Los jueces envían una bomba, con amor

Como cadenas atadas al tobillo, la administración Peña Nieto ha arrastrado por 45 meses el costo político que supuso la tragedia por la desaparición de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Hoy, en vísperas de los comicios más críticos en décadas, debemos concluir que esa herida seguirá sangrando, incluso quizá se agrave.

El pasado viernes 1º, la sentencia de un tribunal colegiado radicado en Reynosa, Tamaulipas, regresó a cero las investigaciones sobre este drama al ordenar que sea creada una Comisión de la Verdad, que se pretende enmiende omisiones en las que la PGR habría incurrido desde el día de los hechos.

Las bases constitucionales de este determinación comenzaron a ser cuestionadas por funcionarios y juristas desde el primero momento, lo que sólo anticipa el riesgo de que el asunto siga enredado y sea heredado al próximo gobierno, con resultados imprevisibles.

Entre las pregunta que deberán ser respondidas al respecto se hallará si la Procuraduría General de la República (PGR) estaba al tanto de tan relevante asunto judicial. Todo indica que esa dependencia fue sorprendida ante la noticia, por lo que habría que esperar consecuencias sobre su titular encargado, Alberto Elías Beltrán, un novato en estos temas. Pero también sobre su padrino, Humberto Castillejos Cervantes, que hace un año dejó formalmente la Consejería Jurídica de Los Pinos, pero sigue operando como encargado en forma oficiosa.

En otros ámbitos esta resolución parecía estar calculada. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada difundió en Washington un reporte especial elaborado por la relatora Esmeralda de Troitiño, en seguimiento a la tarea efectuada sobre esta historia en nuestro país por el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Este contexto hace que la sentencia de los magistrados del citado tribunal soporte más de una interpretación y tenga anclaje en el ámbito internacional, donde existe un balance adverso sobre la vigencia de los derechos humanos en México. Reducir el asunto a los aspectos jurídicos hará poner la lente en las ramas del árbol sin entender que al fondo hay un bosque.

El cuestionamiento sobre esta resolución se centra en si los integrantes de ese tribunal tienen atribuciones para imponer el establecimiento de una Comisión de la Verdad, una figura de la que generalmente echa mano el Poder Ejecutivo para encarar una crisis en el campo de la justicia que amerite un periodo de transición bajo la supervisión pública.

Tras décadas de represión por parte de diversos regímenes en América Latina, al menos seis países de la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y El Salvador— han establecido este tipo de comisiones; en ningún caso, por orden judicial.

La sentencia ordena que aquellos que formen esta Comisión, familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y defensores de derechos humanos, marquen los parámetros de una nueva indagatoria en los términos que juzguen pertinentes y con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ello desplazaría la función constitucional del Ministerio Público federal y su monopolio en la procuración de justicia. Y haría que un órgano autónomo, como la CNDH, se someta a una resolución judicial.

La valoración de esta sentencia, atribuyéndole características estrafalarias, apuesta a que la Corte la atraiga y deseche. Típicamente el amparo de un tribunal de circuito no es sujeto a ser recurrido, pero ya ocurrió en 2013 con un asunto de naturaleza plenamente distinta: la declaración de inocencia y orden de libertad para el narcotraficante Rafael Caro Quintero, que por ello sigue considerado prófugo.

En este caso, sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas aseguraron que puede surgir ante la propia Corte una controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, vía la PGR, alegando que se invaden las competencias de otro órgano del Estado por parte del Poder Judicial.

Ello abriría un amplio signo de interrogación sobre la postura que pueda asumir el máximo tribunal del país, en cuyos pasillos hubo lo mismo expresiones de sorpresa ante la multicitada sentencia del tribunal colegiado de Reynosa, pero también comentarios de aliento ante lo que es calificada como una resolución garantista al amparo de convenciones internacionales firmadas por México.

APUNTES: Le tomó meses al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, conjurar una humillación que le impuso la coalición PAN-PRD-MC, que lo llevó al poder. Se trató del candidato a Cancún, la plaza más importante del estado, donde había sido colocado José Luis Chanito Toledo Medina, un operador del ex gobernador Roberto Borge y, como tal, enemigo declarado del mandatario. Apenas este miércoles el tribunal federal electoral ratificó el cambio de abanderado a favor de un virtual desconocido, José Luis Acosta Toledo. Tras 20 meses de que encabezó la alternancia en el estado, la nueva gestión de Joaquín no ha dejado de reflejar incompetencia.