Hay una historia que nos están escatimando en esta recta final de las campañas por la Presidencia. Solo así puede entenderse que, a menos de dos semanas de la cita ante las urnas, el principal espacio de confrontación se esté dando entre aquellos que buscan colocarse en el segundo lugar.

Ricardo Anaya, aspirante del frente que reúne a PAN-PRD-MC, y José Antonio Meade, de la alianza PRI-Panal-Verde, nos deben a todos una explicación sobre el espectáculo montado, que ayer tuvo un nuevo episodio de acusaciones cruzadas en torno al complejo tema del llamado proyecto “Etileno XXI”, en el que se ha descubierto un costo político por supuestas irregularidades y en particular, por sus aparentes ligas con la polémica corporación brasileña Odebrecht.

Será importante estudiar las profundidades de este asunto, que parece arrancar en febrero 2010, como alega el equipo de Meade, pero que se extiende más allá de enero de 2011, cuando el ahora abanderado presidencial del oficialismo asumió la Secretaría de Energía y el tema siguió en desahogo. Es lo que sugiere un acta de sesiones del Consejo de Administración de Pemex, que ayer fue difundida por la campaña de Anaya.

El aspirante frentista llevó ayer este asunto a la Procuraduría General de la República, que durante buena parte de la presente administración ha convertido el tema Odebrecht en un pequeño monumento a la incompetencia, la simulación y la impunidad. Muy notablemente, desde febrero de 2017, cuando el ex procurador general Raúl Cervantes viajó a Brasil, donde fue enterado de información sensible que luego decidió sepultar en un cajón.

Por tanto, debemos concluir, el acto del abanderado frentista ante la PGR es un recurso escénico, como lo es también la respuesta del priísta Meade Kuribreña al decirse agraviado. De paso, no hay que soslayar que con su iniciativa, Anaya pone también en la picota al gobierno del ex presidente Felipe Calderón, su correligionario en el PAN aunque férreo adversario político.

Es difícil no encontrar en esta verdadera telenovela política un propósito clandestino en la reyerta por colocarse en el segundo lugar de la contienda, así se mantenga una distancia de al menos una veintena de puntos por sobre el puntero, Andrés Manuel López Obrador.

El despliegue de recursos empleados por Anaya y Meade para arrebatarse la primacía del segundo lugar lo único que hace es alimentar la esperpéntica versión de que grupos muy poderosos, dentro y fuera del gobierno Peña Nieto, se obstinan en imponer la declinación de aquel candidato que corra en tercer lugar, a favor del que ocupe el segundo.

Esta idea ha venido arrastrándose en los pasillos del poder en México, con aparente aliento en el sector empresarial, si bien no faltan voces que ubican semejante visión en alguna mente febril cercana a Los Pinos.

Muchas palabras y tinta han corrido entre sectores más sensatos al analizar esta probabilidad, especialmente al asentar que las intenciones de voto a favor de Meade y de Anaya jamás podrán sumarse mecánicamente. Quien así lo piense no es que no sepa hacer cuentas; de lo que carecerá es de la más mínima noción de realidad política.

El único razonamiento práctico que todo ello permite es que los promotores de una propuesta como ésta intenten construir no una realidad sino solo una percepción. Y que de esa percepción surjan las bases para “cambiar la narrativa” impuesta por las encuestas, que dan una ventaja aparentemente imbatible a favor de López Obrador. Surgiría así la idea de que sí es posible vencerlo, en una pelea de dos.

El escenario que con esto se abriría solo puede ser imaginado si incluye una gigantesca operación electoral a contracorriente. Una embestida final, quizá incapaz de revertir las tendencias consolidadas durante meses, pero sí con el poder suficiente de trastornar al país en el torbellino de una anulación de los comicios. Para que a partir de ahí se gane tiempo, y se sirva una nueva baraja.

APUNTES: El gobierno de la ciudad de México, que encabeza José Ramón Amieva, ha decidido cerrar los ojos ante el grave antecedente de dos cuerpos descuartizados abandonados sobre la avenida Insurgentes, acaso la más importante de la capital del país. La Procuraduría local aseguró que las cámaras de seguridad no arrojaron pista alguna sobre los responsables. Este espacio fue informado que sí existen imágenes en control de la autoridad con una camioneta desde la que se arrojan los restos. Y que la identificación de los cuerpos revela una pugna por el control de la venta de drogas, que tiene su eje en el barrio de Tepito. Según expertos consultados, la crisis de seguridad en la ciudad está ya fuera de control, y en esas condiciones será heredada al próximo gobierno.

rockroberto@gmail.com

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