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07/06/2018
00:12
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Muna Dora Buchahin, directora general de auditoría forense de la ASF, siguió la pista de más de  7 mil 670 millones de pesos que desaparecieron dentro de la estructura del gobierno federal sin dejar rastro, entre los años 2013 y 2014, dentro de lo que coloquialmente se ha denominado “la estafa maestra”.

La doctora Buchahin estuvo en la ASF durante 13 años ocupando un cargo de altísima responsabilidad y sin embargo, sólo bastó la instrucción de Rogelio Colmenares Páramo, titular de la dependencia y su jefe inmediato, para despedirla sin sustentar esta acción en algún argumento sólido. Un vago “conflicto de intereses” fue suficiente para desentenderse de un incómodo colaborador que seguramente tiene más información peligrosa.

El supuesto conflicto de interés es que ella forma parte de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Capítulo México, que preside el anterior titular de la ASF, Juan Manuel Portal. Cabe decir que a petición del mismo Portal, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en 2017 evaluó si podría existir un conflicto de intereses porque fuese funcionaria de la ASF y además miembro de esta asociación dedicada a la capitación y concluyó de forma negativa, exonerando a la doctora Bouchahin.  Por tanto, esta investigación sobre la estafa maestra exhibe el verdadero interés en mantenerla lejos.

Estos desvíos involucran desde PEMEX, hasta la SEDESOL, BANOBRAS, así como otras instituciones, además de que también participaron ocho universidades públicas que se prestaron para blanquear esta fuerte suma y al menos 50 funcionarios públicos de altísimo nivel y muchísimas empresas fantasma.

Significativo es que fuese en la SEDESOL donde se perdieron más de dos mil millones de pesos que debían haberse destinado a la cruzada contra el hambre.

Vemos que mientras en España obligan a renunciar al presidente Mariano Rajoy por un supuesto caso de corrupción dentro de su partido político, en México despiden a la directora general de investigación forense, que dentro de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, investigó el escándalo de la “estafa maestra”.

Este caso, junto con el despido de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por haber filtrado información incómoda de una investigación casi concluida, ponen en relieve la vulnerabilidad de las instituciones públicas que deben vigilar la conducta de funcionarios públicos de alto nivel e instituciones gubernamentales. Ellos, los funcionarios y no las instituciones, son los que siguen teniendo el poder.

No será posible combatir la corrupción cuando las instituciones encargadas de hacerlo son maniatadas y los funcionarios a cargo de ellas despedidos por realizar aquello para lo cual fueron nombrados.

El cinismo gubernamental es altísimo, pues hasta el momento, con todo y que este escándalo llegó al ámbito internacional y el equipo de reporteros que armaron las piezas de la investigación periodística que detonó el escándalo público, Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, del equipo de Animal Político, recibieron el premio Ortega y Gasset 2018 que es uno de los máximos galardones que se entregan en España al periodismo, no hay responsables de alto nivel aunque se han fincado responsabilidades a funcionarios de la baja burocracia, quienes se convierten en chivos expiatorios para calmar la furia pública y  salvar a los auténticos responsables.

¿Por qué en otros países si pueden combatir la corrupción y en el nuestro no?.

Definitivo es decir que cuando un país tiene instituciones fuertes, pero también totalmente independientes del gobierno federal, estas tienen la autoridad para obligar a renunciar incluso a presidentes, como acaba de suceder en España con la destitución de Mariano Rajoy, pero también en Brasil con la presidenta Dilma Roussef, en Perú con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y en Guatemala con el presidente Otto Pérez Molina.

El despido de la Dra. Muna Bouchahin de la ASF y el de Santiago Nieto de la FEPADE, representan el triunfo de la impunidad y la derrota de la legalidad.

¿Qué nos depara el futuro?.

Mientras no se proteja y blinde la independencia absoluta que deben tener las instituciones encargadas de vigilar a los altos funcionarios y a las instituciones del gobierno federal, estas podrán ser extorsionadas, censuradas, compradas y hasta manipuladas por los funcionarios en turno que se sientan en peligro de enfrentar una denuncia y un juicio derivado de faltas a la ética profesional aprovechando el cargo.

La independencia de las instituciones responsables de vigilar a los gobiernos es el reto más importante de nuestro país. Sólo así se podrá controlar la corrupción, no solo teniendo un presidente honesto que ponga el ejemplo, como dice Andrés Manuel. ´

El ejemplo no es suficiente en un país en el que la delincuencia le ha perdido el respeto a las autoridades y una turba enfurecida de un pueblo es capaz de enfrentar golpear y ahuyentar a miembros de las fuerzas armadas, sin que existan consecuencias por la agresión.

Un presidente honesto tendrá la autoridad moral para señalar y exhibir la corrupción, pero para enfrentarla, se requiere además, de una infraestructura de investigación y operación que persiga a quienes delincan y tenga uñas y dientes, además de fortaleza, para derrotar a la impunidad.

Son las instituciones, con autoridad moral  y jurídica por encima de las personas, las que lograrán establecer el orden y la legalidad.

El ejemplo y la educación deben venir después para consolidar la cultura del orden y la legalidad.

¿Usted cómo lo ve?
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Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC. 25 libros publicados Fundó en México la oficina local de la empresa global de consultoría creada por Al Ries, uno de los dos creadores del...
 

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