Zacarías Moussaoui es un terrorista. Lo admite; formaba parte de las redes de Al Qaeda infiltradas en Estados Unidos. Con esto no hay ningún problema: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y se suman, además, pruebas de toda clase. Es el único acusado en Estados Unidos por los atentados criminales del 11 de septiembre. Pero... un momento, él admite ser terrorista y haberse preparado para cometer crímenes después del 11 de septiembre. De los acontecimientos de ese día, él dice, nada sabía. Se preparaba para una ola de ataques posterior al 11 de septiembre. Nada acepta en relación con las Torres Gemelas y el sospechoso asunto del Pentágono. Moussaoui es terrorista pero no el secuestrador número veinte. Ese es su argumento principal en el juicio.

Zacarías Moussaoui quería defenderse a sí mismo frente a la majestad y potestad de la juez federal de distrito, Leonie M. Brinkema, una personalidad judicial clásica: una juez consciente de que en su Corte se hacen bien las cosas, en forma y tiempos para llegar a un resultado justo. En algún momento Zacarías logró su objetivo; pero la juez Brinkema, frente a evidentes fallas y errores del acusado, reinstaló a un equipo de abogados estadounidenses. Para no dar lugar a interpretaciones de mala fe o voluntad al interior y el exterior del sistema judicial. Moussaoui repudió a sus defensores una y otra vez; él deseaba la tribuna para exponer sus razones como terrorista. Pero lo vencieron las formas rigurosas del procedimiento judicial.

Con la confesión de Zacarías en el bolsillo, los fiscales buscaron la pena de muerte para el terrorista. Todo lo que tenían que demostrar es que sus acciones o sus omisiones habían causado al menos una muerte. Y tenían alrededor de 3 mil nombres para mostrarlos al jurado. No parecía una tarea demasiado difícil en un caso como éste. Pero los fiscales comenzaron a cometer errores; y uno de los abogados se burló de la juez. Y eso casi les cuesta el juicio al gobierno. Carla J. Martin se puso en contacto con testigos y los "guió" para enfrentar de mejor manera los interrogatorios de fiscales y defensores. Cuando esto salió a la luz, la juez la expulsó de inmediato de la Corte y estuvo a punto de ordenar que no se tomaran en cuenta los testimonios de muchos testigos. Y casi cancela por principio la condena de pena de muerte. Que es lo que siguen buscando los fiscales. Es decir: por un momento, tomando en cuenta la confesión del acusado, la juez casi cierra el juicio. Contra todas las expectativas del gobierno.

Los fiscales lograron convencer a la juez de continuar el juicio sin decisiones fulminantes, pero Leonie M. Brinkema negó el permiso de comparecer en la Corte a todos aquellos testigos aleccionados por la abogada Martin. Y además, ahora esta abogada está en serios problemas legales; podría ir a la cárcel por un buen periodo de tiempo. La juez Brinkema sabe bien lo que se juega, frente a la comunidad internacional, en el juicio de Zacarías. Se trata de la dignidad y la imparcialidad del juzgado presidido por ella. Con eso nadie va a divertirse. Y menos los abogados del gobierno. Hasta aquí los fiscales parecían ganar en el juicio. Pero...

De repente el juicio de Zacarías se convirtió en una pesadilla para Washington y en especial para la Oficina de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés; no confundir con la tienda HEB). El día 20 de marzo, el agente Harry Samit, quien arrestó a Zacarías, acusó nada menos que de "negligencia criminal" a sus superiores por negarse a investigar a fondo a Zacarías después de su arresto. Ya existían antecedentes de esta acusación desde hace años. Otra agente de la FBI había señalado lo mismo en un célebre escrito, el informe de Minneapolis, sobre este asunto, girado en su momento a las oficinas superiores. ¡Samit trató durante cuatro semanas!, insistiendo una y otra vez, advirtiendo a sus jefes sobre este radical fundamentalista que estudiaba para pilotear aviones de gran tamaño. Hasta que lo arrestaron gracias a las crecientes sospechas de uno de sus instructores.

Pero ahora la acusación se repetía por el agente Samit. Este hombre habló de "obstruccionismo, negligencia criminal y oportunismo" de sus jefes. Ahí; en la Corte. No en los medios de comunicación masiva. Se dio un nombre: el del agente especial Michael Maltbie, quien respondió que ya había sido investigado de manera extensiva por el Congreso, el Departamento de Justicia y su propia gente: el FBI. Y en su momento ampliaría sus declaraciones.

En el juzgado los defensores usaron con astucia el testimonio de Samit. Una y otra vez exhibieron la letanía de errores en la investigación causados por la negligencia de los supervisores. Y así parecía terminada la tormenta. Hasta que el 23 de marzo compareció el ex agente de la FBI Aaron Zebley. Sí; Moussaoui había recibido 14 mil dólares desde una fuente en Alemania. Y si esto y otros detalles se hubiesen analizado a tiempo, la policía federal habría localizado, sin duda, a cuatro o cinco de los secuestradores. Zacarías había detallado, al momento de aceptarse culpable de pertenecer a Al Qaeda, de todos los asuntos que la FBI necesitaba para localizar a un grupo importante de terroristas. Y es público que los planificadores del ataque del 11 de septiembre hubiesen detenido el atentado de haberse expuesto a sus hombres a la vigilancia y persecución de la policía federal.

Pero cuando Moussaoui confesó, por supuesto, ya era demasiado tarde. Pero si los jefes en Washington hubiesen hecho caso a los agentes involucrados desde el arresto de Moussaoui el 16 de agosto de 2001, otras cosas muy diferentes habrían ocurrido. Esto es obvio y todo mundo lo sabe. Todo comenzaba con "abrir" la computadora de Zacarías y de ahí iniciar la investigación. Nadie les hizo caso; a pesar de sus frenéticos esfuerzos.

Por si fuera poco, en el terreno formal, la defensa alega: nada que hubiese dicho Moussaoui luego de su arresto podía marcar diferencias sustanciales; dado la intransigencia burocrática mostrada en todas y cada una de las circunstancias por los jefes. Los fiscales dicen que debe evaluarse que Moussoui pudo confesar antes del 11 de septiembre y ello habría marcado enormes diferencias en lo sucedido el 11 de septiembre de 2001. Como no habló sino hasta después de los atentados, merece la pena de muerte. Esos son los argumentos centrales de ambas partes.

Otra vez, una vez más, la investigación federal se cubre de un manto de sospecha. Y, si algo faltase, hasta inconcebibles errores de procedimiento han manchado al gobierno en un caso de estas proporciones. La negligencia y la apatía burocrática parecen ser las menores marcas de los herederos de Edgar Hoover en este asunto. Eso: lo menos. Porque aquí hay una pregunta sencilla pero muy importante: ¿por qué todo un grupo de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones arriesgó el cuello, una y otra vez, frente a sus supervisores y jefes... para recibir la obstrucción como respuesta superior? ¿No era demasiado evidente que Zacarías Moussaoui pertenecía a una red, la cual estaba entrenándose para el uso de aviones como proyectiles? Porque además del caso particular de Zacarías ya se podían prender los focos rojos en las escuelas de aviación de EU. Y nadie, ni por casualidad, entendió el problema y menos prendió las luces de alerta. Las cuales, pensándolo bien, podrían iluminar con su potencia el arbolito de Navidad de la Casa Blanca. Lo dicho: este juicio lleva la vergüenza a muchas partes del gobierno de EU. Si todavía existe.