Luego de casi de 24 años de una exitosa trayectoria que cambió por completo la fisonomía de México, al incorporarlo a lo que fue en su momento el comienzo de la globalización, el actual proceso de renegociación del TLCAN representa una magnífica oportunidad para revisarlo, modernizarlo y ampliarlo en nuestro favor.

La idea principal por la que se puso en marcha fue la conformación de un vasto mercado de capitales, bienes y servicios en América del Norte, en donde los recursos compartidos de sus naciones integrantes pudieran ser colocados de manera óptima en aras del desarrollo y el bienestar compartido de sus pueblos.

Un punto central para alcanzar estos objetivos lo constituye el fortalecimiento de nuestro mercado interno, lo cual hará posible que nos aprovechemos de todas las ventajas que ofrece el libre comercio, a la par de hacer más resistente y menos dependiente la economía mexicana a las crisis mundiales y regionales.

Precisamente por esa razón, un elemento básico que deberá considerarse desde la lente de las políticas públicas que guían la actualización del TLCAN, deberá residir en el establecimiento de las condiciones estructurales que propicien el equilibrio e incentiven el aumento del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Los aportes de la globalización en general y del libre comercio en particular, sólo tienen lugar de forma plena cuando la sociedad posee una amplia clase media, que se beneficia del incremento en la productividad, de la generación de conocimiento, del desarrollo de la tecnología y de la mayor expectativa de vida.

No obstante, dado que la subida progresiva, sensata y realista de los salarios requiere del crecimiento permanente de la productividad industrial, el gobierno mexicano deberá impulsar de modo paralelo una estrategia integral para la competitividad de la economía, que fortalezca nuestro Estado de derecho.

El afianzamiento de la democracia, la integridad en el ejercicio del poder público, la transparencia en el manejo de los recursos presupuestales, el decidido combate a la impunidad y el mejoramiento de la seguridad pública, son todas condiciones para alcanzar la certeza estructural que demanda el comercio justo.

Con relación al probable aumento en el contenido regional para determinar el origen de las mercancías, con efectos en las preferencias arancelarias en favor de los propios integrantes del TLCAN —como lo ha sugerido el gobierno estadounidense— se trata de una propuesta indiscutiblemente ventajosa.

Ello permitirá el desarrollo y especialización de las cadenas productivas de la industria manufacturera nacional y de las redes globales de las empresas mexicanas de clase mundial, sobre todo al exigirles la elaboración de bienes y productos con un mayor componente tecnológico y la mano de obra calificada.

En este sentido, para crear riqueza y empleos deberá proseguir la implementación y expansión de los programas de estímulo, capacitación y financiamiento para la creación de la micro, pequeña y mediana empresas, además de incentivar la creatividad, la innovación y el emprendimiento en todos los sectores económicos.

Lo anterior también deberá tener un impacto directo en la generación de la investigación y el desarrollo mediante una política I+D, de alto valor agregado, cuyo polo deberán ser nuestras universidades, tecnológicos y centros educativos, además de realizar un nuevo pacto entre la empresa y la academia.

Asimismo, México deberá continuar con su atinada política exterior de puertas abiertas con la apertura comercial. Tanto la multilateral que tutela la Organización Mundial del Comercio, como la bilateral que representan los distintos bloques económicos, todo ello sin perjuicio de la suerte que tenga el TLCAN.

Por último y no menos importante, deberemos confiar en que el gobierno federal actuará a la altura de los desafíos que implica poner al día el acuerdo de libre comercio más importante para nuestro país, en el entendido que tanto Estados Unidos como Canadá no podrán —por sus propios intereses y bajo ninguna circunstancia— trastocar ni mucho menos desmantelar una alianza estratégica que genera prosperidad y futuro económico.

Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014

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