Diferentes estudios realizados en el ámbito mundial han demostrado que un aumento en el total de mujeres con una ocupación remunerada genera un crecimiento económico más acelerado. Esto es, una política pública que facilite el acceso a las mujeres a la actividad económica tiene una altísima relevancia, no sólo para la familia, sino para las regiones y la economía nacional.

Estadísticas calculadas por Statista, revelan que en el mundo las mujeres trabajadoras aportan 37% del PIB; en regiones como Europa Central, Asia del Este, Norte américa y Oceanía, este valor supera 40%. Por el contrario, en regiones menos desarrolladas, como América Latina, la aportación de mujeres trabajadoras es del orden de 33%.

Según el dato más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por INEGI, en México hay 49.3 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales únicamente 21.6 millones están integradas a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, sólo 43% de estas mujeres trabajan o están buscando un empleo sin encontrarlo.

La misma fuente estima que hay cerca de 747 mil mujeres en el País que están desempleadas, mientras que 1.1 millones de hombres tampoco encuentran un empleo. Sin embargo, por nivel de ingresos, se observa que 51% de las mujeres con un empleo perciben menos de dos salarios mínimos, contra 39% de los hombres empleados. Esto es, persiste una brecha salarial, principalmente en los rangos más bajos de ingreso.

Un trabajo digno es un vehículo de transición hacia una mejor situación familiar, acceso a servicios de seguridad social y un gasto con menores presiones. Para que ello sea viable, se requieren condiciones de equilibrio en cuanto a trabajos no remunerados del cuidado de la casa y la familia. En principio, las mujeres tienen mayor complejidad para despegarse de sus ocupaciones en el hogar, principalmente cuando son madres, lo que motiva su integración a trabajos con menor remuneración, sin seguridad social, a tiempo parcial, entre otras condiciones de desigualdad, que incluyen certificados de no embarazo y la alta probabilidad de perder el empleo en caso de que esto suceda.

Se trata de un fenómeno social que si bien pareciera estar disminuyendo, en la realidad implica fuertes diferencias para mujeres que aspiran a un empleo o a un mejor empleo. Un incremento en las tasas de participación laboral corresponde a tasas de escolaridad más altas y a una disminución de la brecha educativa entre niños y niñas. No es trivial el efecto positivo de la integración laboral de las mujeres. Se ha observado que en los casos de crisis económica, los hogares con ingreso únicamente por parte de un miembro de la familia reciben mayor presión financiera, comparado con familias en donde ambos tienen un ingreso remunerado.

Se ha demostrado que hay una correlación inversa entre el aumento del empleo en mujeres y la disminución de la pobreza. Esto que pudiera ser intuitivo, no ha resultado sencillo, por lo que aún observamos mujeres y niñas migrando, incluso solas en búsqueda de mejores oportunidades para ellas y sus familias. Un ingreso para las mujeres facilita la posibilidad de que éste sea administrado por ella, con efectos altamente positivos en la familia e incluso fácilmente percibidos por las economías locales. Es decir, el gasto resulta con mayor beneficio para la familia y tiene mayores efectos multiplicadores en la comunidad.

En México se requiere que los programas sociales tengan en consideración las diferencias existentes entre hombres y mujeres. La cancelación de los subsidios a instituciones que ofrecían atención a mujeres y niños en situación de violencia, podría ser un retroceso muy importante en materia de inclusión; por ello, aún se espera que el Ejecutivo Federal defina las alternativas y nuevas posibilidades para estos grupos vulnerables. Por otro lado, las becas del denominado “Jóvenes construyendo el futuro” no tienen una perspectiva de género, dado que será mucho más sencillo para los hombres de la población potencial integrarse a un plan de becas y capacitación, en comparación con mujeres jóvenes embarazadas, con hijos y jefas de familias. Por otro lado, la sustitución de guarderías, por transferencias directas a los hogares podría aún más dificultar la posibilidad de las mujeres de integrase la economía.

Se requiere también de un ecosistema que permita a las mujeres integrarse como emprendedoras, lo que implica acceso a financiamiento, consultoría para la elaboración y ejecución de planes de negocio. Al respecto, datos de la OCDE sugieren que si la brecha de género fuera superada, el PIB per cápita de México podría aumentarse hasta en 1,100 dólares en los siguientes 21 años, es decir, al 2040.

Los retos son amplios y debe haber un trabajo muy significativo por parte del gobierno y la sociedad. Fenómenos como la violencia contra mujeres trabajadoras, embarazos en adolescentes, discriminación, trata y otros deben ser eliminados, a favor no sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad.

Vicepresidente de Consultores Internacionales S.C.

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