nombre indica-, se habla y, por tanto, en este contexto, la imagen pasa a segundo plano". ¿Cuántas mentiras vimos en el debate del martes pasado? ¿Quién las contradijo? ¿Cuántos potenciales electores se las creyeron y las esgrimirán como razones para defender o denostar a su preferido o a su candidato odiado?

No se trata de cuestionar los debates entre candidatos, y menos en tv, sino de censurar el formato que limita el intercambio de ideas, programas e ideologías. Y es que lo que vimos el pasado martes fue una pasarela de famosos, de popularidades ajenas a sus partidos, a las propuestas programáticas de éstos y a las ideas de su doctrina. Lo importante en ese debate no eran las ideas, menos las habilidades y el conocimiento que del arte de gobernar tienen los candidatos. Lo importante era pulsar la popularidad de cada uno de ellos, que es al mismo tiempo la fuente de poder de la televisión. El debate fue un termómetro para medir el poder de la tv. Si existiera una real confrontación, la derrota sería para la imagen y la popularidad.

Y Sartori también tiene una explicación a ese fenómeno: "Los efectos de la videopolítica tienen un amplio alcance. Uno de esos efectos, seguramente, es que la televisión personaliza las elecciones. En la pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas constreñidas a hablar con cuentagotas. En definitiva, la televisión nos propone personas -que algunas veces hablan-, en lugar de discursos sin personas". ¿Quién ganó con el debate? No ganaron los electores.

aleman2@prodigy.net.mx