Para nadie es novedad que en momentos en que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo -como ocurrirá en las elecciones del próximo 2 de julio-, en el Poder Judicial y, sobre todo en su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes no son ajenos al cambio de poderes y menos cuando son muchas las posibilidades de que el Ejecutivo puede mudar de partido en el poder presidencial.

Contra lo que algunos suponen, en el Poder Judicial también se cruzan apuestas, se defienden preferencias y se expresan simpatías por tal o cual presidenciable, porque con las próximas renovaciones están en juego trayectorias de jueces, magistrados y ministros que, habilidosos como pocos, se mueven y mueven sus piezas, sus relaciones, y hasta enfilan sus decisiones en sintonía con sus filias políticas y sus proyectos personales a futuro.

Y no se trata de señalar que tales o cuales decisiones de colegiados como de la Suprema Corte de Justicia, de la Judicatura o de jueces o ministros obedezcan a intereses personales, sino que existe una innegable influencia de las simpatías partidistas en la toma de ciertas resoluciones. El Poder Judicial, la Judicatura y la Suprema Corte, en tanto instancia del Estado, no parecen o no están ajenas al recambio en los otros dos poderes.

Así, por ejemplo, la exoneración del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, pareció influida por las presiones que habría ejercido sobre algunos ministros el partido en el poder. La caída de un gobernador, por presunta corrupción, es en tiempos electorales un dardo envenenado dañino para un candidato presidencial. A su vez, la negativa de atraer la disputa comercial entre las empresas mediáticas Radio Centro e Infored también mostró tintes de que ministros de la Corte -como Olga Sánchez Cordero- prefirieron congraciarse con el poderoso Grupo Radio Centro, antes que perder una amistad de toda la vida y enfrentarse en tiempos sucesorios a ese poder mediático. Y la más reciente resolución de la Corte -de atraer e investigar el caso Marín-Cacho- dio muestras de que en el colegiado se confrontaron dos posiciones que se antojan antagónicas y que, por casualidad o no, parecieran representar a las visiones de los dos más aventajados candidatos presidenciales: al conservador Calderón y al presunto izquierdista AMLO.

Frente al escándalo mediático desatado a raíz de la exhibición de audios ilegales que dejan ver al góber precioso en una presunta conspiración contra la escritora -y en donde queda claro que el Ejecutivo estatal habría violentado los derechos humanos y las garantías individuales de Cacho-, la Corte prácticamente se dividió, entre los ministros para los que las evidencias son insuficientes para que intervenga la Corte, y los que consideran que existen elementos suficientes para la indagatoria.

En el fondo, y más allá de que las instituciones del Estado están obligadas a preservar los derechos humanos y las garantías individuales de la escritora, y de profundizar en el conflicto, que es la persecución y el castigo de los pederastas, cierto es que el asunto muestra indicios de haberse contaminado de la lucha político-electoral del momento.

En efecto, nadie en su sano juicio estaría en contra de que la PGR, las cámaras del Congreso y la Suprema Corte investiguen y sancionen la relación entre Mario Marín, las bandas de pederastas y la persecución ilegal contra Lydia Cacho. Pero lo cierto es que en la resolución de la SCJ -como no ocurrió en los poderes Legislativo y Judicial-, quedó claro que el asunto fue visto, atendido y resuelto desde la lente de la rentabilidad política, más que desde el mirador jurídico. ¿Por qué? Porque los argumentos de los ministros que votaron a favor de que la Corte asumiera la investigación se emparentaron más hacia la satisfacción mediática y política que hacia la responsabilidad legal.

No es un descubrimiento que el escándalo Marín-Cacho fue detonado desde el PRD -sin demérito del trabajo de la periodista por investigar y denunciar las redes de pederastas-, y que ha sido utilizado como herramienta electoral. Tampoco es novedad que ministros como Genaro Góngora y José Ramón Cossío -abiertos promotores de que la Corte atrajera la investigación del caso- son simpatizantes de AMLO -como simpatiza con Calderón el presidente saliente, Mariano Azuela-, y que ambos aspiran a presidir el máximo tribunal. Frente a esas "casualidades", queda claro que también en la Corte se juega la sucesión presidencial.

Pero el asunto de fondo tendría que ver con un rumor que corre entre jueces, magistrados y ministros, que señala que un grupo de altos funcionarios trabajan en un proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación -en la hipótesis de que las elecciones sean ganadas por AMLO-, similar al que realizó en el gobierno de Zedillo el ministro presidente Ulises Schmill Ordóñez, de quien José Ramón Cossío era jefe de asesores. El tiempo dirá la última palabra.

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