“En estos años aprendimos mucho sobre modelos de policía, y el modelo de la Policía Federal es el modelo recomendable para una policía nacional, es el modelo para enfrentar a la delincuencia como prioridad.”

Esas palabras no son de Genaro García Luna ni de algún vocero de la Policía Federal. Vienen de la pluma de Gustavo de la Rosa, un legendario defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez y alguien que difícilmente puede ser acusado de calderonismo o peñanietismo.

Las escribió en noviembre de 2012, en vísperas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando se discutía la posibilidad de crear una Gendarmería que sustituyera o marginalizara a la Policía Federal (https://bit.ly/2DL1lag).

Desde entonces, mucho ha cambiado. La idea de crear una Gendarmería como cuerpo autónomo se abandonó y se optó por crear una división del mismo nombre dentro de la Policía Federal (PF).

La PF no fue suplantada, pero sí perdió vuelo. Su crecimiento se detuvo. Entre 2006 y 2012, triplicó su tamaño. Seis años después, la corporación tiene apenas 400 elementos más.

Su presupuesto se estancó. Los recursos destinados a la PF en 2018 son apenas 1.3% mayores en términos reales a los asignados en 2012.

Y a la par de esos datos, hay historias de desorden administrativo, de viáticos que no se pagan, de equipos que no se renuevan

Están también casos de violaciones graves de derechos humanos: Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán.

No se puede negar tampoco la existencia de corrupción, desde las mordidas exigidas a transportistas hasta la participación de algunos policías federales en casos de secuestro.

Pero, a pesar de todo lo anterior, sigue siendo una institución notable. Algo más de 40% de los elementos de la corporación tienen estudios superiores. Su equipo antisecuestro es tal vez el mejor del país: de enero a agosto de este año, logró la liberación con vida de 167 víctimas de secuestro. La División Científica, encargada del combate a delitos cibernéticos, ha recibido reconocimientos internacionales. La Unidad de Asuntos Internos de la PF es el único órgano de control interno policial que medianamente funciona en México.

En resumen, la PF es una institución que necesita cambios y exige un relanzamiento. Pero no está en proceso de descomposición, como señaló esta semana Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según se entiende del Plan Nacional de Paz y Seguridad, el gobierno entrante pretende trasladar a un número significativo de policías federales a la Guardia Nacional o incluso subsumir a la PF en el nuevo cuerpo de seguridad.

No hay buena razón para justificar una medida de ese tipo. La Guardia Nacional se puede crear con unidades estrictamente militares. De hecho, eso haría mucho más sencilla su conformación: no habría que convertir a civiles en militares y sería mucho menos compleja la homologación de rangos, sueldos y prestaciones.

Por otra parte, hay tareas que hoy realiza la PF que sería demencial trasladar a un cuerpo de naturaleza militar. Por ejemplo, retirar bloqueos en carreteras federales. ¿Quiere el gobierno de AMLO enviar a soldados y marinos contra manifestantes?

Y, más importante, matar a la Policía Federal cierra la posibilidad de cambiar de rumbo en un futuro, si la apuesta del nuevo gobieno sale mal. Peor aún, abre la puerta a un escenario catastrófico: estar en seis años con una Policía Federal destruida y una Guardia Nacional a medio armar.

Ante una coyuntura similar, Gustavo de la Rosa escribió lo siguiente en 2012: “La decisión de desaparecer [la Policía Federal] va contra toda lógica teórica y contra toda la experiencia que nos han compartido los países y ciudades que han enfrentado la violencia.”

Suscribo.


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