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La izquierda frente a Venezuela

29/01/2019
02:01
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Es claro que la lógica intervencionista de Trump frente a Venezuela persigue objetivos e intereses económicos y políticos muy distintos a los de una agenda a favor de la democracia y los derechos humanos. Es claro también, como lo he venido expresando, que esa postura –a la que se han sumado varios países latinoamericanos– en nada ayudará a resolver el problema; incluso puede enrarecer la crisis de ingobernabilidad por la que atraviesa el país.

En México y otros países la derecha utiliza el caso de Venezuela para el golpeteo político interno; lo que menos le importa es la situación por la que están pasando los venezolanos. La izquierda debe evitar caer en un desinterés parecido al anteponer una adscripción ideológica a la situación concreta por la que están atravesando hoy en Venezuela ciudadanos de carne y hueso.

La Cancillería mexicana ha tenido una postura razonable frente al tema. Me preocupa, sin embargo, la simpatía de ciertos cuadros de Morena frente al régimen de Nicolás Maduro, como el hecho de que se ponga en duda lo evidente: el carácter crecientemente autoritario de su gobierno. Hace falta un deslinde claro y contundente. Ni respaldar a Maduro, ni relativizar su autoritarismo; mucho menos ignorar el problema.

Ayer mismo, por ejemplo, John Ackerman defendía el proceso electoral de mayo del año pasado en Venezuela, del cual resultó formalmente reelecto Nicolás Maduro. Para Ackerman, esta elección “fue organizada por el Consejo Nacional Electoral que aplicó los estándares internacionales más avanzados en la materia” (https://bit.ly/2WnlnxE).

¿Es posible afirmar algo así cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela están completamente sometidos del oficialismo? ¿Cuándo es archiconocido que la autoridad electoral puso toda serie de trabas para impedir la celebración de un referéndum revocatorio luego de que la oposición juntara las firmas para ello? ¡¿Cuando la propia empresa encargada del conteo electrónico de los votos, Smartmatic, declaró en 2017 que se había producido una discrepancia de al menos un millón de sufragios en el conteo de la elección a la Asamblea Constituyente?!

¿Será que los “más altos estándares internacionales” admiten la serie de irregularidades que se han cometido en Venezuela desde entonces? Lo dudo sinceramente. Para empezar porque en esta elección presidencial no pudieron postularse los principales candidatos de la oposición (Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, e incluso el chavista disidente Miguel Rodríguez), siendo casi todos ellos objeto de persecución política.

Para continuar, porque el oficialismo se inventó un recurso para dejar fuera de la contienda a los principales partidos políticos de la oposición: decidió que aquellas fuerzas que no hubiera participado en las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017 (varios partidos decidieron no hacerlo por falta de garantías), no podrían ser parte de este nuevo proceso electoral.

Para abundar, porque todo estuvo hecho para favorecer al oficialismo: se modificó el calendario electoral a su antojo, se otorgaron solamente 10 días para la inscripción de nuevos votantes dentro y fuera del país y tan solo tres para la postulación de candidatos. El proceso para recolectar firmas fue arbitrario y restrictivo, con tiempos increíblemente cortos (dos días para recabar 0.5% del padrón) y, al establecer las circunscripciones electorales, la autoridad electoral tampoco siguió las normas establecidas.

Ya durante la jornada electoral se documentó un vasto condicionamiento del voto a cambio de programas sociales por medio de "puntos rojos": puestos de simpatizantes chavistas colocados cerca de los centros electorales, a través de los cuales se distribuía el llamado “carnet de la patria”, un documento usado por el Gobierno para distribuir alimentos a bajo precio.

Y si esto no fuera suficiente, el conteo final excedió las proyecciones de participación basadas en el padrón electoral. El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven y el Centro de Justicia y Paz, documentaron esta y otras irregularidades; la oposición habló de al menos 350 violaciones a las normas electorales.

¿De verdad se puede afirmar con el semblante serio que el Consejo Nacional Electoral aplicó “los estándares internacionales más avanzados en la materia”? Quizás el compañero Ackerman y yo tengamos distintas fuentes. Creo, sin embargo, que la izquierda debió aprender hace tiempo que denunciar el imperialismo no debiera ser jamás la razón para justificar autoritarismos de ningún tipo.

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@HernanGomezB
Hernán Gómez Bruera
Profesor-Investigador del Instituto Mora; analista político, internacionalista y especialista en América Latina.

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