Slim a contratistas: continúen la obra en Texcoco

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador le puso fecha de defunción al nuevo aeropuerto en Texcoco –el 28 de noviembre, resultado de una consulta pública–, la terca realidad se sigue imponiendo y cada vez hay más señales que apuntan a que la obra insignia de Enrique Peña Nieto terminará de construirse con recursos de privados.

Hace unas semanas, Carso Infraestructura, la empresa de Carlos Slim involucrada en la construcción del nuevo aeropuerto, giró un memorando a sus contratistas para pedirles que continúen con las obras, por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Su pago, les dijo, está asegurado.

Slim lleva mano en las obras más importantes del NAIM: la construcción del Edificio Terminal y la pista 3, además de que su brazo financiero Inbursa compró buena parte de los mil 500 millones de dólares que se colocaron vía el Fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra E).

El ingeniero ha sido crítico de la decisión de cancelar el proyecto cuyo avance es de casi 30%. También ha propuesto alternativas: quitarle el ‘oropel’ y construirlo con materiales nacionales, o bien otorgarlo en concesión a la iniciativa privada para que ellos se encarguen de terminarlo a cambio de pagarle una contraprestación al gobierno.

Al principio, Andrés Manuel López Obrador se mostró receptivo de la sugerencia del empresario mexicano, pero terminó imponiendo su voluntad. Las cosas han cambiado mucho desde aquella consulta que legitimó su decisión. Ahora, su gobierno enfrenta una difícil negociación con los inversionistas que compraron parte de los 6 mil millones de dólares que se emitieron para financiar el aeropuerto, principalmente porque les propone modificar sus contratos para poder dar por terminada la obra.

Buena parte de los tenedores de estos bonos son asesorados por el sagaz despacho Hogan Lovells, experto en poner contra las cuerdas a los deudores de sus clientes. La Secretaría de Hacienda dijo la semana pasada que no está dispuesta a mejorar la oferta que les hizo para recomprar cerca de mil 500 millones de dólares en bonos, lo cual podría tirar el precio de estos valores y hacer que los fondos buitre los adquieran en el mercado secundario. De ser así, la negociación se terminaría en las cortes de Estados Unidos.

Es el peor escenario, pero es posible. Nada de esto le conviene al gobierno, pues el efecto negativo pondría presión a otros valores gubernamentales, como los bonos de Pemex y la CFE. A pesar de que algunos analistas aseguran que recular en la cancelación del aeropuerto serviría de poco para calmar a los inversionistas, es una salida viable, no sólo por la guerra que se avecina con los tenedores de bonos, sino en otro frente: el ejército mexicano se apresta a construir las nuevas pistas y el edificio terminal en Santa Lucía, echando por tierra la promesa de AMLO de reponer los contratos a las empresas que ganaron licitaciones en Texcoco.

Los dichos del secretario de Defensa Nacional del nuevo gobierno, Luis Sandoval , sobre que las compañías constructoras no van a entrar a Santa Lucía fueron confirmados por el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Así que todavía no salen de una (la negociación con los bonistas), ya están por entrar a otra (resarcir los contratos con empresas como Carso, ICA, Prodemex, GIA y La Peninsular) y les falta una más: negociar con las Afores y otros inversionistas institucionales que compraron los certificados de la Fibra E.

Los mensajes del equipo de AMLO respecto al proyecto en Santa Lucía han sido disímbolos. Por un lado, en la redacción del boletín de Hacienda, en el que se presentan las nuevas condiciones ofrecidas a los tenedores de bonos, se plantea no construir un aeropuerto en un radio de 70 kilómetros al de la Ciudad de México. Hace seis días, a pregunta expresa de un reportero, Carlos Urzúa dijo se analiza la posibilidad de cancelar Santa Lucía, pero en el Presupuesto 2019 se le habrían etiquetado 15 mil millones de pesos.

El plan para legitimar la decisión de no cancelar el aeropuerto en Texcoco sería, en ese orden: una mayor presión de los tenedores de bonos, seguido de un estudio que desacredite (oficialmente) el plan alternativo de ampliar Santa Lucía y reforzar el AICM y Toluca, así como la conformación de un consorcio privado que adquiera la concesión del NAIM y se anuncie un proyecto menos fastuoso, más aterrizado a lo que la austeridad republicana de la Cuarta Transformación pregona.

Posdata.

El inversionista mexicano David Martínez , dueño de Fintech y uno de los principales accionistas de ICA, es experto en negociar con los fondos buitre. Lo hizo en Argentina y en México, con empresas como Vitro y Cydsa. No vaya a ser que el gobierno de AMLO necesite pronto de sus servicios.