La Ciudad de México está en peligro mortal. Se nos viene la invasión, se nos vienen las hordas de delincuentes, liberados por miles de las prisiones. En números nunca vistos. Y todo por culpa del nuevo sistema de justicia penal.

Eso dice el aún Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Eso dice y suelta números para probarlo: “Nosotros teníamos para el 2015, teníamos 39 mil 223 personas en reclusión. Para 2016, 31 mil; 2017 tenemos 29 mil, al día 3 de noviembre tenemos 28 mil 222 personas, 28 mil 222 personas, y les sigo sosteniendo lo que platiqué con ustedes, para diciembre vamos a tener 27 mil.

Aquí tengo yo la gráfica, el que la necesite se la podemos proporcionar, y si no pedimos el electrónico, pero es clarísimo cómo fue el corte, cómo fue el golpe, nada más y nada menos pues de 39, más de 11 mil reos liberados en un año”.

Eso dice Mancera, un abogado, un ex procurador general de justicia, un aspirante a la Presidencia de la República, y no sabe uno si reír, llorar o hacer las dos cosas en tragicómica secuencia.

El dato principal es correcto: el tamaño de la población recluida en los penales de lo que antes fue el Distrito Federal ha venido disminuyendo desde hace dos años. Pero eso no es resultado de un incremento en los egresos de reos. De hecho, ha sucedido lo contrario. En 2015, 15 mil 896 reos fueron liberados de prisiones de la Ciudad de México. En 2016, 12 mil 945 personas dejaron de estar encerradas en cárceles de la capital (Nota: todos los datos sobre población penitenciaria provienen de los Censos de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, elaborados anualmente por el Inegi).

Entonces, si se redujo el número de presos liberados, ¿por qué se contrajo en paralelo el tamaño de la población carcelaria? Por una razón evidente: disminuyeron (y mucho) los ingresos a las cárceles. En 2015, 13 mil 223 personas se incorporaron a la población penitenciaria capitalina. En 2016, la cifra comparable fue 7 mil 839, 40% menos.

Esa caída está claramente relacionada con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. En primer lugar, hay un uso mucho menos intensivo de la prisión preventiva. Segundo, en un número importante de casos, el asunto se resuelve no con prisión para el presunto responsable, sino con mecanismos alternativos de solución de controversias (mediación, conciliación, reparación del daño, etc.).

Dicho de otro modo, está sucediendo exactamente lo contrario a lo descrito por Miguel Ángel Mancera: la población penitenciaria está disminuyendo porque menos gente está siendo encarcelada, no porque más reos están siendo liberados.

Eso lo sabe el jefe de Gobierno. Tan lo sabe que lleva meses pidiendo que se amplíe el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Ha sido una voz centralísima en el movimiento que pide “ajustar” la reforma al sistema de justicia penal para poder mandar a la cárcel a más personas con menos trámites mientras dura su proceso.

Entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué manipula y desfigura los datos? Porque culpar a los tribunales por una supuesta avalancha de liberaciones le permite (o supone que le permite) eludir su responsabilidad por el deterioro de las condiciones de seguridad en la ciudad. Porque sabe que, de cara a una posible candidatura presidencial, vende más el miedo que la esperanza.

Y porque, cuando ya no hay credibilidad que perder, se puede decir lo que sea, cuándo sea y cómo sea, sin importar las consecuencias.

Bienvenidos a la posverdad chilanga.

alejandrohope@outlook.com.
@ahope71

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