EN las rancherías del México de antaño, nuestros mayores advertían de un potencial riesgo a la comunidad con una frase harto conocida, hoy en desuso, pero cuyo fuerte mensaje era entendido por todos: "Son huellas de animal grande". Era la señal para que todos en la comunidad tomaran providencias, para organizarse y para estar listos para repeler una potencial agresión.

El pasado viernes, a plena luz del día, presuntos integrantes de bandas criminales y policías se enfrentaron en las calles de Acapulco -e hicieron gala de un poderoso arsenal-, con un saldo de cuatro muertos y numerosos heridos. Las gráficas y los videos que se difundieron en diversos medios dan cuenta de la ferocidad de la guerra que se ha desatado, en este caso en Acapulco, pero que se replica en todo el país por el control de las plazas controladas por el narcotráfico.

Y a pesar de la gravedad de lo ocurrido, de que en Acapulco vimos una muestra ejemplar de que los crímenes, ajustes de cuentas, levantones, ajusticiamientos y desapariciones han rebasado a todas las instituciones del Estado mexicano, el presidente Fox parece querer enfrentar la emergencia con discursos de fortaleza institucional, mientras que el responsable federal de la procuración de justicia, Daniel Cabeza de Vaca, parece conformarse con explicar que se trata de peleas entre bandas criminales del narcotráfico.

Peor aún, los tres más aventajados presidenciables -Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo- parecen no entender la magnitud del problema, y en su arenga placera proponen generalidades que, en el mejor de los casos, son más de lo mismo. Parece que ni la autoridad actual ni los que serán la futura autoridad han entendido que estamos frente a "huellas de animal grande", el animal del crimen organizado y de uno de sus más violentos brazos operativos, el narcotráfico, capaz de penetrar, colonizar y, si se lo propone, hasta reventar el proceso electoral presidencial.

Ni el gobierno de Fox ni los prospectos presidenciales de entre quienes saldrá el futuro jefe de las instituciones, parecen entender que el mensaje de Acapulco y los mensajes que presenciamos todos los días en casi todos los rincones del país pegan directamente bajo la línea de flotación de la legitimidad del saliente y el entrante gobiernos; es decir, que es un riesgo latente en la sucesión presidencial que vivimos, que es parte fundamental de la consolidación de la transición y la alternancia democrática. Parecen no darse cuenta que el florecimiento del narcotráfico y su socialización, que es el narcomenudeo, al mantenerse intocados y al acrecentar su poder e influencia, al mismo tiempo cuestionan el poder institucional y erosionan la legitimidad de la autoridad y, al final de cuentas, hacen tambalear la gobernabilidad.

Mas allá de discursos y arengas, ni el gobierno saliente, y menos aún quienes aspiran con posibilidades reales a presidir el futuro gobierno, quieren ver que el narcotráfico hace mucho que dejó de ser una actividad elitista, propia de aventureros que buscaban el enriquecimiento rápido y espectacular, a riesgo de sus vidas, para convertirse en un mercado popular, al alcance de todos, sin más riesgos que los de un modesto vendedor ambulante que ha permeado todas las capas sociales y todos los rincones del país.

La impunidad, la corrupción, y el creciente mercado de las drogas han hecho del otrora elitista negocio de la distribución y venta de enervantes, una actividad que ocupa a miles, acaso millones de personas, cuyas redes se meten en todos los territorios, los estratos y actividades sociales del país.

Pero además no se entiende, o no se quiere entender, que el fenómeno del narcomenudeo, que no es más que la socialización de esa actividad delictiva, ha reclutado a todo un ejército social, creciente, que actúa al margen del poder y la legalidad, que reta a las instituciones del Estado, que debilita la legitimidad de la autoridad y que pone en riesgo la gobernabilidad. Frente a la autoridad legítimamente constituida, que son el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, y cuya fuente de legitimidad son las instituciones, se ha creado un nuevo poder, el del crimen organizado y el narcotráfico, un poder que además de los poderosos capos y bandas criminales, se expresa a ras del suelo, al nivel del comercio informal, que tiene sus propias reglas y territorios, su propia fuente de legitimación, su sistema de premios y castigos, y sus propias jerarquías sociales.

Según los clásicos de la ciencia política, la legitimidad transforma el poder en autoridad. Toda autoridad es más fuerte y más legítima, cuanto más se reafirma como eficaz y estable o, si se quiere, la eficacia reafirma la fuente de poder. Pero la proliferación del crimen organizado y el explosivo crecimiento de su ejército social de narcomenudeo -que en el caso mexicano es una creciente porción social que se coloca al margen de la legalidad y en franca desobediencia institucional-, va en sentido contrario a la lógica de la eficacia institucional para combatirlo, estimula la inestabilidad social e institucional, y erosionan la legitimidad del gobierno y las propias instituciones. Y por si fuera poco, ese poder alterno que es el crimen organizado y el narcotráfico, disputa a los ciudadanos las calles, les arrebata la tranquilidad, la seguridad y la confianza en el poder institucional.

Por eso la gravedad del mensaje que se desprende de los enfrentamientos en Acapulco, y de los numerosos hechos violentos vinculados con el narcotráfico cometidos en el país, y lo preocupante de la escasa respuesta del poder institucional y de los candidatos presidenciales. Y es que ante la cuestionable y cuestionada eficacia del gobierno saliente para contener y acabar con el crimen organizado y sus violentas expresiones como las del narcotráfico, y ante la incapacidad de los pretendientes presidenciales para ofrecer soluciones realistas y contundentes, nadie puede confiar en que en el tiempo que resta de esta administración se pueda garantizar eficacia, estabilidad y legitimidad capaces de hacer posible una sucesión ordenada y un nuevo gobierno legítimo. Ese es el riesgo del mensaje de Acapulco.

Y es que si el saliente gobierno fue rebasado por ese otro poder que es el crimen organizado, si los presidenciables no dan muestras de tener propuestas realistas para someter a ese poder que actúa al margen de la ley, se estará minando la confianza y la credibilidad social en las instituciones, ingredientes indispensables para la legitimidad del nuevo gobierno. El crimen organizado, el narcotráfico y la violencia son problemas de tal magnitud y reclaman tal atención, que lo deseable sería que en un gesto de responsabilidad política y de generosidad social los equipos de asesores de los tres principales candidatos presidenciales trabajaran y desarrollarán una propuesta común de política de Estado, y que los tres se comprometieran a impulsarla, en forma independiente a quien resulte ganador, para ofrecer un frente común contra ese flagelo. Pero es mucho pedir, porque tanto a López Obrador, como a Calderón Hinojosa y a Madrazo Pintado les importa el poder por el poder, antes que la estabilidad institucional, antes que la seguridad de los ciudadanos, a los que ofrecen las perlas de la virgen. Al tiempo.

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