El día de ayer, López Obrador le confirmó a Azucena Uresti que hará la consulta sobre la creación de la Guardia Nacional y le dio una primicia: es muy probable, dijo, que se lleve a cabo el 21 de marzo.

Someter a consulta popular temas de seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas no está permitido. Así lo consagra el Artículo 35, fracción VIII, inciso 3º de nuestra Constitución.

Pero logrando mayoría calificada en el Congreso y con la mitad de las Legislaturas locales, Andrés Manuel puede modificar la Carta Magna.

Qué bueno que estos ejercicios se hagan dentro del marco de la ley. Ahora, debe preservarse el espíritu democrático.

El presidente electo sabe que su decisión de mantener a los militares al frente de la seguridad pública del país le otorgará dividendos políticos en el corto plazo. La propaganda jugará un papel importante.

Con la continuidad de la estrategia de Calderón (aderezada) y el reforzamiento de la Secretaría de la Defensa no solo se hace de un aliado poderoso —en tiempos donde aumenta la preocupación entre el empresariado, ONGs, organismos defensores de derechos humanos, burócratas, etcétera—, también suma puntos en popularidad.

Es que, a pesar de la falta de transparencia y rendición de cuentas con que se maneja y del fracaso de la guerra contra el narco, la gente cree en el Ejército.

Las distintas encuestas así lo registran.

Además de la familia, son éste y la Iglesia las instituciones que les generan mayor confianza.

Todo apunta pues a que, a pesar de su naturaleza, la historia, los peligros y las advertencias, se votará una Guardia Nacional militarizada.

Pero eso del perdón a los corruptos de ayer y hoy es otro cantar.

No es bienvenido el borrón y cuenta nueva.

También lo sabe López Obrador. Con la simple mención sus negativos se disparan.

La gente está harta y desea verdadera procuración e impartición de justicia. En ese sentido votó la ciudadanía el 1 de julio.

El perdón de los pecados delictivos durante la gestión peñista está por verse.

El miércoles, en entrevista con Aristegui, acordó que además de preguntar lo de la Guardia, consultará:

1.— Si debe contar con un grupo de asesores (entre los cuales se encuentran Salinas Pliego, Bernardo Gómez y Olegario Vázquez Aldir).

2.— Si debe poner punto final o brindar amnistía a políticos señalados por actos de corrupción, incluidos ex mandatarios.

Acerca de las pesquisas judiciales dijo textual que lo que ya está en curso, continuará. Y que como titular del Ejecutivo no va a perseguir a nadie.

Es decir, las denuncias por desvíos de recursos se investigarán. Y no será él, pues no le corresponde. ¿Será entonces la fiscalía la que vaya por los peces gordos?

Las Fuerzas Armadas mantendrán su guerra.

Pero, la clase gobernante de sexenios anteriores y altos funcionarios del presente ¿continuarán en paz?

Por muchas fotos, comidas y apapachos entre AMLO y EPN, cercanos a Peña Nieto no están tan confiados.

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