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SEGUNDA DE TRES PARTES

Cuando Octavio Sentíes, regente de lo que era el Departamento del Distrito Federal, felicitó a los integrantes de la comisión especial creada por el presidente Luis Echeverría para investigar las causas del choque del Metro, ocurrida el 20 de octubre de 1975, el futuro de un hombre común ya había sido decidido en una oficina de gobierno.

“El accidente se debió a una imprudencia y descuido del C. Carlos Fernández Sánchez, al conducir el convoy número 10 de la estación Chabacano a la de Viaducto, en la que embistió al tren número 08”.

Con “el mayor espíritu de objetividad y absoluta carencia de prejuicios y concepciones predeterminadas”, como el mismo regente dijo, el secretario de Gobierno capitalino, Octavio A. Hernández; el procurador capitalino, Horacio Castellanos Coutiño, y el director general del Metro, Jorge Espinosa Ulloa, dictaminaron que el accidente había sido responsabilidad exclusiva del conductor del convoy.

“El operador dejó indebidamente fuera de servicio el dispositivo de paro automático”, “No accionó debidamente los demás sistemas de frenado”, “Conducía sin prestar debida atención al frente”, “No acató instrucciones expresas”, “Avanzó por iniciativa propia desde Chabacano hasta Viaducto para evitar un reporte por retrasos”, “Franqueó diversos semáforos en rojo”, “Incrementó la velocidad del convoy”.

Eran casi las cuatro de la tarde del sábado 25 de octubre de 1975. Los funcionarios habían cumplido “a la brevedad posible” la orden expresa de Echeverría: “Precisar, lo más rápido que sea dable, las causas determinantes del siniestro y la posible responsabilidad que de él se derive”. Rapidez hubo.

Dos días después, según el oficio 20432 del Hospital de Concentración de los Servicios Médicos Penales en la Cárcel Preventiva del Distrito Federal, el conductor del Metro, con el número de expediente 11021/75, ingresó a la Sala Uno de los Servicios de Medicina Interna del penal de Lecumberri, con el diagnóstico de “politraumatismo”. Después pasó al Reclusorio Norte.

El juicio, consignado en el Juzgado 11 Penal, concluyó su primera etapa el 20 de agosto de 1977, cuando el juez Juan Verniz sentenció a 14 años de prisión y a pagar una multa de 12 millones 800 mil pesos por daños al conductor Fernández Sánchez. El expediente de 3 mil fojas no ha sido localizado al día de hoy. Se trató, en palabras del entonces joven abogado Jesús Zamora Pierce, de una acción política, un juicio sumario contra un hombre a quien nunca se le garantizó un acceso a la justicia.

“La comisión era a todas luces ilegal porque la Constitución señala que ningún tribunal especial puede juzgar a un ciudadano”, dijo el jurista, quien había tomado la defensa del conductor Fernández Sánchez.

“Al juez no le quedó otra alternativa que dar visos de legalidad a un dictamen presentado por la comisión presidencial. Ellos nombraron una comisión de peritos integrada por gente que no eran profesionales ni técnicos ni especialistas”, dijo a EL UNIVERSAL entonces.

En dos cuartillas elaboradas en las oficinas del regente, la comisión aclaró que todos los componentes estaban en perfectas condiciones y que cualquier posibilidad de un sabotaje había sido descartada. Ese mismo sábado, Sentíes abordó el Metro rodeado de fotógrafos, “para confirmar que es muy seguro”.

Un peritaje especial de 90 páginas, elaborado por un equipo encabezado por el entonces integrante de la Academia Nacional de Ingeniería, Marco Antonio Murray Lasso, encontró errores graves en el diseño de las señales luminosas de las vías, fallas en los sistemas de frenado, exceso de trenes en el servicio de la línea 2, así como deficiencias evidentes en los sistemas de radiocomunicación de trenes y mandos centrales.

“Las fallas enumeradas —expuso el equipo— únicamente pudieron tener como consecuencia un alcance de trenes, por el hecho de que fueron recurrentes”, pero el juez dijo que ese peritaje “no se podía tomar en cuenta”. Aunque se apeló, los tribunales decidieron ratificar la sentencia.

Los funcionarios de la comisión tuvieron destinos distintos: Octavio Hernández se retiró del servicio público y murió tiempo después; Horacio Castellanos fue senador, jurista de la Facultad de Derecho y hasta hace unos años magistrado del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. El director del Metro, Espinosa Ulloa, fue gobernador de Veracruz y también ha muerto.

Carlos Fernández estuvo recluido hasta mediados de los años 80, cuando salió “por buena conducta”. Eran las cosas que sucedían en el México de los años 70.