Defender el periodismo de calidad

Si observamos la situación actual de la humanidad y la comparamos con la de las últimas décadas, encontraremos que en pocos años han tenido lugar numerosas revoluciones profundas que podrían dar lugar a cierto optimismo, a pesar de los grandes desafíos que enfrentamos, en particular los medioambientales. En los últimos treinta años el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema en el mundo se redujo en cerca de dos tercios; dos mil millones de personas se han salvado de la desnutrición; la mortalidad materna e infantil se ha reducido a la mitad; incluso, aunque aún se siguen registrando terribles tragedias, los conflictos armados son cada vez menos mortíferos. Tras la caída del muro de Berlín, el modelo democrático se ha “democratizado” ampliamente. Sin embargo, un espectro acecha a nuestras sociedades: el despotismo moderno, "hombres fuertes autoritarios", en otras palabras, el espectro de la debilidad democrática.

En el periodo de entreguerras, el ensayista estadounidense Walter Lippmann señaló que “en sentido estricto, la crisis de la democracia occidental es una crisis de su periodismo”. Casi un siglo después, esta afirmación sigue siendo válida: vivimos una crisis de confianza en las instituciones y en los medios de comunicación; una crisis de representación de la realidad, como lo muestran los sondeos sobre las teorías de complot; una fragilidad económica que pone en peligro la calidad de los contenidos periodísticos; una descomposición de la esfera pública bajo el efecto de las "burbujas filtrantes", así como el dominio de los actores tecnológicos que aunque se jactan de transparencia no la ponen en práctica con ellos mismos ni en sus algoritmos.

Existen regímenes despóticos que han puesto en marcha grandes aparatos de propaganda e intentan exportar sus contramodelos para crear “un nuevo orden mundial de la información". Al mismo tiempo, sobre las ruinas del mundo –imperfecto– de ayer prospera toda una economía: la de la información patrocinada (la cual posee intereses que, aunque no suelan expresarse, están muy bien estructurados). Sin un periodismo de calidad, se propiciará la existencia de democracias de baja intensidad y difícilmente podrá encontrarse solución a los grandes problemas del mundo. Para reducir las asimetrías de la información a la que tienen acceso los ciudadanos y evitar que el debate público sea distorsionado por organismos especializados en ello, se requiere algo más que colaboraciones para la “verificación de hechos” (fact-checking) entre plataformas informativas y medios de comunicación.

Equilibrio entre regulación y autorregulación

Debemos proscribir un ecosistema en el que el número de clics es el único criterio, en el que los contenidos elaborados con mayor escrúpulo corren cada vez más el riesgo de ahogarse en medio de la gran cantidad de discursos engañosos. ¿Habrá que confiar en la mano invisible concebida por Adam Smith? O, por el contrario, ¿debemos ofrecer también algunas garantías en este mercado? Creemos que es necesario hacerlo.

Debemos encontrar un mayor equilibrio entre la regulación y la autorregulación a fin de establecer las condiciones necesarias para que se siga haciendo periodismo de calidad y que éste se desarrolle, garantizando su libertad, independencia y pluralismo, pues como decía Albert Camus: “la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, no puede ser sino mala". Cierto, no hay libertad sin verdad, ni verdad sin libertad. Pero, ¿cómo promover una sin que la otra se vea afectada? Esa es la cuestión. Las sociedades democráticas deben resistir a las guerras de la información rechazando entrar en su lógica.

Hacer que las mismas plataformas informativas se regulen, en nombre de la responsabilización, puede ser una vía peligrosa. En el verano de 2017 se adoptó en Alemania una ley que obligaba a las plataformas informativas a que ellas mismas retiraran los contenidos ilícitos; la legislación probó rápidamente su ineficacia. El 8 de enero pasado, a menos de seis meses de que la ley entró en vigor, el gobierno abrió las puertas para que se modificara. Reporteros sin Fronteras (RSF) había criticado mucho ese texto. Irónicamente, su principal promotor, el Ministro de Justicia, fue víctima de la ley que defendió.

Referentes y certificaciones

En Francia, con una orientación muy distinta, el presidente Emmanuel Macron anunció que las plataformas informativas tendrán nuevas obligaciones de transparencia en lo que respecta a “todos los contenidos patrocinados, a fin de que se haga pública la identidad de los anunciantes". Impedir que el dinero limite el debate público, evitar que se difundan spots publicitarios o propaganda disfrazados de periodismo, evidentemente será positivo. Es preferible hacer que intervengan jueces independientes, que dejar que las decisiones sean tomadas por organismos privados subcontratados. Sin embargo, las medidas tomadas contra quienes difunden información de mala fe no deben aplicarse de manera desproporcionada; el gobierno debe poner mucha atención en ese aspecto.

Según la Carta de Múnich, promulgada en 1971, no se debe "jamás confundir el oficio de periodista con el de publicista o propagandista". El periodismo posee “reglas de honestidad” que los poderes públicos no pueden imponer, ya que conciernen a la autorregulación. El 3 de enero pasado, en el Palacio del Eliseo, Emmanuel Macron reconoció la importancia de la autorregulación y mencionó una iniciativa de RSF, que dijo "no sólo es interesante, sino deseable". Se trata de una reflexión y un proyecto relativos a la creación de normas –concebidas como referentes compartidos– concernientes a los procesos periodísticos, garantías mínimas establecidas por quienes quieran participar en el proyecto.

De esta manera, se crearía un referente relativo a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación (quiénes son sus propietarios); la independencia de la producción editorial; el establecimiento de métodos de verificación, y el respeto a las reglas deontológicas. Con base en estos referentes, las redacciones podrían solicitar certificaciones con las que se reconozcan las garantías ofrecidas. Así, bajo el principio de la lista blanca (white listing), se distinguirían positivamente, en diferentes grados, las estructuras que respetan las buenas prácticas. El respeto de las normas podría ofrecer ventajas concretas, como una especie de etiqueta de calidad, la asignación de una parte del maná de la publicidad o una mejor indexación por los algoritmos, garantía de visibilidad y, dado el caso, de rentabilidad.

Neutralidad, independencia y rigor

Pero, ¿por qué las empresas del Silicon Valley seguirían estos criterios si no están dispuestas a aceptar una mirada exterior sobre sus productos? Cada vez más, los Estados buscan “responsabilizar” a las plataformas informativas en la lucha contra las noticias falsas (fake news). Cualquiera que sea la legitimidad de las intenciones subyacentes, este enfoque es peligroso porque da derecho –e incluso permite pedir– a personas morales (las empresas que dirigen los motores de búsqueda y las redes sociales) a usar armas (la censura, la discriminación) que saben emplear, pero sin discernimiento. ¿Quién confiaría a un individuo que tiene los ojos vendados un arma de fuego para que dispare a presuntos ladrones?

Ninguna tecnología permite distinguir lo falso de lo verdadero; tampoco la honestidad y la deshonestidad cuando se trata de información. La idea de RSF consiste precisamente en proporcionar una herramienta basada en una verificación previa, neutral, independiente, que permita integrar criterios rigurosos en el funcionamiento algorítmico. Después podría pedirse a los Estados que inciten a las plataformas informativas a emplear las herramientas pertinentes. Para reflexionar sobre este proyecto, RSF reunió a decenas de medios de comunicación de diferentes nacionalidades, a organizaciones de editores, jefes de redacción, sindicatos de empleados, de anunciantes, etc. Estructuras que suelen oponerse pero que consideran que, dados los retos, es hora –sin negar las divergencias– de defender juntos un bien común: el periodismo, contrapoder y un “tercero de confianza” de las sociedades.

* Secretario General de Reporteros sin Fronteras (RSF)