Era un secreto a voces. Pero también era una grosera intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. Entre juzgadores de todos los niveles y de las diversas instancias se sabía que el juez duodécimo de lo civil del DF, Carlos Miguel Jiménez Mora, había cedido a las presiones de la casa presidencial para condenar por daño moral a la escritora Olga Wornat y al semanario Proceso , en la demanda civil que en su contra interpuso la señora Marta Sahagún.

El pasado lunes dijimos que el juez de la causa "dejó fuera, de manera deliberada, las apelaciones de los demandados, porque con una sola de esas apelaciones que pudieran haber ganado, el Tribunal Superior de Justicia tendría que cancelar o dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez Jiménez Mora... Pero Wornat y Proceso han recurrido al Tribunal Superior, en donde tienen posibilidades reales de ganar las apelaciones que desestimó el juez de primera instancia. De conseguirlo, echarán abajo la sentencia y obligarán al juez a desahogar las pruebas pendientes que se había negado a considerar, para entonces dictar una nueva sentencia... Por lo pronto, en el Tribunal Superior el asunto será resuelto por el juez y doctor en derecho Édgar Elías Asar, de probada independencia".

Y en efecto, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF, a cargo del juez Édgar Elías Asar, dejó sin efecto la condena por daño moral que había dictado el pasado 2 de mayo el juez duodécimo civil, Carlos Miguel Jiménez Mora, quien ordenó el pago de casi 2 millones de pesos a la escritora Olga Wornat y la revista Proceso, como presuntos responsables por el delito de daño moral. La sentencia fue producto de una demanda civil presentada por la esposa del Presidente contra la periodista y el semanario, con el argumento que se le causó daño moral al publicar una carta que la señora Sahagún envió al Tribunal Eclesiástico para argumentar su pedimento de divorcio religioso.

En su libro Crónicas malditas y en las páginas de Proceso se difundió el texto de las intimidades expuestas en la citada carta por la señora Sahagún, de su relación anterior y durante su vida matrimonial con Manuel Bribiesca Godoy. La publicación de esa carta, según la señora Sahagún, es causal del delito de daño moral. Y en efecto, uno de los límites de la libertad de expresión es la intimidad de las personas. Nadie, del medio de información que se trate, tiene derecho a violentar la intimidad de los ciudadanos. En ese sentido, resulta saludable que cualquier ciudadano, sea o no funcionario público de alto nivel, se trate o no de la esposa del Presidente, tiene el derecho y hasta la obligación de demandar que se respete su intimidad y que se sancione a quienes lo violan.

Sin embargo, la casa presidencial no se quedó sólo en el ejercicio de ese derecho. Según juzgadores de diversas jerarquías, fue evidente que el juez duodécimo de lo civil, Carlos Jiménez Mora, que conoció de la causa, estuvo sometido a presiones externas que quedaron al descubierto cuando emitió su fallo a favor de la señora Sahagún. Y no es que pretendamos defender ni a la escritora -cuyo trabajo profesional puede ser lo cuestionable que se quiera-, y menos a Proceso, al que hemos criticado en diversas ocasiones. No, el asunto es que hay evidencias -confirmadas por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia- de que el juez atentó contra la división de poderes y, sobre todo, contra la liberad de expresión. Como en los tiempos del PRI, por satisfacer al Presidente en turno.

Resulta que el juez Jiménez Mora le dio entrada a varias apelaciones presentadas por la defensa de la escritora y del semanario, apelaciones que con escaso rigor profesional ignoró cuando dictó la sentencia. ¿Y por qué no las tomó en cuenta? Porque al considerarlas se corría el riesgo de no soportar legalmente su fallo. En pocas palabras, la consigna era hacer ganar a la demandada y presentar a los demandados como casos ejemplares de los presuntos excesos de la crítica al poder presidencial.

Por eso, cuando el caso llegó al Tribunal Superior, la primera sala dejó sin efecto la condena dictada a Olga Wornat y Proceso, con el argumento de que está pendiente el desahogo del testimonio del presidente Vicente Fox. Pero la nueva situación en que se encuentra la demanda abrió un nuevo territorio a la especulación, precisamente en sentido contrario al de la supuesta presión ejercida por la casa presidencial sobre el juez de la causa. Es decir, que ahora la parte acusadora ha desarrollado una línea de argumentación en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia del DF habría sido presionado por el Gobierno del Distrito Federal.

En esta línea de argumentación se dice que en el fondo del conflicto se localiza una escalada más de la guerra político-electoral entre el presidente Fox y el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal y candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que una de las partes, la acusadora, pretendería exhibir los supuestos excesos que cometen los críticos del poder presidencial, mientras que la parte acusada y sus defensores intentarían exhibir a la pareja presidencial. ¿Y el derecho a la intimidad? Es lo de menos. ¿O no?

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