EN medio de la agitación por el fin de la tregua electoral, y ante la expectativa de todos o casi todos por el arrancadero de los presidenciables, fueron muy pocos los que se percataron del mensaje oculto que envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al más aventajado de los pretensos, a Andrés Manuel López Obrador, al modificar de manera radical la jurisprudencia respecto de las expropiaciones por causas de utilidad pública.

Luego de una larga discusión de los ministros que la integran, el pasado lunes 16 de enero el pleno de la SCJN dio a conocer que fue inconstitucional la expropiación -en ese momento dos y posteriormente la totalidad- de los 27 ingenios azucareros decretada por el presidente Vicente Fox en septiembre de 2001. El resolutivo de la Corte tomó en cuenta, entre otros, dos criterios fundamentales para su resolución: que el acto de autoridad, es decir, la expropiación de los ingenios azucareros, no acreditó la causa de utilidad pública, por un lado, y por el otro, que la autoridad violó la garantía de audiencia en materia de expropiación.

La reacción mediática generalizada fue de crítica al gobierno de Vicente Fox, por la manera irregular y poco aseada del procedimiento de expropiación, en tanto que a través de su vocero, el presidente Fox consideró que no se había tratado de una derrota. Y puede resultar cierta la declaración de Rubén Aguilar, ya que en el fondo, y con la colaboración circunstancial o deliberada de la Corte, la expropiación de 27 ingenios azucareros derivó no sólo en una resolución del máximo tribual que obliga al gobierno a regresar los bienes expropiados, sino en un cambio radical de los criterios jurisprudenciales en materia de expropiación.

Una mudanza que pasa del criterio establecido por la Corte -según la tesis jurisprudencial "P./J. 65795" (Semanario Judicial de la Federación, número 65, pág. 46)-, en el que se explica que en materia de expropiación "no rige la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque ese requisito no está comprendido entre los que señala el artículo 27 de la propia Carta Magna y no puede admitirse que exista contradicción entre las disposiciones contenidas en ambos preceptos...", al adoptado el pasado 16 de enero por la SCJN, que señala que los afectados de un acto de expropiación tienen garantizado su derecho de audiencia previa.

¿Qué significa lo anterior? ¿Qué quiere decir la Corte al modificar el criterio de los derechos que asisten a los afectados por una expropiación, quienes según la jurisprudencia citada no podían recurrir a la audiencia previa, y según la resolución del pasado 16 de enero, sí pueden acudir a dicha audiencia?

Poca cosa, más allá de la compleja terminología jurídica, significa que de ahora en adelante, según la tesis jurisprudencial motivo del rechazo de la expropiación de los 27 ingenios azucareros decretada por el presidente Fox, todo futuro intento de expropiación permitirá a los afectados recurrir a la figura del amparo.

En pocas palabras, que se le limita a los presidentes y futuros gobiernos, como se le limitó al presidente Fox, la facultad discrecional de decretar expropiaciones a particulares, si no es que se cumple a plenitud con el requisito de la utilidad pública, y con el derecho de audiencia para los afectados. Es decir, será harto difícil que un futuro presidente pueda concretar un decreto de expropiación.

En el caso de la fallida expropiación de 27 ingenios azucareros, en efecto se pudo haber tratado de un capricho del Presidente, de una mala intención de su secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, de una torpeza monumental, pero lo cierto es que la Corte le cierra el paso al "deporte" expropiatorio de los presidentes mexicanos, como fue el caso de Vicente Fox.

Pero el mensaje, el candado impuesto por la Corte, tiene a más de un destinatario, va más allá de los eventuales caprichos del presidente Fox. Su destino es el más aventajado de los presidenciables: Andrés Manuel López Obrador. Se trata, además, de una importante decisión judicial, nos guste o no, de un acto político, que se mete en lo más profundo de la contienda presidencial. ¿Por qué?

Porque nos demuestra que en tiempos político-electorales, como los actuales, en el rejuego sucesorio también participa el Poder Judicial, y sobre todo el más alto de sus tribunales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte no estableció la tesis jurisprudencial que conocimos el pasado 16 de enero por pura curiosidad jurídica, o como un mero ejercicio de modernidad o perfeccionamiento de las interpretaciones de la ley frente a los derechos que asisten a los particulares ante los actos de autoridad, en este caso, en lo relativo a la expropiación por causas de utilidad pública. No, el mensaje es harto claro, la Corte decidió cerrar las válvulas jurídicas por donde un futuro presidente pueda echar mano de la expropiación, a su libre arbitrio, como si se tratara de una moda temporal.

Pero eso no es todo, la reacción de la Corte en torno de las facultades presidenciales para decretar expropiaciones -facultades que, hay que recordarlo, quedaron acotadas a partir del 16 de enero de 2006- y el reciente intento de diversos actores del Poder Legislativo, sobre todo partidos políticos como el PRI, el PAN y una facción del PRD, por promover la autonomía de instituciones financieras y fiscales, son el mejor ejemplo de que en los más altos círculos de quienes presiden las instituciones del Estado mexicano, hay preocupación por lo que pueda pasar ante el eventual triunfo de AMLO a la Presidencia de la República.

Vale recordar que hace no muchos años, cuando el PRI mantenía la hegemonía del poder presidencial, cuando estimulaba la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, una de las banderas de los partidos opositores, sobre todo de los vinculados con la llamada izquierda institucional, era precisamente la excesiva concentración del poder presidencial, los poderes metaconstitucionales de los presidentes en turno y las facultades discrecionales de los mandatarios surgidos del PRI.

Pues bien, parece que han cambiado de manera radical las prioridades de esa izquierda que siempre cuestionó los excesos de los presidentes del PRI. Hoy esa izquierda, y su más aventajado presidenciable, Andrés Manuel López Obrador, llaman "al lobo", "al lobo", cuando sean los poderes Legislativo o Judicial los que intentan acotar esas otrora cuestionables funciones presidenciables.

Pero sigue en el aire la pregunta: ¿por qué acotarle los espacios expropiatorios al presidencialismo, sobre todo ante la posible llegada al poder de AMLO? El miedo, dice el refranero popular, no anda en burro. ¿Saben algo que los ciudadanos no sabemos? Al tiempo.

En el camino

Será el sereno, pero la guerra desatada entre las auténticas tribus del PRD en el Distrito Federal hacen ver a ese partido como lo que siempre han sido, un puñado de oportunistas, ambiciosos y enfermos de poder. Y otra vez la pregunta: ¿pero qué no era eso lo que se le criticaba al PRI?... Por cierto, ayer, en la capital poblana, López Obrador debió hacerla de árbitro, ahora entre las tribus de esa entidad. La guerra, pues.

aleman2@prodigy.net.mx