Independientemente de que la Suprema Corte de Justicia decidió ayer finalmente crear una comisión que investigue si el gobernador priísta de Puebla, Mario Marín, incurrió en posibles violaciones a las garantías individuales de la escritora y periodista Lydia Cacho, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, advirtió que si se llega a la conclusión de que hubo violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de la autora de Los demonios del edén y si se violó la Constitución y las leyes de Puebla, se tendrán elementos para que el Congreso de la Unión actúe en su contra: en San Lázaro se podría iniciarle juicio político y en el Senado, declarar la desaparición de poderes en la vecina entidad y la consecuente destitución del góber precioso .

Seis de 10 ministros del máximo tribunal de justicia del país -de los 11 que son, ya que uno de ellos está de vacaciones- votaron a favor de que se aceptara la solicitud presentada por diputados y senadores para que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución, la Corte nombre a alguno o algunos de sus miembros o a varios comisionados especiales, si así lo pidiere el Ejecutivo federal y las cámaras del Congreso de la Unión, "para que se averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual". Y en otra votación, por ocho votos a dos, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia decidieron que la comisión que investigará a Marín sea integrada no por ninguno de ellos, como sucediera en el caso de la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, sino por dos magistrados en materia penal del Poder Judicial de la Federación: Emma Mendoza Fonseca y Óscar Vázquez Marín.

Los ministros de la Corte precisaron que ésta no llevará a cabo una averiguación previa y que los resultados de la misma no permitirían fincar responsabilidad alguna, sino que su actuación sería coadyuvante para encontrar la verdad de lo ocurrido. Reconocieron que "no puede ocultarse el interés, el entorno, que existe en la sociedad, por esclarecer este hecho, para que el alto tribunal ejerza su facultad de investigación", dados los indicios y datos suficientes que se han aportado.

La presidenta de la Cámara de Diputados reconoció que si bien esa investigación de los magistrados no tendrá carácter vinculatorio a las peticiones de juicio político y de desaparición de poderes recibidas en San Lázaro y en la vieja casona de Xicoténcatl, sí permitirán contar con elementos para que se ejerza alguna acción contra el gobernador poblano que de manera reiterada y arrogante ha dicho que no dejará el cargo y que quienes le han hecho acusaciones le van a hacer "lo que el viento a Juárez".

Y si el viento ciertamente no le hizo nada al Benemérito de las Américas, al góber precioso sí podría lanzarlo por un balcón de la Casa Aguayo, si los diputados deciden iniciarle juicio político o si el Senado llega a contar con elementos suficientes para declarar la desaparición de poderes, una vez que la Suprema Corte de Justicia concluya esta nueva encomienda.

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