El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue candidato de “Juntos Haremos Historia”, ganó las elecciones con una contundente victoria al recibir 53.2% de los votos, obteniendo además la mayoría absoluta en ambas cámaras, así como en 19 entidades federativas, situación que no se veía desde los lejanos tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del siglo XX.

A pesar de la inestabilidad financiera provocada por las decisiones del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la iniciativa para eliminar las comisiones de los bancos, la reforma a la ley minera, entre otras medidas, la aprobación del nuevo mandatario comienza entre 63% y 70% según las encuestas recién publicadas, por lo que parte de una condición muy favorable para implementar cambios en las políticas públicas y legislativas, pudiendo asumir los costos de algunas decisiones que llegue a implementar.

AMLO además contó con el beneficio de que los dos grandes riesgos que se veían a principios de año, como lo era la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las complicaciones del proceso electoral fueron eliminados. No en balde el tipo de cambio spot se apreció pasada las elecciones llegando a un mínimo de 18.445 pesos por dólar el pasado 8 de agosto.

Si nos remontamos a las encuestas de aprobación de presidentes, en el caso nacional tendríamos que remontarnos a Vicente Fox, quien apostó a que sus elevados niveles de popularidad le permitirían pasar leyes. En su primer año de gobierno decidió proponer una reforma fiscal que contemplaba un impuesto al valor agregado (IVA) homogéneo de 15%, para evitar la evasión y elusión fiscal, con la promesa de otorgar a las personas de menores ingresos un subsidio “copeteado” de regreso, puesto que se verían afectadas por el alza de precios a medicinas y alimentos. La propuesta resultó tan impopular, que ni siquiera se presentó formalmente ante el Congreso en septiembre de 2001.

Ante el fracaso de la reforma, a principios de 2002 el gobierno nos recetó una reducción de subsidios a la electricidad para conseguir recursos por otros medios, con un notable efecto en el alza del precio al consumidor. Posteriormente, en 2003, Fox presentó una reforma fiscal menos agresiva, con un IVA de 6% a medicinas y medicamentos, pero la iniciativa fue derrotada en la Cámara de Diputados, porque Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, no logró conseguir los votos necesarios para aprobarla.

A diferencia de Enrique Peña Nieto, que el 2 de diciembre de 2012 presentó el Pacto por México con 100 compromisos negociados con el PAN y el PRD, lo que le permitió impulsar las reformas estructurales, que no se habían podido aprobar por falta de consensos, AMLO no tuvo necesidad de ello y el mismo día que asumió el cargo presentó un programa de 100 puntos, la gran mayoría ya conocidos por haber sido anunciados en la lista de las 50 acciones y otros previamente comentados.

Las encuestas divulgadas sobre el nivel de acuerdo sobre el NAIM y el Tren Maya apoyan las posiciones del presidente. Se está de acuerdo en la opción cancelar Texcoco, aunque las obras solamente continúen a media marcha, hasta que el gobierno federal recompre la mayoría de los bonos en el mercado secundario, para evitar demandas legales, como ha sido ampliamente explicado en los medios; sin embargo, las opiniones están bastante divididas, por lo que el respaldo no es tan sólido.

En contraste, el nivel de apoyo de la ciudadanía al proyecto del Tren Maya es mayor que al del NAIM, pero entre los “abajo firmantes” que le solicitaron a AMLO cancelarlo hasta que hubiese una consulta a los pueblos originarios en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT argumentando el enorme impacto ecológico que tendría, más allá de sólo unos “árboles derribados”, están personas que son activistas, académicas, expertas, así como organizaciones nacionales e internacionales con mucho peso, algunas de las cuales han sido aliadas destacadas del presidente en un pasado.

La cancelación del NAIM en Texcoco como una inversión pública paradójicamente canceló la posibilidad de que el gobierno federal contara con un flujo de ingresos que le permitirían solventar necesidades de gasto, que podrían ser como las de mejorar las condiciones de sustentabilidad de la zona, que van desde las inundaciones del Bordo de Xochiaca, hasta recursos para apoyar programas sociales anunciados en los 100 puntos.

Sin duda, el elevado nivel de aprobación del presidente le permitirá seguir adelante con proyectos de inversión controvertidos, así como algunos de otro carácter, como el de una Guardia Nacional militar, pero cuyo costo político podría elevarse a futuro, en momentos en que el mandatario podría necesitar mayor capital político para tomar decisiones que no son populares, como la de una reforma fiscal o modificar el esquema actual de pensiones, como por ejemplo lo hizo Lula en Brasil en 2003.

Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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