Quien cree que la política criminal se puede resolver con un acto comunicativo mentiroso está condenado al fracaso que perpetua impunemente las injusticias. Confirmo aquí la opinión que tengo de la Fiscalía General de Justicia del Edomex: esa institución está más preocupada por ocultar los casos de secuestro de recién nacidos en la zona de Valle de Bravo que por investigarlos.

Como prueba principal ofrezco la carta que el director de Comunicación Social de esa dependencia, Claudio Camilo Barrera Vargas, envió como réplica a mi columna aparecida en EL UNIVERSAL el pasado lunes, titulada Secuestro de bebés en Edomex. Refuerza mi opinión la reacción que los agentes y comandantes de esa institución tuvieron frente a ese mismo texto.

Declara la FGJ que “rechaza de manera categórica que haya un patrón criminal de robo de bebés … (porque) no hay elementos de prueba que así lo demuestren”. Con los testimonios y documentos que este reportero ha recabado, me atrevo a poner en duda tal afirmación. Cada uno de los casos expuestos arroja argumentos en sentido contrario a lo planteado por la autoridad.

El primer caso se refiere al robo de un infante de quince días en la Cascada del Molino, el día 31 de julio. El segundo, al secuestro de una mujer embarazada, a quién presuntamente le habrían practicado una cesárea clandestina para robarle a sus trillizos. El tercero refiere a la desaparición de una joven madre y su menor de siete meses.

La distancia es grande entre la versión divulgada por el área de comunicación de la FGJ del Edomex y los relatos que han compartido los familiares de las víctimas. Además de presentar contrarréplica, esta colaboración está dedicada a exhibir tales diferencias en lo relacionado con el primer caso. Mañana y pasado mañana se publicarán en este mismo espacio la segunda y la tercera entregas dedicadas a exponer los otros expedientes de robo de infantes.

Este lunes el agente Sergio Jaramillo visitó a un familiar del menor secuestrado en la Cascada el Molino y le condujo al Ministerio Público para que conversara con su comandante. Lo primero que hizo el funcionario de mayor jerarquía fue reclamar por la columna publicada en estas páginas. Dijo que era injusto acusar a la policía de haberse quedado con los brazos cruzados.

El familiar, sin embargo, ratificó su percepción sobre la negligencia de la autoridad. Recordó que ha transcurrido un mes desde el secuestro sin que la autoridad cuente con ninguna pista sólida. El comandante respondió que no era posible seguir avanzando en la investigación ya que la madre del menor continúa en el hospital en situación “delirante,” por los medicamentos suministrados debido a las lesiones graves que todavía la aquejan.

El familiar respondió con una pregunta: “¿si la madre hubiera fallecido no habría entonces manera de recuperar al bebé?” El funcionario insistió con que la mamá era indispensable para elaborar el retrato hablado.

El familiar recuerda que el Ministerio Público pidió diez mil pesos para que se realizara ese retrato. Asegura también que hay otras personas que conocieron a Carolina, la presunta secuestradora, y sin embargo no han sido debidamente entrevistadas. Afirma por otra parte que el retrato divulgado no se parece en nada a la mujer que se habría llevado al niño.

Añade el familiar en la misma hebra: ¿por qué en el caso de los señores ricos que fueron secuestrados seis meses atrás, la policía pegó carteles por todo el municipio y, en cambio, no se hizo algo similar con el niño desaparecido?

“En Valle de Bravo no es lo mismo que secuestren a un patrón que a una persona pobre,” insiste con dolor.

Al final de la conversación el comandante pidió a los familiares que dejen de hablar de este caso con otras personas, sobre todo con la prensa, “porque este asunto es muy delicado.” (¿Qué quiso decir con “muy delicado”?) Igual advirtió que los teléfonos de la familia podían ser “infiltrados,” con propósitos relativos a la investigación.

ZOOM: México es el país más impune de América. El Estado de México es el más impune de México. Eso sí que es contundente y la explicación está en la manera tan ineficiente, corrupta, tramposa y sesgada como se persiguen los delitos que afectan a la población más vulnerable.

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