Diputados y senadores del PRD presentaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Agua ponga un alto a la sobreexplotación de agua en todo el país, principalmente en la zona metropolitana del DF y en el estado de México.

Según datos del documento enviado a las comisiones de trabajo, en México a partir de los años 70 ha aumentando sustancialmente el número de acuíferos sobreexplotados; 32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 2001, 102 en 2003 y 104 en 2006.

Sin embargo, en 2007 se redujo el número a 101. De éstos se extrae 58% del agua subterránea para todos los usos.

“La Comisión Nacional del Agua ha detectado en el valle de México 3 mil 848 pozos que funcionan de manera clandestina, lo que representa el doble de las fuentes de abastecimiento que cuentan con la concesión correspondiente. Sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México operan de manera regular 3 mil 23 pozos”.

El punto de acuerdo firmado por los perredistas Silvano Aureoles, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez, advierte que hay grave sobreexplotación en la zona metropolitana del DF, Amecameca, Texcoco, Cuautitlán y Pachuca.

En el documento se establece que los integrantes del Proyecto Sierra Nevada ponen como ejemplo de lo que sucede con la extracción de agua el caso de la región de los volcanes.

“Actualmente se ha registrado que en la venta parcial de un pozo en realidad se duplica la explotación, ya que en la práctica no se vigila el volumen de agua de los dos pozos y se explota la misma cantidad de ambos. Por ejemplo, una concesión de 100 metros cúbicos de agua al año, se venden 50 metros cúbicos a una inmobiliaria y ambos pozos explotan 100 metros cúbicos cada uno, porque en la práctica no se pueden vigilar los volúmenes porque las declaraciones las hace el usuario y no la Conagua”.

Denunció que los académicos de la UAM se han encontrado con “obstrucciones a la hora de solicitar expedientes completos al registro público” de derechos del agua; y que cuando se denuncian, les contestan que no hay nada que hacer jurídicamente.