Mientras que los tres principales candidatos presidenciales pasean por todo el país sus frívolas estrategias para ganar el voto popular; mientras que pelean por una silla vacía en el debate del próximo martes, mientras que riñen por vivir o no en el Palacio Nacional, y en tanto unos y otros se dicen afectados por la "guerra de spots ", la criminalidad en la capital del país parece desbordada, el crimen organizado refuerza su feroz control en entidades enteras, como Guerrero y Tamaulipas, y las torpezas de gobiernos estatales y el federal producen enfrentamientos a balazos entre policías y obreros.

Lo mismo Andrés Manuel López Obrador, que Felipe Calderón Hinojosa y Roberto Madrazo Pintado, parecen buscar el voto ciudadano para alcanzar el poder presidencial, pero de un país inexistente, en donde a ninguno de los tres les importa la alarmante criminalidad desatada en el Distrito Federal, la ferocidad de las bandas criminales y del narcotráfico, que se ha apoderado de regiones enteras del país, y menos parece interesarles la profunda crisis sindical y la incapacidad oficial por resolver mediante el diálogo un paro laboral, legítimo o no, que ya cobró dos vidas.

Más aún, pareciera que en sus disputas electorales, en donde sólo está en juego el poder por el poder, los tres candidatos presidenciales -sus simpatizantes y hasta apologistas-, le apuestan a incendiar el país, a debilitar las instituciones, a la exaltación interesada de una crisis general en donde luego de la refriega electoral los únicos ganadores serán aquellos grupos que tienen en la ingobernabilidad el mejor de los mundos. Ni López Obrador, ni Calderón Hinojosa ni Roberto Madrazo Pintado pueden seguir jugando con fuego, a riesgo de terminar peleando sobre los escombros de la naciente democracia mexicana.

Si existiera entre Obrador, Calderón y Madrazo un mínimo de responsabilidad, de compromiso por el país que dicen querer gobernar, si en realidad estuvieran dispuestos a anteponer sus intereses personalísimos de poder por sobre el interés de 100 millones de mexicanos, habrían sido los primeros en proponer a los electores un acuerdo mínimo para que sus diferencias y disputas no sean el caldo de cultivo para la ingobernabilidad, para que el país o regiones enteras del mismo no sean el territorio de las bandas criminales, para que las disputas de poder como la del sindicato minero no terminen en la barbarie.

La guerra electoral, sobre todo en momentos en donde el jefe de las instituciones parece más preocupado por su candidato presidencial, es el clima ideal para el despliegue de aquellos grupos delictivos y de poder. Por eso la responsabilidad mayor, en tanto jefe del Estado y del gobierno mexicano, es del presidente Vicente Fox, quien en un delicado momento como el que se vive -en donde no sólo está en juego la sucesión presidencial, sino la preservación de la gobernabilidad sobre la que se deberá erigir el nuevo régimen-, más que parte interesada en la contienda electoral, debe asumir su responsabilidad como garante institucional de esa gobernabilidad, ingrediente indispensable para una elección con los mínimos de seguridad y confianza sociales, y estabilidad política.

Esa responsabilidad se traslada, igualmente, a los gobiernos estatales -especialmente en casos como los de Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, entre muchos otros-, en donde los mandatarios locales deben hacer a un lado filias y fobias partidistas para asumir la parte que les toca en la gobernabilidad que reclama el proceso electoral que vivimos. Pero la realidad es muy distinta, los candidatos presidenciales prefieren seguir en la frivolidad de la silla del debate, en la vivienda del Palacio Nacional y en la ridícula guerra de spots.

El México real

Parece que no entienden que para millones de mexicanos, potenciales electores, es más ofensivo que un spot, más importante que una silla en un debate o pretender vivir en Palacio Nacional -para pretender emular a Juárez-, que en el Distrito Federal la criminalidad alcanza niveles de desesperación, de indignación. Es más preocupante que le cueste la vida a un ciudadano -como le costó la vida al maestro Honorio Hernández, el pasado miércoles- la defensa de su automóvil. El profesor Honorio Hernández fue asesinado cuando impidió que le robaran su vehículo, uno más de los miles de hechos delictivos que no le importan a ninguno de los candidatos presidenciales, y menos a jefes de Gobierno, mientras que aspirantes presidenciales, partidos, medios y defensores de tal o cual candidato pelean por un "ofensivo spot".

Presidenciables, pretendientes a jefes de Gobierno, a diputados federales y senadores se pasean por un país que no existe, exhiben sus brillantes estratagemas ante un electorado que, en el México real, el de la violenta ciudad de México, son asaltados, robados y asesinados. ¿Qué le explicarán a la esposa, a los hijos, a los padres y hermanos de Honorio Hernández los candidatos presidenciales o a jefe de Gobierno, de cualquiera de los partidos en disputa? El insulto no son los spots, sino la inmoral, la sucia competencia electoral.

La silla

En respuesta a la grosera estrategia electoral del puntero, del señor López Obrador, quien se negó a debatir -como si los partidos y las candidaturas a puestos de elección popular no fueran de interés público-, los genios del PAN y el PRI tuvieron la "brillante idea" de colocar una silla vacía en el debate previsto para el martes venidero. Guerra de palabras; que si fue una genialidad la negativa a debatir, que si fue una torpeza la silla vacía como respuesta.

Debate "de altura", mientras que con o sin silla para viajar con los mínimos de seguridad, de Guadalajara a Tabasco, medio centenar de mexicanos perdió la vida en un accidente carretero. Y entonces no hubo sesudos análisis, ni exaltados debates. Entonces nadie supo y nadie vio, entonces a nadie se le ocurrió que se podía recurrir a la Suprema Corte, y nadie dijo que se pudo haber tratado de un complot. ¿A quién de los candidatos, a cualquiera de los puestos de elección popular, les importó que son cientos, si no es que miles, los camiones de pasajeros que por las carreteras mexicanas son verdaderos ataudes rodantes?

Vivir en Palacio

Desde hace semanas, el candidato Andrés Manuel López Obrador se aventó la puntada de que viviría en el Palacio Nacional, una vez que ganara la elección presidencial del 2 de julio. Para muchos la valentonada no fue más que parte de ese juego discursivo de AMLO, con el que pretende hacer creer que la elección ya está decidida, que ya no hay nada que hacer, y que a pesar de las encuestas, él y sólo él es el ganador. Vivir en Palacio Nacional, una frivolidad que fue respondida con otra ocurrencia, no menos frívola, del presidente Fox: la de convertir el Palacio Nacional en un museo.

Otra vez la frivolidad por sobre la propuesta seria. Y mientras que AMLO dice que pretende vivir en Palacio Nacional, como un acto de "sobriedad" más que de "opulencia", porque su idea es vivir y despachar "donde vivió, despachó y murió Juárez" -total, si ya se comparó con Jesucristo, que más da que ahora se asuma como Juárez-, la izquierda que dice representar no ha sido capaz de asumir una posición seria por los obreros mineros que el pasado jueves fueron reprimidos por policías federales y estatales de Michoacán.

Las organizaciones políticas y los partidos que se identifican con la izquierda, en todo el mundo, tienen en la organización y la lucha obrera una de sus tareas fundamentales. Pero la izquierda que dice representar el candidato Andrés Manuel López Obrador, la de la coalición Por el Bien de Todos, no quiere saber nada de la crisis que viven los mineros, agrupados en el Sindicato Nacional Minero, una empresa familiar que detenta el pillo Napoleón Gómez Urrutia. Y en lugar de estar cerca de los trabajadores de las minas, de encabezar su organización, de abanderar sus causas, el jefe de la izquierda institucional está preocupado por vivir en Palacio Nacional cuando sea presidente, porque cree que será el moderno Juárez. El benemérito del nuevo siglo. Resultaría de risa loca, si no fuera porque es una ofensa para todos la forma en que fueron reprimidos los mineros y el desinterés del candidato que dice representar a la izquierda.

Y es que en el otro extremo, en el del gobierno federal y el gobierno de Michoacán -los mineros reprimidos son trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas, enclavada en esa entidad-, el derechista presidente Fox y el izquierdista gobernante estatal fueron incapaces de resolver un conflicto sindical, obrero-patronal, ya no se diga con las artes políticas de la derecha o de la izquierda, sino con la razón, la sensatez y el sentido común. Vicente Fox, al que se le ocurrió la brillante idea de convertir en museo el Palacio Nacional para impedir que AMLO viva en ese recinto, no se le ocurrió una mejor idea que reprimir a los mineros de Las Truchas para recuperar las instalaciones de la siderúrgica.

Y a Lázaro Cárdenas Batel, el nieto del general, al hijo del "líder moral" de la izquierda, y gobernador de Michoacán, no se le ocurrió otra cosa que enviar a la policía estatal armada hasta con rifles de asalto. Todos saben que la crisis de los mineros se desató a partir de Pasta de Conchos, una tragedia producto de la irresponsabilidad de empresa y dirigencia sindical a la que siguió una torpeza más, la persecución del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que primero solapó el gobierno de Fox y al que luego intentó perseguir. Más aún, en esa cadena de errores y torpezas, al paro que anunciaron los mineros de Michoacán el gobierno federal y el local respondieron con la "inteligente" estrategia de la represión. Y claro, los seguidores del candidato presidencial López Obrador quieren exculpar al izquierdista gobierno de Cárdenas Batel, como si pudieran tapar el sol con un dedo.

La guerra de ´spots´

Pero ahí tampoco terminan los despropósitos político-electorales. En días pasados se inició la que fue conocida como la "guerra de los spots, mensajes de televisión en donde los candidatos del PAN y el PRI pretenden, en efecto, a través de spots negativos para AMLO, restarle votos. Pero una discusión que no debió pasar más del terreno electoral y de la competencia del árbitro de la elección presidencial se trasladó al espacio de la confrontación social y del ataque despiadado a las instituciones, como el IFE. Un primer dictamen recomendaba suspender los mensajes, pero el voto del Consejo General decidió que, salvo una corrección menor, los mensajes eran legales.

Cuando apareció el dictamen, el IFE fue calificado por AMLO y sus seguidores como una institución ejemplar, pero cuando el Consejo General validó los mensajes, entonces el IFE fue colocado en el lado de los "perversos" que intentan quitarle a López Obrador su triunfo. La guerra seguirá en los días que restan para la elección del 2 de julio, ganará espacios y nuevamente "sesudos" análisis y encendidos editoriales.

Pero otra vez los candidatos presidenciales, el gobierno federal y gobiernos estatales, como el de Guerrero, siguen transitando por un país inexistente, en una elección que cada vez está más lejos del México real. Y es que la verdadera guerra, la que amenaza con desbarrancar a la propia contienda presidencial, se da en entidades como Tamaulipas, el Distrito Federal y Guerrero. En esta última entidad, en las horas previas al primer informe del gobierno dizque izquierdista de Zeferino Torreblanca, el crimen organizado, y su brazo más violento, el narcotráfico, envió un macabro mensaje.

La mañana del pasado jueves aparecieron en una dependencia del gobierno de Guerrero las cabezas de dos policías estatales que fueron decapitados presuntamente por narcotraficantes, quienes acompañaron el mensaje de muerte con la leyenda: "Para que aprendan a respetar". La guerra del narcotráfico contra gobiernos estatales y contra el Estado mexicano todo, es en realidad una guerra contra la sociedad toda, que afecta a millones de ciudadanos y de potenciales electores, que ha convertido a extensas regiones del país en tierra de nadie, donde las instituciones no son más que burocracias decorativas y en donde los mandatarios son los cárteles de la droga.

Y ese es el caso de Guerrero, entidad gobernada por un político que se dice del PRD, que se identifica con la izquierda mexicana, y en cuya administración, apenas de un año, el crimen organizado y el narcotráfico han impuestos sus reales. Y en efecto, la lucha y el combate al narcotráfico son responsabilidad del gobierno federal, pero ya el propio gobernador Zeferino Torreblanca y el alcalde de Acapulco, Félix Salgado, prefirieron esconder la cabeza. Guerrero, todo, y Acapulco, en particular, como Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, y muchos otros estados, viven una verdadera guerra en la que ni los presidenciables, ni los gobiernos federal, estatal y municipal parecen interesados, y en donde tampoco los medios, y los aplaudidores de unos y otros aspirantes a la Presidencia parecen interesados. Esa es la guerra, y no pequeñeces como los spots. Al tiempo.

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