Hablando del TLCAN, principios para el comercio

La globalización nos afecta a todos. El actual régimen mundial de comercio e inversión impone altos costos sociales y ambientales a las personas y al planeta. En muchos casos, los gobiernos favorecen el comercio por encima de las normas sociales y ambientales, incluyendo la regulación diseñada para promover y proteger el interés público. Lamentablemente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es ejemplo de lo anterior.

Lograr un sistema comercial transparente y justo requiere normas. Y estas normas deben respetar los valores nacionales y culturales, permitir el desarrollo sostenible y aplicar efectivamente los objetivos de los acuerdos de las Naciones Unidas, como el Acuerdo Climático de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Los tratados ambientales, los acuerdos sobre derechos humanos y las normas internacionales del trabajo —con principios de igualdad y responsabilidad intergeneracional— deben prevalecer sobre las normas comerciales.

Desde Greenpeace consideramos que el intercambio internacional de bienes y servicios, y sobre todo de ideas, puede ayudar a hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Sin embargo, el comercio no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr objetivos sociales y ambientales que nos mantengan dentro de nuestros límites planetarios. Por ello, Greenpeace demanda un reequilibrio y una reestructuración de las normas de comercio e inversión, responsabilidad corporativa, rendición de cuentas y obligaciones para las corporaciones e inversionistas.

Este fin de semana inicia una nueva ronda de discusión entre los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos para decidir el futuro del TLCAN. Desde nuestro punto de vista, para asegurar que el comercio funcione para las personas y el planeta, y no al revés, las políticas comerciales y de inversión deben cumplir como mínimo los siguientes principios:

1.— Ser mandatados, negociados, acordados y revisados de manera transparente y democrática de cara a la sociedad.

2.— Respetar los límites planetarios de la Tierra y garantizar el uso equitativo, sostenible y responsable de los recursos naturales.

3.— Contribuir activamente al desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente. En concreto, deben adherirse plenamente a los acuerdos internacionales como el Acuerdo Climático de París, la Convención Sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en lugar de socavarlos o ignorarlos.

4.— Definir el principio de precaución como una obligación legal de proteger la salud pública y el medio ambiente, mismo que deben aplicar todas las partes en el acuerdo.

5.— Garantizar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente, de las comunidades afectadas, de los consumidores y los trabajadores, de la salud y de los servicios públicos.

7.— Reforzar el acceso justo y equitativo a la justicia y la protección jurídica. Los inversores y las corporaciones deben respetar los derechos de las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente.

8.— Reconocer explícitamente las regulaciones sociales y ambientales como medidas de protección necesarias, no como obstáculos al comercio.

9.— Respetar las regulaciones para proteger la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las diferencias culturales. Las reglas y regulaciones reflejan una variedad de caminos de desarrollo en diferentes países, y ofrecen flexibilidad política, especialmente para los países menos desarrollados y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la comunidad.

10.— Estar sujetos a evaluaciones de impacto independientes que revisen los efectos sobre los derechos humanos, el medio ambiente y la protección social.

Estos principios se centran fuertemente en la protección del medio ambiente. No son exhaustivos y no pretenden competir con los desarrollados por otros actores de la sociedad civil. Sería deseable escuchar a los negociadores mexicanos abordar estos puntos y conocer si los están contemplando o no.

Director ejecutivo de Greenpeace México