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La prensa y el estado más letal

22/08/2017
02:09
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Fue hace poco más de un año. Pedro Tamayo Rosas fue atacado a tiros a las puertas de su casa, en Tierra Blanca, Veracruz. Su esposa y sus dos hijos lo vieron morir.

Era editor de La Voz de Tierra Blanca. En junio de 2014 se había dedicado a investigar el hallazgo de varias fosas clandestinas en las que se exhumaron los restos de 35 personas, presuntamente ejecutadas por Los Zetas.

Su trabajo periodístico desató una serie de amenazas que lo obligaron a desplazarse ante el temor de que su vida estuviera en riesgo. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz le otorgó diversas medidas cautelares.

Tamayo Rosas fue “reubicado” en otro estado y sometido a vigilancia policiaca.

Un colega suyo relató más tarde que el periodista creyó que todo habría de normalizarse cuando se hicieran públicas las amenazas. Le dijo que esto “iba a bajar sin duda la tensión”. Unos meses más tarde decidió volver a Tierra Blanca.

La vigilancia policiaca se limitó entonces a la realización de rondines frente a su casa y a un monitoreo por vía telefónica.

Artículo 19 ha documentado el cúmulo de información que se hallaba en poder de las fuerzas de seguridad basadas en Tierra Blanca, y que indicaba el alto nivel de riesgo en que se hallaba el periodista.

La policía recabó casquillos de 9 milímetros en el lugar de los hechos y obtuvo en los primeros minutos las características del vehículo que los agresores emplearon durante su huida. La mujer de Tamayo les dijo: “Agárrenlos, ellos fueron los que le dispararon”.

Los agentes no hicieron nada. La viuda los denunció a estos policías ante las
autoridades.

Comenzó entonces un segundo horror. Tras el asesinato, la familia recibió varias llamadas amenazantes. A la esposa de Tamayo le dijeron que si no quitaba las denuncias contra los policías se la iba “a cargar la madre”. Luego, una tarde, quemaron su domicilio. Las autoridades le han negado hasta la fecha todo acceso a la carpeta de investigación.

En Veracruz sucedió un cambio de administración —huyó el priísta Javier Duarte, llegó el panista Miguel Ángel Yunes—, pero el caso no avanzó: a los deudos de Tamayo se les ha negado el derecho a la justicia.

La Fiscalía General ha sido incapaz de concluir la investigación. Investiga a paso de tortuga a los agentes que incumplieron con su deber, pero no el homicidio de Pedro Tamayo.

Al mismo tiempo, ha dejado en la impunidad las agresiones contra periodistas ocurridas bajo la administración de Yunes.

Veracruz, de acuerdo con varias organizaciones internacionales, es la entidad con mayor letalidad para la prensa en México (22 periodistas muertos en 17 años).

Toda suerte de agresiones contra comunicadores se registran en el estado. En los últimos meses, Artículo 19 ha documentado la golpiza que elementos de la Fuerza Civil del estado propinaron a reporteros y fotógrafos de Poza Rica que habían acudido a cubrir un accidente (25 de mayo de 2017).

A tres de las víctimas las golpearon en el rostro y les destruyeron sus equipos de trabajo (cámaras y teléfonos). Los periodistas solicitaron el apoyo de uniformados que solo se limitaron a contemplar la agresión cruzados de brazos.

En marzo, una reportera del periódico Presencia fue agredida por el director interino de Obras Públicas del municipio Agua Dulce. La reportera cuestionaba sobre presuntos actos de nepotismo, corrupción y desvío de recursos cometidos en el municipio. El funcionario le lastimó una muñeca y, según el reporte de Artículo 19, huyó de ella.

Ya el secretario del Ayuntamiento había acusado a la periodista de ser “perjudicial” para Agua Dulce. Las autoridades municipales habían decretado contra ella un bloqueo informativo. Se le había acusado incluso de “lograr” notas gracias a que se acostaba con diversos funcionarios públicos.

Hace un mes, tras publicar datos relacionados con la gestión del ex funcionario priísta Rafael Cruz Tronco, un reportero de El Dictamen recibió a través de una red social este aviso: “Luego de que te partan tu mamá no llores porque dice Dios que a las autoridades hay que respetarlas”. Lo había escrito el propio ex funcionario.

También allá la prensa sigue bajo asedio y nadie parece interesado en hacer nada.

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