ATLANTA, Georgia.- Sonny Purdue, el gobernador de Georgia, el estado con el mayor arribo de indocumentados en los cinco últimos años en este país, se sumó a una docena de mandatarios en EU que tomó acción unilateral contra ellos al firmar este lunes una ley en la que les reduce sus derechos, les empieza a cobrar impuestos directos -indirectos pagan hace tiempo en forma de alimento, vivienda y servicios-, y castiga a los patrones que les den trabajo. Es una de las iniciativas más duras que se han hecho ley, que los políticos más conservadores celebraron y los empresarios, que originalmente la apoyaban dejaron de estimularla cuando descubrieron que parte de ella afectaba plenamente sus intereses.

Georgia muestra la contradicción del problema de una nueva ley migratoria. Con una población de indocumentados que puede llegar a casi un millón, mayoritariamente mexicanos, y que crece cada mes, el 80% de los habitantes de este estado deseaba que el tema fuera discutido por la Asamblea local y se encontraran soluciones aceptables para todos. Pero los políticos, subidos en la ola de la seguridad territorial estadounidense que ha provocado una marejada conservadora y reaccionaria en las comunidades anglosajonas, están optando por medidas draconianas. Estas comunidades son las que mayoritariamente votan, y en Georgia el gobernador, la mayoría de los funcionarios estatales y todos los 236 diputados locales, buscarán la reelección en noviembre. Sus intereses políticos chocan con los económicos y con los temores empresariales y de los políticos -aunque éstos no los reconocen públicamente-, de que una ley que frene el flujo de indocumentados golpeará directamente a la economía.

Otra vez, el fondo no es político, sino económico. Georgia es un buen caso de estudio de cómo la inmigración está modificando patrones de comportamiento y los flujos económicos y de negocios. Hasta hace poco más de 10 años, este estado no figuraba entre los de mayor inmigración, pero cuando tuvieron que construir las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1996 y no tenían suficiente mano de obra, las autoridades federales le hicieron saber sutilmente a las mexicanas que trajeran cuantos trabajadores indocumentados pudieran, y que los policías migratorios no actuarían en su contra. Fueron los trabajadores mexicanos quienes hicieron posible que Atlanta cumpliera con su compromiso olímpico, y cuando la patrulla fronteriza quiso regresar a sus tareas habituales, ya no fue posible. Los trabajadores mexicanos habían decidido que se quedarían, convirtiendo a Georgia en el segundo estado de donde más remesas se envían anualmente a México. Atlanta, su capital, sede de varias decenas de las 500 corporaciones más importantes del país, será en menos de una década un nuevo Los Ángeles. Hoy se puede vivir diariamente con el puro español, y por las mañanas encontrar a decenas de mexicanos en las gasolineras en espera de que los contraten por jornada sin que la policía haga nada.

Hace un tiempo decidió comenzar a detenerlos mientras conducían sus vehículos. La policía se topó con un muro porque los indocumentados representan el mejor mercado de los autos usados, reportando utilidades a los distribuidores por cerca de 50 mil millones de dólares anuales, que significan 70% del total de ese negocio. Los distribuidores y las aseguradoras se quejaron de las pérdidas que les estaba causando la policía y el impacto en los impuestos que dejarían de pagar. Los arrestos, como empezaron, pararon.

Nadie preguntó en ese momento por qué, contra la ley que exige que en cada venta de automóvil se muestre la licencia de conducir, los distribuidores habían vendido los autos a los indocumentados. Nadie necesitaba saber lo que ya sabían: era un muy buen negocio. Tanto, que la policía creó su propio circuito perverso. Actualmente se dan casos diariamente en los que la policía detiene a indocumentados en autos y les ofrece que en lugar de llevarlos a la cárcel y enfrenten un juicio -la mayoría no tiene para abogados-, les den 300 dólares de mordida, en lugar de pagar una multa de dos mil. En todo caso, aún si optaran por arrestarlos, no tendrían espacio en las cárceles para detenerlos durante el juicio, y si lo hicieran, la industria de la construcción, la de alfombras, enfermerías y empacadoras de pollo entrarían en crisis porque desaparecería su mano de obra, sin contar con centenares de departamentos donde, por el temor de un problema, son los mejores pagadores.

Eso sucedió el año pasado, pero no por culpa de la policía, sino por el huracán Katrina. Para las tareas de salvamento de Nueva Orleáns, su deshidratación urbana y su limpieza, pocos anglosajones y negros quisieron ir al rescate de esa ciudad en el golfo de México. Los mexicanos se apuntaron para luchar contra las aguas negras y los químicos que acumulaban las fétidas lagunas en las calles de Nueva Orleáns, por lo que 150 mil trabajadores mexicanos indocumentados dejaron el mercado laboral en Atlanta y 60 condados aledaños para irse a esa ciudad. El resultado de esa nueva migración está por verse, pero muchos no regresaron. Es posible que ante el abandono del gobierno federal, Nueva Orleáns se convierta en breve en ciudad mexicana. Otras, mucho menos conspicuas, se han vuelto increíblemente mexicanas, como Birmingham, Alabama, uno de los campos de batalla de los derechos civiles de los negros en los 60, donde los mexicanos dominan los trabajos al grado de enviar anualmente a su país 900 mil dólares, siendo el punto número uno de envíos de remesas en Estados Unidos.

La migración mexicana ha cambiado de varias maneras a este país. En Atlanta, donde se encuentra el cuartel general de la Coca-Cola, se llegó a vender "Coca nacional y Coca importada", porque los mexicanos no querían su refresco con fructuosa sino que habían creado un mercado para la importación de las cocas desde México, donde se producen con azúcar. Hoy en día, la Coca-Cola piensa introducir su fórmula mexicana al mercado estadounidense. A Pepsico le sucedió algo similar: el 60% de sus nuevos productos en el mercado nacional se originaron en México. Sólo en los suburbios de Atlanta, los mercados atendidos por coreanos son de mexicanos, y elegantes restaurantes de diferentes cocinas del mundo, atendidos por los típicos blancos, protestantes y anglosajones, también. Conservadores y liberales estadounidenses consideran el fenómeno como una amenaza para su cultura. Alguien más cínico, en el otro bando, podría argumentar justicia poética. Pero al final del camino será el balance de la economía nacional -los mexicanos generan más producto en este país que todo el Producto Interno Bruto de México- lo que acabe determinando el futuro de las leyes de migración.

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