Entre jueces se moteja como "de la caricatura" al otrora respetado Consejo de la Judicatura

E n el Poder Judicial en su conjunto, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia, entre jueces, magistrados y ministros, hay una preocupación creciente: la proclividad del Poder Ejecutivo a "meter la mano" en las decisiones del Poder Judicial. De esa forma, la anhelada "división de poderes" parece retroceder, precisamente en los tiempos de la naciente democracia y la alternancia en el poder, a los tiempos del otrora todopoderoso poder presidencial.

Y es que igual que en los mejores tiempos de la hegemonía presidencial del viejo PRI , "el gobierno del cambio", que presiden Vicente Fox y la señora Sahagún, ha influido de tal manera en decisiones judiciales, que entre juzgadores se moteja como "El Consejo de la caricatura" al otrora respetado Consejo de la Judicatura, debido a su incapacidad para hacer valer la división de poderes. Frente a esta situación, no son pocos los jueces, magistrados y ministros que en casos como el de la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia, por un grupo de senadores inconformes con la llamada "Ley Televisa", auguran que la Corte estará sometida a la presión ilegal e inmoral de dos formidables poderes: el Ejecutivo y el poder fáctico de las televisoras, especialmente de Televisa.

Como se sabe, la "Ley Televisa" fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Después, su colegisladora, la de Senadores, hizo trampa para aprobar las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones. Quedó claro para todos que el Poder Legislativo fue sometido por el poder mediático de la tv. Y a pesar de la presión social, el jefe del Ejecutivo también dio su aval a dicha reforma. Por eso, un grupo de senadores recurrieron al máximo tribunal constitucional, a la Suprema Corte de Justicia, a donde hicieron llegar una demanda de presunta inconstitucionalidad de la citada "Ley Televisa", en espera de que la Corte haga valer su inconstitucionalidad, aprobada sólo a partir del interés mediático-electoral de los candidatos presidenciales del PAN, PRD y PRI. El problema es que son muy pocos los que creen en la actuación imparcial del Poder Judicial, y que cada vez son más los que suponen que la Corte será sometida, por Televisa y por el Poder Ejecutivo, como ya ocurrió con el Legislativo.

Y no les falta razón a quienes tienen dudas sobre la división de poderes. El caso más reciente de esa presunta "mano negra" del Poder Ejecutivo en las decisiones del Judicial se confirmó cuando en una sentencia precipitada, harto cuestionada, el juez duodécimo de lo Civil en el DF, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió que en el juicio por daño moral interpuesto por la esposa del Presidente, Marta Sahagún, son responsables de ese delito la escritora Olga Wornat y el semanario Proceso, que deberán pagar una sanción económica a la afectada.

El problema se presentó cuando, incluso entre juzgadores federales y de la capital del país, se supo de las presiones ejercidas por la casa presidencial contra el juez Jiménez Mora, en cuya sentencia, por ejemplo, nunca se advierte de la existencia de media docena de apelaciones de la parte acusada -de la señora Wornat y del semanario Proceso-, que en su premura, por el interés externo que habría recibido, y aun en contra de la elemental práctica judicial, no tomó en cuenta, no respetó, y, por tanto, no le dio tiempo al Tribunal Superior de resolver.

Está claro para buena parte de los juzgadores preocupados por la grosera intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial, que el juez duodécimo de lo Civil del Distrito Federal dejó fuera, de manera deliberada, las apelaciones de los demandados, porque con una sola de estas apelaciones que pudieran ganar, el Tribunal Superior tendría que cancelar o dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez Jiménez Mora. Pero en este caso lo importante no era hacer justicia, y menos hacer valer la legalidad, sino seguir con la consigna de que el juicio fuera ganado por la esposa del Presidente.

¿Sería posible imaginar que la esposa de un presidente perdiera una demanda, por daño moral, con un puñado de periodistas y con un medio de información? En una democracia que se respete sería no sólo posible, sino saludable, pero en una democracia naciente, con un Poder Ejecutivo compartido, está claro que es imposible.

Pero Wornat y Proceso han recurrido al Tribunal Superior, en donde tienen posibilidades reales de ganar las apelaciones que desestimó el juez de primera instancia. De conseguirlo, echarán abajo la sentencia y obligarán al juez a desahogar las pruebas pendientes que se había negado a considerar para dictar nueva sentencia. En tanto, y ante la exhibición pública de que el juez Jiménez Mota se prestó a defender sólo los intereses de la familia presidencial, muchos esperan que el Consejo de la Judicatura cambie al juez, a fin de ofrecer imparcialidad en el caso. Por lo pronto, el asunto fue turnado al Tribunal Superior, y será resuelto por el juez y doctor en derecho Édgar Elías Azar, de probada independencia. Al tiempo.

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