En medio del griterío, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, está intentando una jugarreta política que tiene múltiples implicaciones para la vida privada de los ciudadanos y para la confianza y credibilidad futura del IFE. Abascal, tan terso en su trato como radical en su accionar, quiere una nueva ley de población donde la información de la credencial de elector pase en forma automática a los bancos de datos del gobierno federal. Esto significa que el trabajo de años -con el costo multimillonario para los contribuyentes- del IFE para ir creando un padrón electoral que fuera construyendo una cultura de confiabilidad en las elecciones y modificando la percepción de fraude sistémico, se vea seriamente amenazado por la pretendida intromisión del gobierno foxista en el órgano autónomo electoral y su deseo de que, por ley, su información más preciada, la de los electores, sea incorporada en la Clave Única de Registro de Población, conocida como CURP. Qué fácil.

Un par de enmiendas escondidas en la hoja 31 de las 35 que compone el anteproyecto de dictamen de la Ley General de Población, cuyo proyecto de decreto tienen las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Gobernación y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, pretenden abrir a los mexicanos en canal. Las enmiendas más sensitivas se encuentran en los artículos 103 y 112 del capítulo del Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana, donde se involucra a la credencial electoral con fotografía. En el 103 se establece que la Secretaría de Gobernación pondrá a disposición del ciudadano la Cédula de Identidad Ciudadana, "o bien expedir la constancia de validación a la credencial emitida" por el IFE; en el 112, se añade que "de igual forma proporcionará la clave única de registro de población, la cual una vez incorporada a la credencial de elector, con la validación de la Secretaría de Gobernación, ésta adquirirá el rango de cédula de identidad".

Estas 153 palabras de la Enmienda Abascal son una revolución profunda. De entrada, la credencial para votar con fotografía que emite el IFE quedaría sujeta a un proceso de validación totalmente distinto para el fin con el que fue creada, que tenía que ver con la construcción de la confiabilidad en la limpieza de los procesos electorales. La Enmienda Abascal pretende que la validación pase a manos del gobierno federal, con lo cual quita autonomía al IFE y manda la independencia del árbitro electoral a los tiempos en que el gobierno era la cabeza suprema del órgano. Pero también se apodera de información confidencial para ser utilizada ya no en la verificación de un elector, sino para fines y objetivos que en nada tienen que ver con elecciones. La credencial de elector con fotografía sintetiza un largo esfuerzo por la credibilidad en esos procesos y miles de millones de pesos invertidos para transformar la cultura de la sospecha en una de certidumbre electoral, lo que le ha valido al IFE el reconocimiento mundial. Hoy, por la puerta de atrás, se pretende derrumbar lo alcanzado. Incorporar la CURP a la credencial de elector es regresar a la fase final de la presidencia autoritaria priísta, al otorgarle legalmente el derecho de intromisión en el banco de datos del IFE, lo que seguramente provocará un rechazo de los partidos políticos que se sentirán espiados y sospecharán, con base fundamentada, que esa información ciudadana podrá ser manipulada.

La Enmienda Abascal revive la vieja discusión sobre la cédula de identidad nacional y debería evitar que el ruido ensordecedor de las efímeras campañas presidenciales esconda la toma de decisión de una ley que afectará en el largo plazo a millones de mexicanos. En los anteriores debates sobre la cédula de identidad nacional siempre se cuestionó el uso que daría el gobierno a ese carnet. El temor no era gratuito. Por ejemplo, el uso cotidiano de las listas de correo que se venden con fines comerciales, hace que los datos de un cliente sean conocidos por empresas a quienes ese cliente no autorizó la posesión de su información personal, que consideraba confidencial, práctica que es una invasión a la privacidad y una violación a la confidencialidad. Aspectos más delicados como la información financiera es utilizada para fraudes bancarios o para el establecimiento de listas de posibles secuestrables. La sospecha de ilegalidad es tan grande que el gobierno del Distrito Federal dispuso que cuando una persona presenta una denuncia ante el Ministerio Público, puede solicitar que los datos de su domicilio sean dados en forma separada y secreta.

¿Qué puede suceder si se aprueba la Enmienda Abascal? De entrada la CURP, que es una clave utilizada por la Secretaría de Hacienda para fines fiscales, tendría en la credencial de elector un instrumento informativo para fines ajenos a los procesos electorales. Con los antecedentes de auditorías con sello político, el acceso a esa información traslada peligrosamente el ámbito fiscal de lo público a lo privado sin mayor problema. Más aún, la información del IFE engrosaría las bases de datos insuficientes que tienen las policías federales sobre los ciudadanos, quienes encontrarían en el padrón electoral una riqueza inesperada de información. Nuevamente, si no existieran los antecedentes del mal uso de información por parte de las policías, la discusión no estaría en el temor por la seguridad personal de los ciudadanos, sino únicamente en el ámbito de la intromisión a la vida privada. Pero aquí se juntan los argumentos sobre la intromisión en la vida privada mediante la destrucción de la autonomía del IFE, con el temor del uso que dará a esa información el gobierno federal, y con la forma tan brutal como se pretende herir de muerte a un largo proceso de consolidación democrática. Son demasiados los asegunes para que este anteproyecto no sea detenido de inmediato y revisado, so riesgo de que el secretario Abascal se salga con la suya y lleve a México a un enorme salto para atrás, con la complacencia de todos aquellos que, viendo lo que estaba sucediendo, callaron la boca.