Por supuesto que les asiste la razón a los candidatos presidenciales del PRD y del PRI cuando acusan al presidente Fox de impulsar una elección de Estado. Al mejor estilo de los gobiernos del viejo Revolucionario Institucional -administraciones que cuestionó en sus dos intentos por ser gobernador guanajuatense y como candidato presidencial del PAN-, el jefe del gobierno y del Estado mexicano, Vicente Fox, se convirtió en el principal promotor de Felipe Calderón.

El de Vicente Fox se convirtió en un grosero proselitismo que ameritó, incluso, la intervención de la Suprema Corte de Justicia y que ya obligó, por segunda ocasión, al llamado del IFE para que se abstenga de usar los recursos públicos, la imagen del cargo que ostenta y los programas y proyectos gubernamentales a favor de Calderón. En efecto, por congruencia democrática, por respeto a la legislación electoral, Vicente Fox debe cerrar la boca y quedarse calladito en los tiempos electorales.

Pero si bien resulta cuestionable el uso interesado y tramposo de la fuerza mediática, de la investidura presidencial, del peso del gobierno y el Estado mexicanos en favor de un aspirante presidencial, lo cierto es que el de Fox no es el único caso, ya que en el resto del país, incluido el DF, los ejecutivos estatales hacen lo mismo: vuelcan recursos públicos locales, la imagen de sus investiduras y su influencia estatal a favor de sus preferidos o de los candidatos de sus respectivos partidos.

Está claro que a nivel nacional resulta más llamativa la burda intromisión de Vicente Fox, pero en los niveles estatal y municipal es igual de llamativo el manoseo electoral de los gobiernos surgidos del PRI, PAN y PRD. Y los ejemplos están a la vista de todos. En el DF el jefe de gobierno, Alejandro Encinas, no sólo ha seguido los pasos de Fox, sino que ha utilizado recursos públicos para responder los spots del PAN, con otros spots con los que pretende la defensa legítima del gobierno a su cargo, pero que se convierten en proselitismo a favor del candidato presidencial del PRD.

Un caso similar, pero más burdo aún, es el del gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien junto con toda la parentela del presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, prácticamente han montado una elección de Estado en "Baja Sur", a favor del candidato de la coalición Por el Bien de Todos. Basta darse una vuelta por La Paz, por Los Cabos, por las principales ciudades de esa alejada entidad, para percatarse del grosero uso de todos los recursos del estado a favor de su preferido presidencial. Y lo mismo se pude decir del gobierno zacatecano de Amalia García, en donde, con más discreción, se da el mismo fenómeno que favorece a López Obrador.

El mismo abuso es perceptible y ha sido denunciado en las entidades gobernadas por el Revolucionario Institucional -con la excepción de Sonora, en donde el gobernador Eduardo Bours se ha convertido en un abierto adversario de Madrazo-, sobre todo a partir del inicio de las candidaturas a diputados y senadores. Pero son escandalosos los casos de Tabasco y Oaxaca, en donde sin pudor alguno los gobiernos de Manuel Andrade y Ulises Ruiz se han convertido en abiertos promotores del candidato Roberto Madrazo Pintado.

Y en el PAN, además del proselitismo del presidente Fox, su candidato también encuentra groseros apoyos de los gobiernos de origen panista, pero sobresalen los casos de Jalisco, Guanajuato y Yucatán, en donde los mandatarios estatales son los más descarados promotores de Calderón. Más aún, si hacemos memoria, recordaremos que el gobernador que destapó en un lance prematuro a Felipe fue precisamente el de Jalisco, lo que le costó al entonces precandidato ser echado del gabinete foxista.

En el fondo, y más allá de la diferencia entre el peso específico del Presidente, del jefe de gobierno del DF, y de gobernadores de otras entidades, lo cierto es que ninguno de los tres grandes partidos en contienda y ninguno de sus respectivos aspirantes presidenciales se salvan del uso tramposo de los recursos de los estados que gobiernan, lo que convierte al arbitraje del IFE en una mera llamada a misa. Es decir, que el llamado del árbitro para que los tres niveles de gobierno se abstengan de hacer campaña a favor de los abanderados de sus respectivos partidos no será tomado en cuenta, a pesar de las sanciones que se puedan aplicar. ¿Por qué?

Porque en una lucha de y por el poder, como la que se vive en México, lo que menos importa a los partidos y candidatos son las reglas del juego. Y esa película ya la vimos los ciudadanos, sobre todo en las elecciones de julio del 2000. El PRI y el PAN, sus candidatos Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox, rebasaron el tope de campaña, lo que se comprobó en los escándalos Pemexgate y Amigos de Fox. Pero no pasó nada, se pagó la multa y punto. Y es que la violación de las reglas del juego, el pago de la sanción, es parte del presupuesto de la lucha por el poder. Y frente a ese cinismo de la política mexicana, no hay llamado que valga. ¿O no?

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