Hoy tenemos aspirantes y suspirantes a la Presidencia. En algunas semanas, tendremos candidatos y candidatas. En algunos meses, tendremos campañas. Y pronto, muy pronto, tendremos promesas, propuestas e ideas, algunas referidas a temas de seguridad y justicia.

¿Cómo procesarlas? ¿Cómo convertirlas en algo que ayude a modular el voto? No lo sé del todo, pero van algunas preguntas que tal vez los ciudadanos pudieran hacerse para empezar a juzgar las opciones que tendrán en la boleta:

1. ¿El aspirante o su partido tienen un buen diagnóstico sobre la naturaleza y las causas de la crisis de seguridad del país? ¿Ese diagnóstico va más allá de la condena o aplauso a la política vigente? ¿Ofrece alguna explicación coherente sobre el incremento reciente de la violencia homicida?

2. ¿Cuáles son las metas centrales de la política de seguridad propuesta? ¿Sólo la reducción de la violencia? ¿O sus objetivos son múltiples? ¿Qué incluyen? ¿El acceso a la justicia? ¿El combate a la delincuencia organizada? ¿En qué plazos?

3. ¿La plataforma en cuestión hace alguna mención a la duración, objetivos y alcances de los operativos federales? ¿Se propone algún tipo de condicionalidad para la intervención federal en los estados?

4. ¿Cuál es la opinión del aspirante/suspirante/candidato sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? ¿Está a favor de la propuesta de Ley de Seguridad Interior? ¿Apoya la creación de cuerpos intermedios de origen militar, pero con funciones policiales (algo así como una Gendarmería de verdad)?

5. ¿Ha hecho alguna propuesta concreta sobre las policías? ¿Qué opina del mando único? ¿Deben subsistir las policías municipales? ¿Qué requisitos mínimos deberían de cumplir todas las corporaciones policiales, sin importar el nivel de gobierno?

6. ¿Tiene alguna idea para transformar la procuración de justicia’ ¿Qué ha propuesto como mecanismo para garantizar la autonomía de las fiscalías (tanto la federal como las locales)? ¿Tiene alguna noción sobre qué hacer con las policías ministeriales o judiciales?

7. ¿Incorpora alguna propuesta para el sistema penitenciario? ¿El proyecto va más allá de la construcción de nuevas cárceles y nuevas celdas?

8. ¿Tiene alguna postura sobre política de drogas? ¿Ha expresado alguna posición sobre el tema específico de la marihuana? ¿Ha dicho algo sobre la producción de amapola y el tráfico de heroína?

9. ¿Tiene alguna posición sobre la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad? ¿En qué medida esa colaboración con las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses debería estar atada a lo que suceda en otros ámbitos de la relación bilateral (la renegociación del TLCAN, por ejemplo)?

10. ¿El aspirante/suspirante/candidato le ha puesto números a su proyecto? ¿Tiene alguna noción razonable sobre los costos probables de sus propuestas de seguridad? ¿Qué planea para el presupuesto del sector? ¿Incrementarlo, reducirlo, mantenerlo? ¿Qué quiere hacer con las transferencias y subsidios a los estados?

Hay muchas más preguntas posibles. Siendo realistas, la mayoría no recibirá respuesta de candidatos o partidos. Una campaña electoral no es un simposio académico. Y eso significa que vendrán más promesas disparatadas que ideas razonables. Pero, dentro de esos límites, vale la pena preguntar quién trae una película medianamente clara sobre los retos que enfrentará el próximo gobierno.

Y quien no la traiga, debería de ponerse las pilas muy pronto. La crisis de seguridad va a seguir el año que entra, cualquiera que sea el resultado de la elección. Por desgracia, el delito y la violencia no ponen pausa por motivos de campaña.

alejandrohope@outlook.com
@ahope71

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