Lo imposible de la herencia maldita

El presidente Andrés Manuel López Obrador está frente al imposible de hacer justicia por la masacre de los últimos años. Para localizar a 40 mil desaparecidos, identificar 27 mil cuerpos abandonados y llevar ante los tribunales a los causantes de esa tragedia, no le alcanzarán su loable voluntad, los recursos, ni el tiempo

El lapso de los últimos 12 años, será recordado como el del horror; durante ese tiempo, corrió sangre por doquier. Ha sido una carnicería, que apenas se intenta frenar.

Las mil 100 fosas clandestinas en el país, de acuerdo con datos del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reflejan la dantesca obra delincuencial; evidencian la quiebra de instituciones, la anulación de la ley y la posible complicidad de algunos gobernantes con grandes capos.

Las atrocidades que ha cometido el crimen organizado son una profunda herida en la conciencia de los mexicanos, lo sabe el presidente. Eso explicaría su encomiable empeño por investigar, aclarar y sancionar esa pesadilla.

Pero, ¿dónde va a buscar quién, a miles de desaparecidos hace ocho, diez, trece años? ¿Cómo alguien va a identificar 27 mil cadáveres que nadie sabe dónde están?

Nada produciría más satisfacción a la sociedad, tan ofendida por la suciedad de los últimos años de gobiernos de todos los colores, que saber la causa del deceso o la desaparición de tantas personas.

Se puede asumir que muchos de los homicidios fueron por el choque entre bandas, “justificación” de la masacre para distintas autoridades. Pero innegablemente hubo daños colaterales en los que miles de inocentes fueron víctimas de esas pugnas.

En cualquier caso, todo delito debe ser castigado como condición indispensable para que el Estado y el derecho prevalezcan. Sin uno y otro, los escenarios más descarnados y brutales son posibles.

Aplicar la ley a quienes causaron de manera directa tantos crímenes, es imposible. De donde se sigue que, quienes tuvieron las riendas del país en esos años, tan trágicos como tristes deben ser, sino imputados, sí señalados como incapaces, indolentes o copartícipes. Si por cualquier causa dejaron que México se desangrara, en forma alguna pueden ser inocentes.

Un señalamiento de Alejandro Encinas, formulado esta semana, podría enfilar en esa dirección: “Nadie que haya vulnerado la tranquilidad de una familia debe quedar impune. Sea quien sea, debe ser castigado por estos delitos”. No hay mejor manera de perdonar que sintiendo la justicia.

Máxime porque en 2018, según Encinas, se asignaron 468 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero sólo se gastaron seis. No hubo subejercicio; nunca se liberaron los recursos.

Por doloroso que sea, lo ocurrido es irreparable. Buscar en el presente inmediato, es mejor que hundirse en un pasado nebuloso. Si de hacer justicia, acabar con la impunidad y aplicar las normas se trata, se deben poner los ojos en los casos más notorios de abuso de poder y dictar castigos ejemplares para sentar precedente.

En términos de justicia, es mejor mirar el hoy para construir un mejor mañana. Si para algo debe servir la historia, es para que, habiendo sido funesta, no se reedite. Si se castigan los crímenes de ahora, se puede perdonar el oprobioso pasado.

Ya lo advirtió el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero: “La justicia en este país no tendrá credibilidad” si no se investigan y castigan asuntos como Ayotzinapa, Odebrecht y la Estafa Maestra. Podrían ser caminos hacia muchas fosas clandestinas...

SOTTO VOCE…Que el INE atraiga la elección para gobernador de Puebla, evitará que esa entidad se conflictúe más de lo que ya está… ¿“Preso político” José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala?... Injustificados e infundados, los ataques contra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por sus legítimos e incuestionables bienes.

ombeluniversal@gmail.com @mariobeteta