Los ciudadanos no cuentan con instrumentos para expresar su inconformidad a partidos

C uando en el México del fin de siglo reinaban las elecciones de Estado, cuando la norma era que el partido en el poder organizaba y sancionaba los procesos electorales -además de imponer a los que con toda seguridad resultarían ganadores-, el sentido del voto ciudadano era lo menos importante, porque las alternati vas para votar eran prácticamente inexistentes. Votar era sinónimo de votar por el PRI. Por eso la sociedad mexicana del último tramo del siglo pasado urgía a transitar por la democracia electoral, por el fortalecimiento del sistema de partidos, por instituciones confiables en el respeto al voto y, sobre todo, por la pluralidad partidista. A un alto costo de vidas, a partir de un esfuerzo surgido como reclamo ciudadano por democracia, finalmente se llegó al fin de las elecciones de Estado, se construyeron instituciones creíbles, se fortaleció al sistema de partidos y se logró la pluralidad electoral reclamada.

Pero cuando los mexicanos ya vivimos en democracia electoral -y vista la participación ciudadana a las urnas en términos porcentuales-, ni ésta ni las elecciones confiables ni la pluralidad han estimulado mayor participación ciudadana en las urnas. Más aún, en el último proceso electoral en el que ganó un presidente del PRI -en la elección presidencial de 1994 votó 74 % del padrón, y eso que no se vivía en democracia electoral- se alcanzó una de las más concurridas elecciones de la historia.

No es una novedad que los políticos y sus partidos, del signo y la bandera que se quiera, gozan del mayor descrédito y rechazo ciudadano y que son vistos como un mal necesario, acaso el más pernicioso de los males. Pero si bien la democracia electoral trajo consigo un formidable paso en el perfeccionamiento de los procesos electorales, lo cierto es que mantuvieron cerrados instrumentos que cancelan la idea de que se vive una verdadera participación ciudadana en los procesos electorales, a pesar de que son muchos los que cacarean la avanzada legislación electoral mexicana.

Por un lado, para todos está claro que el sistema electoral mexicano, en los tiempos de la democracia, reforzó los mecanismos para exaltar el carácter patrimonial de las candidaturas a puestos de elección popular. Es decir, que sólo los partidos tienen la facultad de postular candidatos a dichos puestos, lo que contradice el espíritu del artículo 35 constitucional y el apartado F del artículo 205 del Cofipe, que establece que en la boleta electoral habrá un espacio para "candidatos o fórmulas no registradas". Los ciudadanos no tienen la posibilidad de participar fuera de los intereses y las burocracias partidistas.

Pero en el otro extremo, los ciudadanos tampoco cuentan con un instrumento para expresar su inconformidad y su rechazo a partidos, candidatos y/o al proceso electoral en su conjunto. La ley electoral mexicana, el Cofipe, está diseñada sólo para que los electores digan "sí" en la boleta electoral de todos los procesos comiciales, a favor de uno de los candidatos, partidos o fórmulas que se presentan como alternativa para votar. Según esa legislación, pareciera que se entiende que si un ciudadano no quiere a tal o cual candidato, tiene la posibilidad de votar por otra de las ofertas presentadas.

Si somos rigurosos, en ninguna elección mexicana, sea municipal, estatal o federal, se toma en cuenta el voto por el "no", como si el ejercicio del voto fuera "sí y sólo sí" por el voto afirmativo. Y si nos referimos al concepto básico del derecho a votar y ser votado, ese derecho lleva implícitas las opciones para decir "sí" o "no" a los candidatos o partidos propuestos. En todo caso, según la legislación electoral mexicana, el derecho a decir "no" se considera como sinónimo de abstención o incluso de anulación del voto.

Pero en rigor, la abstención y la anulación están muy lejos del "no" ciudadano, que puede ser "no" a un candidato, "no" a un partido o incluso "no" a todo el proceso, al sistema de partidos y hasta al sistema político electoral. Y el asunto viene a cuento porque especialmente en la elección presidencial del próximo 2 de julio, son muchos los ciudadanos a los que no convence ninguna de las alternativas presidenciales. ¿Qué posibilidades de expresión en las urnas tienen los ciudadanos que no se sienten representados por los candidatos con registro?

En rigor esos electores no tienen muchas opciones. Son orillados, en el mejor de los casos, a votar "por el menos malo" de los candidatos o, por lo menos, sumarse al "voto útil". Pero fuera de esas opciones, esos electores parece condenados a sumarse al elevado porcentaje de los abstencionistas o, peor aún, a los que anulan su voto. En el fondo, el sistema electoral mexicano parece diseñado para que los ciudadanos y los electores no puedan ejercer a plenitud su derecho al voto, que en uno de sus extremos es una extensión de la libertad de expresión. Y es que si los electores no pueden decir "no" en la boleta electoral, para sancionar con un rotundo "no" a candidatos, partidos y a procesos electorales en su conjunto, entonces los mexicanos somos ciudadanos con derechos acotados. Pero aún así, el "no" se puede rescatar, podemos votar por el "no". Pero abundaremos en otra ocasión.

aleman2@prodigy.net.mx